Parte de la crisis ambiental del país pasa por el deterioro de instituciones como el Instituto Nacional de Parques (Inparques), ente encargado de la preservación de más del 20% del territorio nacional, que son áreas protegidas. En el caso de Mérida, la ocupación de estas zonas protegidas es de un 47% de su territorio.
El patrimonio natural de los venezolanos está radicado en las áreas del Sistema de Parques Nacionales y Monumentos Naturales (SPNMN), integrado por 45 parques nacionales y 36 monumento naturales. El estado actual de estos ecosistemas es incierto, ya que su cuidado y preservación ha quedado en el olvido.
Mérida cuenta con cuatro parques nacionales: el parque Sierra Nevada, el Sierra de La Culata, Páramos Batallón, y La Negra y Tapo Caparo. De estos, Sierra Nevada y Sierra de La Culata están adscritos a la dirección regional Mérida.
Elides Sulbarán, profesor de la Universidad de Los Andes y funcionario jubilado de Inparques, explicó que en el caso de Sierra Nevada y Sierra de La Culata, la última evaluación general de las áreas se hizo en 2011, cuando se revisó y actualizó los planes de ordenamiento y reglamentos de uso, vigentes desde la década de los 90.
En esos años, estas áreas guardaban sus condiciones naturales bien conservadas, lo que dio lugar a cambios de zonificación a categorías más restrictivas en algunos sectores. Sin embargo, había lugares conflictivos, especialmente por la ampliación de la frontera agrícola.
El profesor destacó que 10 años después, no ha habido otro proceso general de evaluación. El estado de merma continúa en las capacidades de Inparques para cumplir con sus funciones, derivada de una precaria asignación de recursos, aunada a la contraproducente gestión de sus autoridades, que operan en sentido contrario a la misión institucional. Esto hace presumir que los parques nacionales de la entidad andina son víctimas del deterioro ambiental generalizado que afecta al país.
Para explicar el panorama, Sulbarán señaló que hay algunos casos emblemáticos que llaman la atención como los relacionados al Parque Nacional Sierra de La Culata, el cual surte de agua potable a más del 50% de la población del estado Mérida.
Desde la Sierra de La Culata drenan cuencas emblemáticas que surten de agua a varios municipios de Mérida y otros estados: Mucujún (Área Metropolitana de Mérida), Torondoy (Acueducto Triestatal que surte poblaciones de Mérida, Trujillo y Zulia en el Sur del Lago), Mucujepe (El Vigía), Motatán (Valera) y Las González (Lagunillas, San Juan y unas 25 comunidades en el municipio Campo Elías).
La relevancia de estas cuencas se incrementa dado el hecho de que son insustituibles, valga decir, no existen cuencas alternativas en caso de que las mismas sean afectadas por impactos ambientales rotundos con la consecuente merma de caudales y, por ende, la pérdida del servicio acuífero.
Peligra el acceso al agua
Los desajustes, la falta de controles, los abusos de autoridad y tal vez el desconocimiento, están poniendo en riesgo el acceso al recurso hídrico que surte comunidades merideñas, quienes ya están sintiendo el peso de estas acciones.
En el caso particular de Las González, sobre su territorio se solapan dos Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) como son el Parque Nacional Sierra de La Culata y la Zona Protectora de la Cuenca de Las González. La cuenca alta, ubicada a 2.800 metros sobre el nivel del mar, está ocupada por una comunidad de unas 30 familias de agricultores asentados allí desde hace unos 80 años.
Según el plan de ordenamiento y reglamento de uso del parque nacional, le asigna una categoría en la que la presencia de pobladores tradicionales está garantizada, siempre que sus actividades se desarrollen con criterios de sustentabilidad ambiental.
Sulbarán afirmó que en el pasado reciente han ocurrido hechos que permiten afirmar que la capacidad de la cuenca para seguir brindando el servicio ambiental que se le ha asignado, en beneficio de unos 50 mil pobladores de los municipios Sucre y Campo Elías, está gravemente comprometido.
“Se han drenado pantanos y turberas para destinarlo a cultivos, se ha permitido el establecimiento de familias provenientes de otras regiones y, más grave aún, es la asignación de una máquina por la alcaldía de Campo Elías para obras de vialidad, sin proyecto ni aprobación administrativa por Inparques, lo que representaría el fomento a la ocupación y la ampliación de actividades agropecuarias, además de ser una infracción a las normas técnicas y, probablemente, un delito”, destacó el catedrático.
En esta situación, al parecer, se conjugan diferentes aspectos como que Inparques carece de recursos para que haya presencia permanente. No existe un puesto de guardaparque en esa sección del área protegida. La presencia de foráneos puede propiciar el cambio en los modos de producción resultando en ampliación de la frontera agrícola e intensificación de las actividades, y la autoridad municipal irresponsablemente propicia estos procesos. Como resultado, el caudal de agua disponible merma en cantidad y calidad, en perjuicio grave de un gran número de usuarios que no cuentan con fuentes alternativas.
Letra muerta
De la misma manera, el investigador indicó que ha habido casos en los que Inparques adelantó procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones a las normas técnicas que rigen la gestión de conservación de parques nacionales y “duermen el sueño de los justos” en Caracas. También hay casos resueltos con sanciones destinadas a la eliminación de las fuentes de impacto ambiental y recuperación de áreas afectadas, pero no se hacen cumplir.
“Es común conocer de afectaciones contra los valores naturales en áreas de páramo de los parques nacionales Sierra Nevada y Páramos Batallón y La Negra, sin que se asuman las medidas legales para paralizarlas, impedir su continuación y sancionar a los responsables”, expuso.
