«Me llamo Ashanti, tengo 24 años y soy de Nigeria. Mi situación en mi país era crítica. Tengo un hijo y su padre nos abandonó hace cinco años. Tenía muchas deudas porque mi hijo tiene necesidades especiales y necesitaba pagar las facturas del hospital. Ellos prometieron ayudarme a pagarlo todo y darme trabajo en Europa para poder tener una mejor vida. Cuando llegué a España me llevaron directamente a una casa donde sigo encerrada con otras cinco mujeres».
Por Mariano Cebrián | ABC.es
Este es el infierno que relata una de las muchas mujeres que atiende la ONG In Genero, que nació en 2005 para dar respuesta a las necesidades de personas que ejercen la prostitución y las víctimas de trata en España. Su origen está en Valdepeñas y en Ciudad Real, la provincia de Castilla-La Mancha con un mayor número de casos atendidos por esta organización, pero ya están presentes en otras cuatro comunidades autónomas (Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla y León).
La labor de esta entidad, más allá de llevar a cabo acciones socio-sanitarias inmediatas con el colectivo que ejerce la prostitución, en su mayoría mujeres, luchan por que sus derechos humanos sean reconocidos y efectivos. Además, desde hace dos años realizan un informe anual para cuantificar este problema, pero también para visibilizar los problemas a los que se enfrentan estas «esclavas en el siglo XXI».
«Aunque no le pongamos rostro, intentamos dar voz a estas personas que normalmente no la tienen y que, aparte de su difícil situación, cargan con un pesado estigma social», afirmaba esta semana el coordinador de ‘In Genero’, Miguel Ángel del Olmo. En una rueda de prensa en Toledo en la que presentaron los datos del informe de la ONG relativos al 2021 en Castilla-La Mancha, donde atendieron a 1.621 personas, Del Olmo llamó la atención sobre cómo la pandemia ha empeorado las cosas para muchas de ellas.
«Nos obligan a levantarnos muy temprano por la mañana y luego nos llevan en una furgoneta hasta una calle donde nos dejan a cada una en una esquina. Cuando nos bajamos, nos dicen la hora a la que van a pasar a recaudar el dinero que hacemos durante la mañana. A veces nos obligan a estar ahí de pie hasta muy tarde y no nos dejan nada de comer. Nos vigilan todo el tiempo y, cuando llegamos en la noche, nos hacen desnudar y nos revisan por todas partes para asegurarse de que hemos entregado todo el dinero», cuenta Ashanti.
Según denuncia el coordinador de ‘In Genero’, «la situación de la Covid ha perjudicado notablemente la vida de estas personas, y no sólo sanitariamente. Detectamos que las que ejercen la prostitución se infectan el doble que aquellas que no, pero también han empeorado sus condiciones de vida, los servicios que prestan y los precios que pueden exigir porque hay menos clientes, lo que empobrece a las mujeres y pone su vulnerabilidad más alta a todos los niveles».
Un hecho que demuestra ese empeoramiento de las condiciones de esas personas es que, con el cierre de muchos clubes debido a las restricciones impuestas por la pandemia, el ejercicio de la prostitución se ha trasladado a pisos, donde no hay casi protección ni control de lo que allí sucede. Algo que se puede ver en los datos recogidos por el informe presentado esta semana por la ONG en Castilla-La Mancha, donde contabilizaron en 2021 un total de 195 pisos atendidos por ellos, más del doble de lo que suponen los clubes (75), las casas (11) y dos puntos en la calle, los polígonos industriales de Talavera de la Reina y Seseña, en Toledo.
De hecho, Castilla-La Mancha fue la primera comunidad autónoma que decretó el cierre de locales donde se ejerce la prostitución durante la pandemia, a finales del 2020. Una decisión que, lejos de hacer disminuir el número de personas asistidas por ‘In Genero’, ha subido las cifras en casi más de 600 las atenciones prestadas en 2021, con 1.621, cuando en el año anterior fueron 1.052. De ellas, 1.477 fueron mujeres, 37 hombres y 107 mujeres transexuales, siendo la mayoría extranjeras —sobre todo de Colombia, República Dominicana, Paraguay, Rumanía y Venezuela— y tan sólo 80 de origen español.
Del informe presentado esta semana también se extrae que un 27,6% de las personas que ejercen la prostitución en Castilla-La Mancha se encuentran en situación administrativa irregular y el 83,6% están empadronadas. El 82,6% tienen amplias cargas familiares (entre uno y cinco familiares a su cargo) y un 12% más de 6 familiares a su cargo. Una situación que, como insiste Miguel Ángel del Olmo, ha ido a peor con la pandemia, algo que se recoge en otro informe elaborado por la ONG, ‘El impacto de la Covid-19 en la vida de las personas que ejercen la prostitución’. En él se apunta que el 54,8% que no ha podido hacer frente a los gastos básicos de vivienda, alquiler y suministros durante estos dos últimos años.
Otro de los datos destacados por ese informe es que el 31,8% de las personas que ejercen la prostitución y que fueron consultadas cambió su lugar de residencia una vez desatada la crisis social y sanitaria. «Nuestra experiencia nos dice que, especialmente durante el confinamiento, muchas de ellas tuvieron que abandonar de forma precipitada los clubes de alterne y tuvieron que alojarse con personal de los mismos locales o con otras compañeras; incluso, algunas se fueron a vivir con sus clientes, y otras tuvieron que optar por albergues improvisados para pasar las semanas de mayores restricciones», señalan desde ‘In Genero’.
Víctimas de trata
Esta situación ha provocado asimismo un agravamiento de la situación de las víctimas de trata. Así, por lo que se refiere a Castilla-La Mancha, la ONG atendió en 2021 a diez personas que han sido acompañadas en todo el proceso de denuncia, aunque «hay evidencias» de que puede haber más. «En España, para ser considerada como tal y entrar en toda la red de recursos, tienes que poner una denuncia», explica la trabajadora social de ‘In Genero’, Belén Jiménez.
Muchas de ellas, se lamenta Jiménez, «no se atreven a denunciar por miedo a poner en peligro a sus familiares en sus países de origen y a su propia vida», y critica que los recursos públicos de los que deberían disponer «no están diseñados de forma real para las necesidades que ellas tienen». Según informa, «las administraciones ofrecen recursos de vivienda sin dotación económica que no cumplen las condiciones necesarias que les de a ellas tranquilidad para dejar de ejercer». Por eso, pide a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que unifiquen los criterios de ejecución de la Ley de Extranjería y se considere por igual en todas las provincias las condiciones de trata y explotación sexual.
Otra de las preocupaciones que expresa el coordinador de ‘In Genero’ es que a una víctima de trata «no se le puede garantizar el acceso a los recursos ni su propia seguridad», a pesar de que se animen finalmente a denunciar. «Necesitamos que cambie la Ley de Trata y proteja de manera efectiva a las víctimas, así como desmitificar la inserción de esas personas que han venido engañadas», manifiesta Del Olmo.
De ello da testimonio Ashanti, la nigeriana víctima de trata que ha atendido la ONG y que habla de su situación con resignación: «Me han dicho que, si no pago la deuda, van a embrujar a mi familia y a matar a mi hijo. Yo quiero escapar de esto, pero me da miedo la brujería y tengo que seguir pagando las necesidades de mi hijo».