Un documento del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio de Salud manejado por el chavismo que circuló la semana pasada, sostiene que es obligatorio que los establecimientos privados notifiquen los resultados de las pruebas de COVID-19 ante el Sistema Único de Información de Salud.
Por Carolina Alcalde | Voz de América
Durante los primeros meses de la pandemia, las pruebas diagnosticas de COVID-19 estuvieron “centralizadas” y exclusivamente a cargo del régimen socialista y, con el paso del tiempo, ha aumentado el número de laboratorio y centros clínicos privados que llevan a cabo pruebas PCR y de antígenos.
Sin embargo, los casos positivos no se reportaban al Ministerio de Salud chavista y no eran incluidas en las estadísticas diarias presentadas por las autoridades lo que, según especialistas, incidió en el subregistro.
“Casi 2 años de epidemia después, el Estado se da cuenta que hay que reportar las pruebas positivas que se hacen en privado. En todo este tiempo si te hacías una PCR o antígeno para COVID-19 en privado, no caías en el reporte diario de las autoridades sanitarias venezolanas”, escribió en Twitter Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua.
Al respecto, el medico infectólogo Julio Castro afirmó que se trata de un “avance”, pero recordó que establecimientos privados han solicitado “buena pro” para realizar pruebas diagnosticas “y se les ha negado en varias ocasiones”.
“Mientras no digan cuántos estudios totales se hacen y el % de positividad, no se avanza”, agregó.
Consultado por Voz de América, Huniades Urbina, pediatra intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina, sostiene que es “el deber ser” que se haga la notificación.
“Deben de estar registrados para dar mayor confiabilidad y poder hacer un seguimiento a esos centros y deben por normativa internacional reportarlo porque en pandemia cualquier coronavirus es enfermedad de denuncia obligatoria (…) gente que hace pruebas a domicilio no está reportando al Ministerio”, dijo.
Jaime Lorenzo, medico especialista en salud pública y director Ejecutivo de Médicos Unidos por Venezuela, una organización dedicada a visibilizar la escasez de insumos médicos en el sistema de salud pública, explicó a VOA que parte de la política de cualquier autoridad sanitaria en el mundo debe implicar la notificación de casos positivos.
“Esa es su función, tener un mecanismo claro de información para saber cuántas personas han salido positivas en las diferentes pruebas, es la manera de conocer cómo se está comportando la enfermedad”, reiteró.
Someterse a una prueba de detención de COVID-19 en Venezuela oscila entre 25 y 80 dólares dependiendo del laboratorio, un monto que pocos están en capacidad de costear si se toma en cuenta que el salario promedio de un trabajador del sector privado ronda los 80 dólares mensuales.
Opacidad
Lorenzo insiste en que los ciudadanos requieren información oficial confiable y sostiene que la información “que generan los voceros oficiales no da la garantía de confiabilidad y no se puede verificar por todo el oscurantismo que hay en la información oficial”.
Respecto al proceso de vacunación, Urbina destaca que ha sido “desorganizado” y considera que, a pesar de la llegada de vacunas, en ese sentido el país está todavía “muy atrasado”.
“Cuando uno intenta ubicar las cifras para tener evidencia no hay dónde ubicarla, queda solamente creer en la palabra de los voceros oficialistas”, puntualiza.
Nicolás Maduro aseguró la semana pasada que el 96% de la población ya ha sido inmunizada, pero de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, solo el 47,62% de la población venezolana ha recibido esquemas completos de vacunas.