La posibilidad de un diálogo político con el régimen de Daniel Ortega vuelve a remover las aguas en Nicaragua, después que familiares de 27 de presos políticos el 25 de enero pasado pidieran al gobierno, opositores e iglesia católica “que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”.
Por Infobae
La iniciativa ya ha sido firmada por familiares de cien de los 170 presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene en sus cárceles.
Dos días después del pronunciamiento de estas familias, la cámara empresarial de Nicaragua (COSEP) también planteó la necesidad de iniciar un diálogo con el gobierno “para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación de la familia”.
La demanda de diálogo se produce en momentos en que familiares de presos políticos y organismos de derechos humanos han denunciado las graves condiciones en que se encuentran los opositores detenidos, principalmente en la cárcel conocida como “El Nuevo Chipote”, donde buena parte de los reos son personas de la tercera edad, permanecen aislados y evidencian un pronunciado deterioro de su salud.
A partir del 28 de mayo del año pasado, el régimen de Daniel Ortega emprendió una ofensiva contra la oposición que llevó a la cárcel a más de 40 de sus líderes, entre ellos siete personas que manifestaron su intención de competir como candidatos presidenciales en las elecciones generales que se celebrarían en noviembre pasado.
La intención de Ortega, además de descabezar a la oposición, era, según expresaron diversos analistas, reservarse un bolsón de presos políticos de “gran proyección mediática” para utilizarlos como “monedas de cambio” en una negociación para conseguir algo de legitimidad en su reelección después de unos comicios considerados “una farsa” y que no fueron reconocidos dentro ni fuera de Nicaragua.
El siete de noviembre el 81.5 por ciento de los nicaragüenses, según el organismo independiente Urnas Abiertas, se abstuvo de participar en las votaciones en que Ortega “compitió” sin rivales después de encarcelar a los candidatos opositores y anular a los tres partidos de oposición que existían. Mas de 40 países desconocieron los resultados de esas elecciones donde Ortega se reeligió, oficialmente, con el 75 por ciento de los votos.
Desde enero de 2021, Ortega anunció un posible diálogo “para después de las elecciones” y varios de sus voceros han reiterado esa posibilidad. “Ya lo dijo el presidente Ortega también, después de que el pueblo reafirme este próximo siete de noviembre que va a continuar gobernando en este país, después de que nosotros como pueblo organizado ganemos las elecciones este siete de noviembre, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos”, expresó en octubre pasado el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.
El régimen de Ortega ha evitado pronunciarse oficialmente a la demanda de los familiares de presos políticos que solicitan, además, la nulidad de los procesos judiciales contra ellos. Por el contrario, esta semana inició los juicios y condenas de los reos de conciencia que mantiene en sus cárceles.
La estrategia de Ortega es llevar a los presos políticos “hasta el punto de quiebre” para que sean sus propios familiares quienes pidan dialogar.
“El régimen trata de mantener a los presos políticos en su máxima vulnerabilidad para dar lo menos posible en caso de un diálogo y que su liberación tenga un alto costo para quienes participen”, asegura Luciano García, presidente del organismo no gubernamental Hagamos Democracia. “Es una manera de chantajear también. Indudablemente los presos son monedas de cambio. En el momento en que los necesite los va a usar. Puede ser que haya presos que sean liberados y otros condenados con el objetivo de seguir dividiendo y de decirle a la gente ´doy al que me da´”.
Dice que el único beneficiado con un diálogo en estos momentos sería el régimen. “Tiene fichas a su favor y le puede decir a los poderes fácticos (empresarios) que, por la parte económica, intercedan ante la comunidad internacional para que no existan mayores castigos y así alivianar la carga de ilegitimidad en la que se encuentra el régimen hoy”.
Sin embargo, reconoce, que lo que salga en un diálogo así “no va a tener mucha durabilidad en el tiempo”. Para García, sería “un diálogo con una pistola en la cabeza” y cree que la comunidad internacional lo desconocería igual que ocurrió con las elecciones de noviembre.
Haydée Castillo, activista de la organización en el exilio Nicaragüenses en el Mundo, dice que el más urgido de un diálogo es el régimen de Ortega pero aparenta desinterés para llevar la negociación al borde del abismo. Daniel Ortega necesita que se reconozca como legítima la reelección que lo mantiene en el poder y que le quiten las sanciones a su familia, allegados y funcionarios que les han impuesto varios países del mundo por la violación a los derechos humanos y alteración al orden democrático, entre otras razones.
