Según familiares, tres dólares semanales, presuntamente, cancelaban los detenidos a los pranes para desplazarse por todo el recinto carcelario y 70 a las autoridades para gozar de algunas ventajas, como ver televisión y no ser trasladados
Mariana entró nerviosa. Era la primera vez que pisaba una cárcel. Apenas caminó cinco metros observó a un hombre escondido detrás de una pared con un arma larga. Como él, había al menos otros cuatro en lugares diferentes.
“No te asustes, que no te harán nada, solo están cuidando la zona”, le comentó el hermano de Mariana. El joven, de 22 años, estaba preso en la cárcel Yare I, ubicada en los Valles del Tuy, estado Miranda. Antes de ser trasladado a este recinto penitenciario, permaneció en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocida como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana (PM).
El hermano de Mariana regresó al país en octubre de 2021, procedente de Colombia. Un mes más tarde cayó preso por robo. A finales de enero de 2022, las autoridades le comunicaron que lo llevarían a sacar su Cédula de Identidad (CI), pero fue un engaño y lo trasladaron a la cárcel Yare I.
“Mi primera visita a ese lugar fue traumática, humillante. Me tuve que desnudar, agacharme y pujar, mientras una funcionaria me revisaba. Fue una experiencia vergonzosa. Después de pasar por esta inspección tan rigurosa, me pregunto: ¿De dónde salen las armas que están en poder de los presos?”, comentó al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL).
UVL conversó con Mariana el 5 de febrero, un día antes de que la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, anunciara el cierre definitivo del Centro Penitenciario Metropolitano, Yare I, motivado a una alteración de orden interno, registrada el pasado 26 de enero.
“Ellos -en alusión a los presos- lo estaban haciendo mal en el penal. A mi hermano, los pranes -preso que mantiene el liderazgo y control de un penal- le estaban cobrando 3 dólares semanales para dejarlo desplazarse por todo el recinto carcelario. Nunca se los dimos, porque nosotros no teníamos ese dinero. Además, él no estaba en condiciones de exigir, porque nadie lo mandó a meterse en problemas”, contó Mariana.
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