El 18 de octubre de 2021, la Comisión Episcopal de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, dirige un comunicado ante la detención de defensores de Derechos Humanos. La Comisión de Justicia y Paz ante los acontecimientos planteados, hace un llamado a las autoridades a garantizar los derechos de quienes están bajo su responsabilidad al encontrarse detenidos, y aboga por una salida segura a la problemática.
Por CEV
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“Los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades; protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor; e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad”
Como es del conocimiento público, los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, José Rafael Tarazona y Omar De Dios García, se encuentran detenidos desde el mes de julio pasado en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Han sido aprehendidos en el ejercicio de las labores de denuncia y promoción de derechos humanos como activistas en temas que resultan de particular sensibilidad.
La detención se produce precisamente en la sede del Ministerio Público cuando Javier Tarazana se encontraba denunciando actos de seguimiento y amedrentamiento por parte del mismo cuerpo de segundad del Estado que practicó estas detenciones.
Al respecto, resulta preocupante en sumo grado la realización de las detenciones, porque la aprehensión de ciudadanos fue:
1. Realizada sin orden judicial.
2. Fueron detenidas personas que se encontraban en la institución garante del respeto de sus derechos humanos.
3. Fueron detenidos por parte de funcionarios del mismo cuerpo de seguridad del Estado que estaban siendo denunciados.
4. Las detenciones se han practicado en contra de activistas que defienden derechos humanos y realizan acciones de denuncia.
Los distintos instrumentos de protección de los derechos humanos garantizan el debido proceso de las personas detenidas En particular, el deber de informar inmediatamente a la persona detenida, sus familiares y representantes, sobre los motivos y razones de la detonado De igual forma, se debe asegurar una defensa adecuada que permita que las personas acusadas tengan contacto regular con su representante legal y se involucren en la preparación de sus respectivas audiencias