El presidente nicaragüense Daniel Ortega ha reorganizado sus autoridades energéticas en un aparente intento de minimizar el impacto de las nuevas sanciones selectivas de Estados Unidos en vísperas del lanzamiento de un proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) por parte de la firma estadounidense New Fortress Energy, informa Argus Media
lapatilla.com
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos amplió una lista de funcionarios nicaragüenses objetivo el 15 de noviembre en respuesta a las elecciones del 7 de noviembre en el país, ampliamente consideradas fraudulentas.
Entre los funcionarios recientemente sancionados se encuentra el ministro de Energía, Salvador Mansell, cuyas responsabilidades han sido reasignadas a la recientemente designada viceministra de Energía, Estela María Martínez, según un comunicado del gobierno del 19 de noviembre.
Ortega también nombró a Martínez como presidente del regulador eléctrico INE, en reemplazo del sancionado Antonio Castañeda, y también como presidente de la empresa estatal de transmisión Enetrel.
Pero otros funcionarios sancionados permanecerán en el gabinete de Ortega, lo que podría complicar las negociaciones con inversionistas extranjeros. Una figura clave aquí es Francisco Gutiérrez, gerente de las distribuidoras eléctricas estatales Disnorte y Dissur Rodolfo.
Las empresas distribuidoras tienen un acuerdo para comprar energía a New Fortress Energy, que ha desarrollado un proyecto de GNL a USD 700 millones en la costa del Pacífico de Nicaragua.
New Fortress, con sede en Nueva York, no ha respondido a las repetidas solicitudes de comentarios de Argus .
El proyecto de 25 años, cuya fecha de inicio se ha retrasado varias veces, incluye la entrega de 420.000 t / año de GNL, un buque de recepción y almacenamiento de GNL en alta mar de 138.000 m3 y una nueva planta de energía a gas de 300MW.
“Estamos completando la construcción de terminales y plantas de energía en el cuarto trimestre de 2021, y esperamos comenzar la puesta en servicio de nuestra planta de energía en el primer trimestre de 2022”, dijo la compañía el 2 de noviembre.
Refiriéndose a sanciones previas a funcionarios y entidades nicaragüenses, la compañía podría enfrentar “una serie de problemas” si alguno de sus socios locales queda sujeto a sanciones, dijo la compañía en su informe del 6 de agosto del segundo trimestre de 2021 a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Las sanciones a las entidades con las que está trabajando podrían incluir “tener que suspender nuestro desarrollo u operaciones de manera temporal o permanente, no poder recuperar el tiempo y capital invertidos previamente o estar sujeto a demandas, investigaciones o procedimientos regulatorios”, dijo.
Nicaragua dijo el 15 de noviembre que se retiraba de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que el organismo con sede en Washington criticara las elecciones.
Las elecciones realizadas “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen ninguna legitimidad democrática”, dijo la OEA.