“Hasta con El Ávila quieren acabar, basta”: con esta y otras frases reaccionaron los venezolanos en redes sociales segundos después de que Nicolás Maduro anunciara el miércoles que promulgará la constitución de “la primera ciudad comunal del país” en el Parque Nacional Waraira Repano.
Por Carolina Alcalde | VOA.
Muchos prefieren llamar a este sitio El Ávila, como se conoció originalmente.
Aunque no hay mayores detalles, el anuncio, que podría concretarse una vez sea promulgada la Ley de Ciudades Comunales que adelanta el Parlamento de mayoría chavista, tocó las fibras de aquellos que ven un “refugio para el alma” en la imponente formación montañosa que ha sido testigo del progresivo deterioro de Caracas.
Quienes con nostalgia a diario la evocan gracias a cuadros colgados en paredes de sus nuevos hogares en países a los que, forzados por la crisis, tuvieron que migrar, no fueron menos indiferentes al anuncio y manifestaron preocupación por un posible “ecocidio” en el principal pulmón vegetal de la capital.
¿Qué puede estar detrás?
El Ávila, protegido por la Ley de Parques Nacionales desde 1958, ha sido víctima de “una serie de agresiones” motivadas por “intereses económicos”, asegura a VOA Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), quien recuerda cómo se han promocionado competencias de ciclismo de alto nivel no permitidas, fiestas de elite, un teleférico de carga sin respetar evaluaciones de impacto ambiental y construcciones de lujo “no permisadas”.
“Tiene que ver con la restructuración económica en desarrollo en Venezuela, que está generando una serie de regulaciones ambientales para permitir un contexto favorable a los negocios particulares, lo que va a comprometer seriamente el destino de estas áreas protegidas”, afirma. A juicio de Teran, es necesario observar la situación “como un problema nacional y un asalto a territorios que no han sido devastados en el país”.
“Se trata de abrir nuevos nichos de negocios”, subraya, al reiterar que Venezuela se encuentra en una “crisis ambiental gravísima”.
En ese sentido, Gabriel Cabrera, coordinador del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la Región (CDDLatam) expone que se trata de una política que adelanta el gobierno de Maduro con las denominadas Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Cabrera rechaza las intenciones del gobierno de “ocupar” espacios y zonas protegidas por leyes venezolanas y, al igual que Teran, insiste en que es una situación que se repite en todo el país: Reserva Forestal del Imataca, Parque Nacional Caura en la amazonia venezolana, la Reserva de Cuare y el Arco Minero que representa el 12% del territorio nacional, son algunos de los casos que enumera.
“Se están haciendo incursiones sin la permisología correcta o violentando la legislatura venezolana, como es el caso también del Archipiélago de Los Roques, donde se están haciendo construcciones y no sabemos quién está otorgando esas concesiones”, agrega Cabrera.
Teran manifiesta preocupación respecto a la apertura a un “proceso de legitimación” de diversas construcciones que no están permitidas y que tienden a expandirse. Hace énfasis en las “regulaciones estrictas” que rodean la figura de un parque nacional.
Cabrera sostiene que Venezuela enfrenta una “grave crisis de deforestación”, consecuencia de que muchas comunidades no tienen acceso a gas domestico y “deforestan de forma indiscriminada” para elaborar sus alimentos.
“Esta deforestación en las filas de las montañas es lo que está causando que haya más erosión y que se propicie deslaves que ponen en peligro a comunidades y ciudades enteras”, afirma.
Rafael Uzcátegui, coordinador de la organización defensora de Derechos Humanos, Provea, advirtió que la decisión vulnera la división político-territorial contemplada en la Constitución.
“Las autoridades de las ciudades comunales van a asumir competencias y recursos que hoy corresponderían a gobernaciones y alcaldías y, finalmente alertamos los riesgos que existen de que estas autoridades no electas por el voto popular asumieran funciones como, por ejemplo, la de la seguridad ciudadana”, manifestó.
Distintos sectores han advertido que tanto la Ley de Zonas Económicas Especiales como la Ley de Ciudades Comunales, resultan una “aberración jurídica” que buscaría, según dicen, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales.
Según Maduro, la Ley de ZEE pretende generar “riquezas y nuevas fuentes de desarrollo” para el país.
El proyecto de Ley Orgánica, define a las ZEE como “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras a partir de estímulos económicos (fiscales, financieros y aduanales), confianza seguridad jurídica y políticas económicas coherentes, todo lo cual exige un solido marco legal e instituciones eficientes, libres de burocratismo”.