Según las estadísticas del Comité de Afectados por Apagones, hasta julio de 2021 se registraron 96.291 apagones en todo el país, lo que significa que prácticamente se duplicó la cantidad de fallas eléctricas con respecto al periodo enero-julio de 2020 cuando ocurrieron 48.659 apagones. El estado Zulia sigue siendo una de las entidades más afectadas, seguido por Táchira, Mérida, Portuguesa y Apure.
Por Corresponsalía lapatilla.com
La situación no es nueva. Los venezolanos tienen más de 6 años padeciendo fallas recurrentes y prolongadas del servicio eléctrico. Durante este tiempo, las acusaciones y detenciones también han sido frecuentes, porque el “sabotaje” ha sido el argumento esgrimido por el régimen chavista ante su incapacidad para resolver los problemas del sistema eléctrico nacional. En varias ocasiones, hasta las iguanas, los zamuros y los rabipelados han sido acusados por los apagones.
En 2019, Venezuela vivió un apagón nacional que afectó a casi todos los estados del país y que en varias entidades se extendió por casi una semana. En ese momento, el régimen chavista encabezado por Nicolás Maduro, aseguró que la falla se debió a un “ataque electromagnético” en la sala de control de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como Guri, en el estado Bolívar.
Pero la militarización en las centrales hidroeléctricas ya venía desde 2013, tras una orden de Maduro. No era la primera vez que algo así ocurría. En 2011, el entonces presidente Hugo Chávez Frías decretó la denominada “emergencia eléctrica”, debido a que el país ya había padecido en forma recurrente la interrupción del servicio eléctrico.
A la fecha, las centrales siguen militarizadas. En el caso del Guri, existe un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) dentro de las instalaciones, pero también cuentan con la presencia de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para “velar por el funcionamiento y la seguridad de la central”, mencionó un funcionario.
Derechos violados
El 14 de diciembre de 2010 entró en vigencia la Ley Eléctrica, donde se establece que la electricidad es un derecho humano. Este ha sido vulnerado por el régimen chavista, lo que lamentablemente se ha visto reflejado en la pérdida de vidas humanas.
Basta recordar que en 2015 hubo una falla prolongada de electricidad en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui, situación que generó una emergencia en la que fallecieron siete bebés prematuros. Otro caso similar ocurrió tres años después en el estado Bolívar, específicamente en el Pediátrico Menca De Leoni. El apagón duró cerca de cuatro horas, provocando fallas en las presiones del aire comprimido y del oxígeno. La planta eléctrica tampoco funcionó y ese día murieron seis recién nacidos.
Aunado a eso, las deplorables condiciones en las que laboran los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que agrupa a todas las empresas de electricidad de Venezuela, es otro factor que influye en el funcionamiento del sistema eléctrico. Los empleados de Corpoelec no firman un contrato colectivo desde 2012. En ese entonces, percibían entre 10 y 12 salarios mínimos, pero con la devaluación del bolívar y la hiperinflación, su sueldo, el seguro médico y otros beneficios laborales, han decaído.
Sistema precario
El equipo de LaPatilla conversó con José Aguilar, ingeniero especialista en sistemas energéticos, quien explicó que las recurrentes fallas en el servicio se debe a varios componentes relacionados con la infraestructura del Sistema Eléctrico Venezolano (SEV), que va desde la generación, transmisión y distribución de la electricidad, hasta la atención y el servicio a los clientes. Precisó que es un grave cúmulo de varios factores que atentan contra la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico a la sociedad venezolana.
“Los mantenimientos vencidos, obsolescencia, hurto, vandalismo, corrupción, opacidad, carencia de capacidad de ejecución (logística adecuada en calidad y celeridad requeridas para la cantidad de desafíos y retos), mala administración y un ecosistema del talento humano no favorable al éxito”, precisó Aguilar.
Destacó que se han realizado algunos esfuerzos, pero muy lentos para las apremiantes necesidades, y los resultados no son satisfactorios. “Por ejemplo, se han recuperado algunas unidades de generación, bajo prácticas turbias y triangulaciones, en algunas regiones del país, pero no todas se pueden decir que han sido exitosas”. Aguilar cuestionó que mientras se recupera cierta cantidad de megavatios, por otro lado se pierde el doble de lo que medio se recupera.
