La piratería, una de las actividades ilícitas más frecuentes siglos atrás, vuelve a presentarse como una de las principales amenazas en los océanos de todo el mundo a través de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Las consecuencias son alarmantes: además del daño al ecosistema, las pérdidas económicas se cuentan por miles de millones, y se producen diversas violaciones a los derechos humanos producto de esta actividad criminal.
Por infobae.com
Según The Economist, la pesca ilegal representa entre el 20 y el 50% de las capturas a nivel mundial, siendo las ricas aguas de los océanos Índico y Pacífico las más afectadas.
Esta actividad ilícita se desarrolla a partir de un amplio abanico de acciones. “La pesca INDNR existe en todos los tipos y dimensiones de la pesca, ocurre tanto en alta mar como en zonas bajo jurisdicción nacional, afecta a todos los aspectos y etapas de la captura y utilización del pescado y, en ocasiones, puede estar asociada con la delincuencia organizada”, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
El organismo detalla que, en ocasiones, la pesca ilegal es realizada “por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin el permiso de éste o contraviniendo su legislación”. En ese sentido, China representa el mayor depredador a nivel mundial. En los últimos tiempos encendió las alarmas del continente americano, donde países como Ecuador, Perú, Chile y Argentina, entre otros, vieron crecer la amenaza de los buques pesqueros del régimen chino.
Estados Unidos, que ha expresado su preocupación “por las prácticas pesqueras de China”, afirmó en noviembre de este año que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ha sustituido a la piratería como principal amenaza para la seguridad marítima mundial”.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) afirma que los países son responsables de sus barcos y de asegurarse de que cumplan las leyes nacionales e internacionales. También conocida como la “Constitución del Mar”, establece la jurisdicción de las naciones sobre sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), que se extienden hasta 200 millas (321 kilómetros) desde tierra firme. Dentro de ese espacio, sólo los Estados pueden administrar y explotar legítimamente los recursos naturales a través de empresas locales o concediendo licencias a agentes extranjeros.
La FAO sostiene que la pesca ilegal “socava los esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, como consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de responsabilidad”. Asimismo, “representa una gran desventaja y discriminación para los pescadores que actúan con responsabilidad, honestidad y de conformidad con las condiciones de sus autorizaciones de pesca”.
Esto hace que esta actividad criminal sea la principal causa de la caída en picada de las poblaciones de peces: sólo una quinta parte de las especies comerciales se pescan de forma sostenible.
Además, las pérdidas económicas son cada vez más preocupantes. La piratería roba a los estados costeros más de 20.000 millones de dólares al año, perjudicando el sustento de millones de pescadores legales. Esa cifra representa una pérdida de hasta 26 millones de toneladas anuales de pescado.
Por su parte, los operadores de la pesca ilegal también están implicados en otros delitos, como el cercenamiento de las aletas de los tiburones hasta el tráfico de drogas. Los tiburones y sus aletas son apetecidos en los mercados asiáticos. Una sopa de aleta de tiburón puede costar entre USD 100 y USD 200. De ahí que esta especie también es capturada por los pesqueros.
Según un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2011, las flotas de aguas lejanas a menudo dependen del trabajo forzado y los buques pesqueros se utilizan como barcos nodriza para el contrabando de drogas y armas.
The Economist señala que decenas de miles de tripulantes del sudeste asiático y de África trabajan en condiciones infrahumanas por deudas con taiwaneses, chinos “y otros operadores sin escrúpulos de grandes flotas”.
En el Pacífico, los observadores de pesca que controlan a bordo a estas organizaciones criminales “son asesinados de forma rutinaria”.
Otro de los múltiples efectos de la pesca ilegal es la conocida como “pesca fantasma” que, según la ONU, se da “cuando los aparejos de pesca perdidos o abandonados permanecen en el océano y atrapan peces u otra vida marina, matando indiscriminadamente todo lo que capturan”. “La matanza de peces y otras especies, como ballenas, delfines, focas y tortugas algunas de las cuales están en peligro de extinción, es uno de los muchos impactos devastadores de estos aparejos desechados o abandonados pero que mantiene su capacidad de atrapar a los animales marinos”.
La inmensidad del océano hace que sea muy difícil aplicar un efectivo control sobre la pesca ilegal. Mientras algunos países no cuentan con recursos suficientes de patrullas marítimas, muchos otros también carecen de normativas o eficientes inspecciones en los puertos.
Pese a este panorama de creciente preocupación, para The Economist el año 2022 marcará un punto de inflexión a raíz del acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para obligar a los países a poner fin a la mayor parte de las subvenciones perjudiciales para sus pesquerías. Un acuerdo que demandó de casi 20 años de negociaciones entre los estados.
Incluso China, que durante mucho se mostró reacia a esta iniciativa, se vio obligada a ceder ante la presión internacional.
Enric Sala, explorador de The National Geographic, advirtió que la supresión de las subvenciones al combustible y a otros productos podría acabar con la mitad de la pesca de altura. “Eso incluiría la devastadora pesca de arrastre de fondo de China en la costa occidental de África”, considerada como “el agujero negro de los mares”.
El especialista explicó que esas subvenciones pueden ser reorientadas hacia la protección de las poblaciones de peces y los medios de subsistencia, y, de esa manera, que el 2022 sea el año “en que empecemos a reponer el océano en lugar de vaciarlo”.
Otra señal de esperanza es la creciente presión de la comunidad internacional para proteger y conservar el 30% de los océanos para 2030.
Respecto a la difícil tarea de control y patrullaje, Mark Zimring, de The Nature Conservancy, destacó la importancia de la tecnología avanzada, que permite un mejor seguimiento de las flotas pesqueras. Según detalló, a través de imágenes satelitales cada vez más desarrolladas se podrá identificar con mayor facilidad las “flotas oscuras”. Además, se refirió a la supervisión electrónica de las capturas a bordo mediante “big data”.
La publicación británica adelantó que a partir del próximo año también se arrojará más luz sobre “las turbias” cadenas de suministro mundiales. Sally Yozell, del Centro Stimson -un centro de estudios estadounidense-, aseveró que un enfoque que haga hincapié en “la trazabilidad y la transparencia” de las cadenas de suministro de productos del mar, desde el momento en que se captura el pescado hasta que llega al país destino, obligará al mercado internacional de productos marítimos a depurar sus actos.
Por último, también resultará fundamental continuar con los crecientes esfuerzos para perseguir en tierra a los integrantes de las organizaciones criminales. Una tarea poco sencilla, ya que suelen eludir fácilmente a los inspectores portuarios escondidos “tras placas de bronce en jurisdicciones fiscales opacas”.