“La demanda de los familiares de los presos políticos es legítima. No hay voz más autorizada que la de sus familiares porque estamos ante un riesgo evidente de daños irreparables en algunos de los presos y las presas políticas”, expresa Castillo.
Pero no cree que haya posibilidad de un diálogo genuino en estos momentos. “Un diálogo depende de fuerzas colaboracionistas que encuentren en ese diálogo una posibilidad de volver a posicionar sus intereses, fundamentalmente políticos y económicos, y no la búsqueda de una salida realmente sostenible a la crisis que tenemos en la actualidad”, dice.
“Para que un dialogo sea fructífero, primero debería haber voluntad de ambas partes, y segundo estar en igualdad de condiciones. ¿Cómo podemos hablar de que ese diálogo puede llevar a una reunificación de la familia si lo que tenemos son dos fuerzas totalmente asimétricas? Tenés a alguien sentado, con la fuerza de las armas, del poderío militar y del terrorismo del Estado. Es como sentarse con alguien que te está apuntando a la cabeza con una pistola”, añade.
Igual que García, Castillo cree que Ortega “aun con todo se estará guardando cartas de negociación, monedas de cambio, para seguir chantajeando constantemente a la nación, a las fuerzas que propugnan por un cambio y también para la comunidad internacional. Ese diálogo, entre comillas, a como se está planteando es como pensar en confites en el infierno”.
Alguien que no cree que se dé un diálogo en estos momentos es el analista político Eliseo Núñez. “La estrategia del régimen es hacer creer que todo está normal y un diálogo solo se da cuando hay crisis y Ortega asume que no hay tal crisis. Lo que él está ofreciendo es un diálogo económico en cada ministerio correspondiente. Es como decir, aquí no ha pasado nada”, afirma.
Aunque considera que la demanda de los familiares de presos políticos es legítima, dice que los opositores apresados por el régimen “se han devaluado como monedas de cambios porque Ortega no tiene al frente a alguien que pueda darle lo que él quiera a cambio de sacar los presos políticos”.
“Los presos políticos pueden llegar a ser monedas de cambio, pero lo primero que quiere hacer Ortega es causar terror en la ciudadanía y es una cosa que está logrando. Lo segundo que quiere es moralizar a su tropa, enseñarle que él tiene el control, que no hay manera de que no pague quien le hace algo, y lo tercero es que en algún momento va a usar los presos como moneda de cambio. En el orden de prioridades las dos primeras están antes para él”, agrega.
Sobre la propuesta de los empresarios, dice Núñez que “el Cosep, en manos de quienes está, va a ser sospechosos siempre”. Durante diez años los empresarios mantuvieron una alianza con el régimen de Daniel Ortega. Esa alianza denominada oficialmente “Diálogo y consenso” estalló en abril de 2018 cuando el gobierno emprendió por su cuenta unas reformas a la seguridad social que detonaron una masiva rebelión ciudadana. Los empresarios se desmarcaron del régimen e hicieron filas con la oposición.
En la ofensiva represiva del año pasado, Ortega apresó al expresidente del Cosep José Adán Aguerri, y a los entonces presidente y vicepresidente, Michael Healy y Álvaro Vargas. Al quedar descabezada la cámara empresarial, asumió la presidencia el empresario de la energía eléctrica César Zamora, uno de los más fervientes defensores de la alianza con Ortega. “El sector de energía depende demasiado del Estado y César (Zamora) es una persona que alabó durante demasiado tiempo al régimen”, afirma Núñez.
Haydée Castillo dice que lo que se está planteando “no es un diálogo” sino de una mesa donde “se entregaría la dignidad y la libertad”.
“Al sentarse en un diálogo se estaría reconociendo que al régimen que el 7 de noviembre fue catalogado como ilegitimo por el pueblo de Nicaragua y por más de 50 países. Todo el camino andado del pueblo nicaragüense, de las víctimas, estaría negociándose en un espacio donde el único ganancioso va a ser el régimen que se quiere seguir imponiendo a sangre y fuego”, dice
“Ortega siempre quiere llevar la negociación al borde la abismo: o negocian conmigo y se sientan conmigo o la muerte”, añade Castillo. “Aun cuando se vaya a un diálogo, aun cuando libere a un grupo de presos políticos como lo hizo en el segundo diálogo, no hay garantía de que el régimen va a dejar de reprimir, de asesinar, de encarcelar. Él ya apostó a el poder o la muerte y dice: ´Yo no me voy de aquí bajo ninguna circunstancia. Nicaragua es mi feudo, yo soy su patrón´”.
