La decisión exprés del TSJ en el caso Barinas, por encima del CNE y varios retrasos judiciales

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maikel Moreno ordenó el lunes en la noche repetir el 9 de enero el proceso electoral en Barinas, que luego de 9 días de las megaelecciones regionales en Venezuela, permanece sin resultados definitivos para el cargo de gobernador.

La Patilla

El pequeño margen entre los números obtenidos por el chavista Argenis Chávez y el opositor Freddy Superlano, estaba a la espera de ser resuelto con la llegada de tres actas faltantes a la Junta Nacional Electoral, que estaban en manos del Plan República. La totalización pautada para el lunes finalmente fue suspendida por exigencia del máximo tribunal.

Adolfo Superlano, también candidato a la gobernación por Alianza Democrática, coalición que agrupa a las tarjetas de los partidos opositores que han sido intervenidos por el TSJ, introdujo un recurso contra el abanderado por la MUD, que fue aceptado por el tribunal por supuestas investigaciones penales y administrativas en curso.

La actuación del TSJ no solo resulta destacable por su celeridad, sino también por el atropello que representa contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su nueva directiva, encabezada por Pedro Calzadilla, del ala chavista, Enrique Márquez y Roberto Picón, expreso político. La confianza en la que habían estado trabajando los nuevos rectores y la respuesta que prometían a la población venezolana fue descartada con la firma principal de la magistrada Indira Alfonzo, presidenta de la Sala Electoral del TSJ.

Esta misma Sala, además, presenta retrasos en otras decisiones como la demanda de impugnación de resultados en el estado Bolívar en 2017, introducida por el excandidato Andrés Velásquez, o el caso Amazonas en 2016, cuando fueron desincorporados los tres parlamentarios electos en Amazonas, con los que la oposición alcanzaba la mayoría calificada en la Asamblea Nacional electa en 2015, con 113 diputados en su bancada.

Las irregularidades en la elección en Amazonas no fueron solventadas por el TSJ, que se jactaba de haber “respetado los lapsos legales en la impugnación”, y aún 7 meses después no ofrecían respuesta.

Fue entonces cuando la directiva del Parlamento, presidida por Henry Ramos Allup, decidió incorporar nuevamente a los tres diputados indígenas, entre ellos Romel Guzamana, quien aseguró en aquel momento que la sentencia del TSJ no les quitaría el poder que les otorgó el pueblo de Amazonas.

Cumpliendo su amenaza, el TSJ, luego de esta decisión de la AN con mayoría opositora, le declaró en desacato. A partir de allí, los acuerdos aprobados fueron desestimados en todos los niveles, mientras la solicitud inicial sobre Amazonas continuaba sin resolución.

Otra curiosidad dentro de la medida del TSJ, comparada con la falta de toma de decisión en otros hechos similares, es la intervención del Plan República en el proceso. En ambos casos, Bolívar y Barinas, los efectivos militares se atribuyeron la responsabilidad de “resguardar” las actas que confirmaban al ganador, con la intención aparente de que fuese el TSJ quien tomara las riendas en un procedimiento en el que el CNE debía ser el protagonista.

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En la decisión exprés para el caso Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez y por ende un bastión del chavismo, que el mismo Diosdado Cabello aseguró que no estarían dispuestos a perder, el TSJ expresó que Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular, no podría participar nuevamente por una supuesta inhabilitación pese a que su candidatura fue aceptada en primera instancia por el CNE.

La Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (MOE-UE), de regreso en Venezuela luego de 15 años para el monitoreo de las elecciones, incluyendo lo ocurrido en Barinas, fue criticada por Nicolás Maduro pocos días después de la presentación de su informe preliminar en el que enumeraba las fallas de lo que había sido presentado como “el CNE más confiable en 20 años”, y el abuso del chavismo desde el Estado.