Mucho se habla de la supuesta recuperación económica del país: hay quien opina que se trata de una burbuja exclusiva de Caracas, Valencia y Lechería… no faltan quienes lo clasifican como un fenómeno multifactorial en que se destacan las remesas que envían los venezolanos en el extranjero, los recursos que baja la Presidencia Interina y la clásica legitimación de capitales; y ¿cómo no? también están quienes ven los síntomas de una economía en plena recuperación.
En cualquier caso, lo cierto es que las navidades del 2021 fueron palpablemente distintas para muchos. “Hay plata en la calle” fue la frase más sonada, y se completaba con “pero hay que saberla buscar… no sé de donde sale”.
Y ahí es justamente a donde quiero llegar. Al margen del origen de los recursos, lo cierto es que están allí, y para que fluyan urge la revitalización del comercio. ¿Los denominados “emprendimientos” son suficientes para mantener a flote una economía? No, sin dudas… pero son un buen comienzo.
Curiosamente, este “auge” financiero de algunos sectores de la población coincidió con un momento francamente malo para las administraciones públicas, pues es bien sabido que el modelo económico de nuestro país siempre ha sido la dependencia de la renta petrolera. Entonces, a pesar de ser largamente advertidos, los peores miedos de los economistas venezolanos se materializaron con la caída de los precios del petróleo y el dramático descenso en la producción de crudo: El Estado venezolano se arruinó.
Lo lógico habría sido entonces la reducción de la administración, pero en lugar de eso, apostaron por mantener la enorme nómina de trabajadores, pero con salarios ridículamente bajos. Aquello fue una bomba de tiempo. Entonces los funcionarios para sobrevivir (no los estoy justificando) en su mayoría apostaron a las “asesorías”, “gestorías” y “agilizaciones”… eufemismos de un mismo fenómeno: La corrupción.
La ecuación es sencilla: Salarios bajos + posiciones de poder = Corrupción.
Y como “Hay plata en la calle”, los funcionarios asumieron que tenían patente de corso para cobrar por todo servicio público que debió ser gratis…. y aún así, muchos comerciantes, emprendedores y soñadores se las arreglaron para sobrevivir a la rapiña burocrática e iniciar sus propios negocios.
Que los funcionarios rapiñen a los pioneros que deciden apostar por Venezuela ya de por sí es bastante malo, pero que sea el propio Estado Venezolano quien lo haga es todavía peor. La reforma de la Ley de Registros y Notarías, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°. 668, de fecha 16 de diciembre de 2021, que incorpora al imaginario “Petro” como unidad de valor para el cálculo de aranceles en el SAREN es un error monumental, toda vez que los desproporcionados montos desestimulan cualquier emprendimiento nobel.
Es comprensible que, ante la debacle petrolera el Estado Venezolano busque diversificar sus fuentes de ingreso, pero no debería hacerlo a costas de una población económicamente agotada que apenas da tímidas muestras de mejoría. Las políticas impositivas como las que se están proponiendo podrían ser viables en una economía sana, próspera y diversificada, pero no en la nuestra… aquello es como intentar esquilar a una oveja con sarna (y me disculpan lo desagradable de la imagen).
Para que el Estado pueda, a largo plazo, vivir de tasas e impuestos, primero debe procurar una economía sana. Estimular al sector privado, a las grandes empresas, y también a los soñadores que apenas tienen recursos, pero un montón de ideas. Cercenar de entrada la posibilidad de registrar una empresa, ante los elevados costos, es una invitación fáctica al abandono de los sueños… o al comercio ilícito; y ninguna de las dos le conviene al Estado.
¿Dónde quedan las promesas de Nicolás Maduro de apoyar a las PYMES? ¿Qué tipo de apoyo es ese, si ni siquiera las dejan nacer? Conviene echar atrás esa reforma a la Ley de Registros y Notarías. No es momento de cosechar, sino de sembrar… dejar nacer estos nuevos negocios y procurar que prosperen es la mejor manera de garantizar a largo plazo una economía sólida a la cual poder gravar.
Los estadistas no deberían pensar en lo inmediato, sino en el futuro. A estas alturas, lo que sí se debería hacer es implementar mayores controles sobre los funcionarios del SAREN (que están desatados) y reducir su nómina, de modo que existan recursos suficientes para proveer de salarios dignos a quienes cumplan funciones públicas, ello como forma de conjurar la corrupción.
Dios bendiga a Venezuela.
@VJimenezUres