Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresan una vez más su grave preocupación ante los gobiernos democráticos que integran a la comunidad internacional y latinoamericana por el nuevo atentado a la ya destruida materialidad constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela.
El pasado 17 de enero, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, reconocido por su dependencia del poder gubernamental, con extraña celeridad dio apertura a un proceso referendario revocatorio del señalado gobernante inconstitucional, ante un pedido ciudadano; seguido a lo cual, el 21 de enero convocó al país para que apenas pasadas las 96 horas siguientes fuesen recogidas las firmas de los electores que avalarían la realización de dicho referendo. Y ordenó instalar 1.200 mesas en lugares preferentemente periféricos del territorio nacional, por un lapso de doce horas, violentándose las normas sobre procesos y lapsos orientados a facilitar el ejercicio del derecho humano a la participación popular.
En la reciente elección del gobernador del Estado Barinas, en una región de baja concentración poblacional, el Poder Electoral puso en servicio 961 mesas electorales para 12 municipios; siendo que el territorio de la república, llamado a ejercer su derecho de referendo revocatorio lo conforman 335 municipios. Y durante las últimas elecciones regionales fueron abiertas 30.206 mesas electorales a nivel nacional.
Más grave es, aún, que el régimen de Maduro haya exigido – a través de su vocero, Diosdado Cabello, se le informe sobre la lista los venezolanos que intenten ejercer su derecho a demandar la revocatoria de aquél; práctica de persecución y discriminación política que, en el pasado reciente, diera lugar a la condena de Venezuela por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Habiendo ocurrido, en suma, otro grave atentado al orden constitucional y democrático en Venezuela, nos es obligante, por tanto, hacer presente lo que es doctrina constante de la señalada Corte Interamericana y que ha sido prosternada por el comportamiento del Poder Electoral venezolano y los emisarios del régimen imperante:
“El concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías, es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”.
Corresponde a los órganos de la Organización de los Estados Americanos, de modo particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pronunciarse al respecto.
Nota de prensa