La guerra cultural que se libra hoy en Estados Unidos tiene un nuevo frente: las juntas escolares de los colegios públicos. Son reuniones en las que un puñado de vecinos de un distrito discuten asuntos como el salario de los profesores o los servicios de aseo. Hace un año que, en distintos rincones del país, se han convertido en el escenario de protestas, a veces violentas, lideradas por padres en contra de la “agenda política tóxica” que incluye el uso obligatorio de la mascarilla en las aulas, los nuevos enfoques de equidad racial en la enseñanza o las políticas para integrar a las personas transgénero.
Por Antonia Laborde / El País
Varios miembros de juntas escolares han recibido en los últimos meses amenazas de muerte, de violación, insultos y acoso dentro y fuera de las sesiones escolares que, desde octubre, son monitorizadas por agentes de seguridad por orden del Departamento de Justicia. Entre los propios miembros de las juntas se han producido bandos y es común ver a la mitad llevando mascarilla y a la otra no, para dejar claro a cuál pertenecen. Es tal el nivel de politización del debate que grupos conservadores y progresistas han desembolsado grandes sumas de dinero en las contiendas de las juntas para asegurar que su posición consiga la mayor representatividad posible.
En este insólito escenario, varios políticos de derechas se han apropiado del mensaje de los “derechos de los padres” para sacar rédito electoral. Hace apenas unas semanas el republicano Glenn Youngkin se alzó como gobernador de Virginia agitando la bandera del “adoctrinamiento izquierdista” en las aulas. Fue la primera vez en 12 años que los demócratas perdían en un Estado que había resultado decisivo en el triunfo de un presidente de su partido. Los republicanos han descubierto una grieta que cruza todo el mapa nacional para conquistar el voto de los padres indignados de cara a las elecciones legislativas del próximo noviembre, cuando los conservadores intentarán recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado.
El día en que el ingeniero y profesor universitario Sami Al-Abdrabbuh salió reelecto como miembro de la junta escolar de Corvallis (Oregón), en mayo, un individuo se acercó hasta su barrio para advertir a sus vecinos de que lo iba a asesinar. Ese mismo día, apareció un cartel de campaña del candidato perforado por varias balas en un campo de tiro. “Eso me perturbó”, comenta por teléfono Al-Abdrabbuh. El profesor acudió a la policía y cambió su rutina de regreso a casa por miedo. Después de contar su historia a The New York Times, donde explicaba cuánto le gustaba ser parte de la comunidad escolar, pero que no quería “morir por ello”, el acoso aumentó y decidió instalar cámaras de seguridad fuera de su casa. Hay padres que también aseguran haber recibido amenazas de muerte, aunque son un grupo minoritario en este complejo panorama.
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