Para Sulbarán es triste y preocupante saber que en todos estos parques nacionales hay sectores que no han sido objeto de acciones de guardería en los últimos años, valga decir, recorridos de inspección, por carecerse de recursos para la logística y falta de personal, por lo que se desconoce su situación actual. Tal es el caso de la vertiente sur del Parque Nacional Sierra Nevada (piedemonte andino barinés), algunos sectores de la vertiente norte del Parque Nacional Sierra de La Culata (Sur del Lago de Maracaibo) y en los Páramos Batallón y La Negra (páramo de Mariño y páramo de La Negra).
La situación en el Parque Nacional Tapo Caparo no difiere mucho del resto, solo que es agravada, porque desde su creación, la gestión ha sido precaria, debido a la falta de recursos y a la falta de concreción del respectivo Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de estos espacios.
¿Recursos humanos?
La falta de arraigo institucional de directivos, la mengua de recursos y los problemas de personal son parte del problema, ante la falta de acciones que contribuyan al resguardo y protección de estas áreas ambientales.
El Servicio de Parques Nacionales desde sus inicios (1958) funcionaba como una escuela: cada generación de funcionarios (técnicos-profesionales y guardaparques) asumía como tarea la formación de los nuevos ingresos, quienes serían su generación de relevo.
Del mismo modo, la institución promovía cursos y talleres internos, así como la participación de sus trabajadores en congresos o en cursos y talleres de capacitación, mejoramiento y actualización profesional.
Desde hace unos 10 años, la situación es otra: los funcionarios de trayectoria son jubilados, algunos prematuramente y contra su voluntad, lo que rompe con la “escuela” tradicional. En cuanto a las formaciones y actualización, cualquier iniciativa en este sentido, promovida por los trabajadores, es desestimada o bloqueada por las autoridades.
Durante los últimos 4 años, por decisión del ente central, se ha emprendido en Inparques la masificación del ingreso de guardaparques y bomberos. En el caso de los Guardaparques, se les da un “curso intensivo” de una semana sobre su trabajo, lo que implica que el personal de campo no sabe la naturaleza, responsabilidad y compromiso del mismo, así como desconoce, incluso, nociones básicas de seguridad personal.
Según el investigador, las condiciones de este importante personal para el cuidado de los espacios ambientales, son realmente muy precarias. Años atrás se regían por la Ley del Trabajo, con un contrato colectivo que les garantizaba los correspondientes derechos, pero el actual ministro de Ecosocialismo y presidente de Inparques, Josué Lorca, les obligó a renunciar a esta condición y pasar a formar parte del Cuerpo Civil de Guardaparques, que se rige por el Estatuto de la Función Pública.
De esta forma, han perdido sus beneficios laborales y hoy trabajan en condiciones miserables, sin dotaciones de uniformes ni equipos, sin percibir bonificaciones por trabajo nocturno ni de fines de semana, pernoctando en puestos que, por falta de mantenimiento, están en estado ruinoso en buena parte, cocinando con leña, sin transporte institucional que les lleve a sus sitios de trabajo, pagando transporte público cuyo costo supera la remuneración que perciben.
La meritocracia también se “fue de vacaciones” en esta instancia. Los jefes del Cuerpo Civil de Guardaparques son escogidos por su incondicionalidad política y, al parecer, pretendiendo instaurar un régimen militarista fuera de lugar entre civiles.
Para Elides Sulbarán, Inparques se ha convertido en una especie de trapiche de moler seres humanos, porque el ingreso masivo de guardaparques, en reiteradas convocatorias, ocurre sincrónicamente con el abandono igualmente masivo de los cargos por quienes habían ingresado en convocatorias anteriores, ante las condiciones leoninas de trabajo a las que son sometidos.
“Si los guardaparques reclaman esta situación o faltan a labores por carecer de dinero para pagar transporte, se les suspende el pago y acceso a bolsas de comida, sin que medie un procedimiento administrativo previo ni la correspondiente notificación, violando así el derecho al debido proceso, de rango constitucional”, denunció.
Desmantelamiento y destrucción
Se suma al proceso de desmantelamiento de la gestión ambiental en Venezuela, la merma sistemática de recursos para sostener la gestión. En el caso de Inparques, bajo cuya jurisdicción administrativa se encuentra más del 20% del territorio nacional, es víctima de esta situación, por lo que la flota de vehículos no ha sido renovada, tampoco las dotaciones de equipos de campo y oficina, ni las dotaciones de uniformes y otros enseres a los guardaparques.
La situación de carencia no es desconocida por el régimen. En septiembre de 2014, Maduro asignó a Elías Jaua una importante cantidad de dinero para dotar al instituto, de esos recursos, solo se conoció el anuncio, pero nunca se materializó en vehículos, equipos, mantenimientos.
La gestión de conservación de los Parques Nacionales y Monumentos Naturales evolucionó de manera sostenida hasta mediados de la década de 1990. En la actualidad, es evidente la desnaturalización de las acciones oficiales sobre los mismos. Existe minería en Canaima; Venezolana de Teleféricos (VENTEL) invadiendo Galipán y permiten circulación de bicicletas por senderos peatonales en El Ávila; desarrollos urbanísticos en los Médanos de Coro; proliferación de construcciones contrarias a las normas en Los Roques; desarrollos agrícolas y urbanísticos en diferentes áreas del Sistema de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Situaciones como estas vienen proliferando, a diferente escala, en la mayoría de estas áreas.
Mientras tanto el Estado ha decidido volver su mirada y acelerar con ello la destrucción de áreas vitales para la sobrevivencia de cientos de especies albergadas en esos espacios naturales, lo que también afectará la vida de las personas.