La percepción del experto es que “por muchos años ha habido una deficiente generación térmica (propulsada por gas natural, gasoil y fueloil) para acompañar a la generación hidroeléctrica de las regiones Guayana y los Andes. La improvisación es lo que ha imperado en la expansión de capacidad térmica que, por cierto, ha sido la más desordenada e inconveniente en la historia eléctrica de Venezuela, que ya tiene 133 años. La corrupción ha sido descomunal. Venezuela tiene de lejos los megavatios termoeléctricos más costosos del mundo. Paradójicamente en lo que más dinero se ha malgastado, es lo que en peor estado se encuentra”.
Estados más afectados
Ante la interrogante de por qué en unos estados son más recurrentes o graves los problemas en el suministro eléctrico, el especialista respondió que “la calma que se percibe en algunas regiones del país con respecto a la confiabilidad del suministro eléctrico es variable. En la región Guayana, por estar cerca al mayor polo de generación nacional de electricidad, es medio aceptable el servicio, pero no por eso está exenta de que le ocurran problemas”.
Aguilar explica que al cruzar el río Orinoco, los sistemas de transmisión hacia las regiones de Oriente, Insular, Central, Capital, Centro Occidental, Llanera, Occidental y los Andes, el servicio va desmejorando en continuidad y calidad. A mayor distancia del polo de producción de Guayana, peor es la situación. Por eso estados como Zulia o Táchira, ubicados al extremo occidente de Venezuela, han sido tan golpeados por los apagones.
Insiste el ingeniero que los problemas en el sistema eléctrico nacional son tan graves, que ya ni siquiera Caracas se salva de las fallas, cuando siempre ha sido consentida a través de un perverso ‘apartheid eléctrico’ contra la provincia. Y el querer preservar como sea estos “privilegios” para la capital del país, daña más la infraestructura que queda.
A pesar de que el panorama pareciera incierto, el experto recalca que sí hay una solución. “Meritocracia, planificación, honradez extrema, ética, transparencia y disciplina constante en el seguimiento a la ejecución de todas las tareas requeridas, son los principales pilares para poder alcanzar la excelencia operacional y dar un servicio a los clientes acorde con una sociedad moderna y hacer que el sistema eléctrico venezolano sirva de gran palanca para la recuperación económica y la restauración de la calidad de vida de toda la sociedad venezolana”, señala Aguilar.
Asevera que el sistema eléctrico nacional es la piedra angular de la recuperación de toda la cadena de productividad, seguridad social y de servicios vitales para el país, desde el alumbrado público, agua, transporte, petróleo, gas, telecomunicaciones y sistema financiero.
Romper las malas prácticas
“Tiene que haber una ruptura con todas las malas prácticas que nos han traído hasta aquí. No hay margen para el ensayo y error. La gobernabilidad de una nueva administración pública estaría en riesgo y con ello, los legítimos anhelos, reclamos de justicia, prosperidad y trabajo digno para todos los venezolanos”, destaca Aguilar.
La actividad eléctrica es un derecho de todos los venezolanos, pero también es un negocio para las empresas que incursionan en este sector. Esto significa que es necesario tener tarifas cónsonas por los enormes recursos que deben invertirse, pagarse a los acreedores, sueldos decentes a sus trabajadores y dar un retorno a los inversionistas para darle sostenibilidad en el tiempo. “El que la electricidad no se cobre o se robe es un crimen, y a la vista está que lo ‘barato o gratis’ bien caro que le ha salido a toda la nación”, advierte el ingeniero.
José Aguilar junto con otros colaboradores expertos en el tema eléctrico, diseñaron un plan para el gobierno interino de Juan Guaidó llamado “Venezuelan Electrical System Recovery Plan” (VESRP por sus siglas en Inglés) que se está trabajando con las mejores empresas a nivel mundial relacionadas con electricidad y energía. También involucra a entes financieros internacionales. Se trata de un plan de 3 a 5 años que, dependiendo de los recursos disponibles inicialmente, puede acabar con las interrupciones eléctricas y la situación deficitaria en el primer año de su ejecución. El resto del tiempo sería invertido en la creciente consolidación de la confiabilidad del servicio y el retorno del valor económico de la infraestructura.
“Con este plan se hace un juicioso uso de los recursos financieros y concatena todas las actividades de una manera racional y eficaz para cumplir con las metas trazadas, entre las cuales destacan la excelencia operacional, el cumplimiento con los compromisos financieros, dar calidad y continuidad de servicio, pagar sueldos decentes a sus trabajadores, empoderando sus talentos”. La intención es que el sistema eléctrico venezolano sea un sector capaz de atraer, desarrollar y retener al mejor talento humano, generando una de las mejores tarifas eléctricas del continente y sea la atracción de nuevas inversiones para el país. “En síntesis, se le haría justicia a la máxima de que un negocio bien administrado, da resultados”, concluyó el especialista.