El escándalo que generó en los medios de comunicación la denuncia hecha por la ONG SOS Orinoco, sobre una fiesta en la cima del Kusari Tepuy (Cerro Venado) el pasado 4 de febrero, donde la crema innata de Caracas celebró el cumpleaños del empresario Rafael Oliveros, director general de Campamento Canaima y aliado del Gobierno. Violando la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, y ocasionando daños ecológicos irreparables en un suelo considerado templo sagrado para la etnia pemón, es sólo la punta del iceberg de la explotación indiscriminada que se registra en los 45 parques nacionales y 36 monumentos naturales de Venezuela, según ecologistas.
Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA
De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional (2015), María Gabriela Hernández, las violaciones en los parques nacionales van desde deforestación, tala indiscriminada, invasiones, contaminación por derrames petroleros, construcciones ilegales de casas y hoteles lujosos en la isla de Margarita, archipiélago Los Roques, parque Waraira Repano (El Ávila), Parque Nacional Morrocoy, y hasta envenenamiento con mercurio de la población indígena por la explotación en el Arco Minero del Orinoco desde 2016.
A esto se le suma la estrategia del Gobierno desde 2020, de otorgar concesiones a empresarios para que incentiven el turismo, pero cuyas prácticas evidencian su único propósito de explotación económica, sin aplicar el ecoturismo para la conservación de escenarios naturales, y violando todas las leyes del estamento nacional.
“El Parque Nacional Canaima tiene unas características de fragilidad y de exquisitez de ecosistema que requiere de un turismo muy delicado. No me refiero a un turismo de alta gama económica, sino de alta responsabilidad. Hasta ahora habían sido los mismos pemones los que protegían al Parque Nacional Canaima, los que orientaban al turista, los que hacían la labor de concienciación junto al Ministerio de Ambiente e Inparques. Eso ya no es así, ahora se le entrega una especie de concesión, irresponsables que tratan de hacer elitesco el paisaje, pero sin ningún tipo de siembra de conciencia. Entonces ahí suceden las cosas espantosas, como las que pudimos ver de un helicóptero aterrizando en una fiesta sobre el Kusari Tepuy, arrasando con parte de los herbazales ubicados en la cúspide”, exclamó Hernández.
Para Hildebrando Arangú, exdirector de Inparques de la Región de Amazonas y especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, la realidad que experimenta el país hecha por tierra todo lo alcanzado en el año 1967, donde Venezuela fue el segundo país del mundo en crear un Ministerio del Ambiente, siendo inspiración para el resto de Latinoamérica en la creación de sus leyes ambientales.
“Los parques nacionales ocupan el 18% del territorio del país, se decretaron parques para proteger nacientes de agua, cuerpos de agua y bellezas escénicas y además generan una serie de servicios ambientales. En el caso Venezuela, el 33% del agua que llega a las principales capitales depende de los parques nacionales. El 40% del agua que se utiliza para la actividad agrícola depende de los parques nacionales. Nosotros acabamos con los parques y nos quedamos sin agua”, informó.
Lamenta que ante un crimen cometido en flagrancia en un tepuy, Inparques no haya actuado inmediatamente para impedirlo y el gobierno venezolano no haya revocado la concesión de Campamento Canaima al empresario Rafael Oliveros. Sostiene que personalidades que se dieron cita en la fiesta, como Osmel Sousa, la diseñadora de moda, Titina Penzini y la relacionista pública, Aura Marina Hernández, aunque no tienen una responsabilidad directa del ecocidio cometido por ser invitados, son la muestra de la pérdida de valores de una sociedad que es insensible al reservorio natural de la nación.
“No existe en nuestro Código Orgánico Procesal Penal el delito de estupidez ni del ridículo. Lamentablemente, no son delitos que se le puede imputar a los invitados en la fiesta del tepuy. Esos influencer que se han pronunciado por ser cuestionados ante los daños ecológicos ocasionados, son banales, representan la pérdida de valores, la descalificación del conocimiento, de los principios. Son simples seres que actúan de manera instintiva para mantenerse a la moda, es una sociedad frívola”, expresó.
Atentado nacional
Para la parlamentaria (2015), María Gabriela Hernández, lo más grave no es la explotación de los parques nacionales por malas prácticas del turismo, el foco central es el atentado contra la población del sur de Venezuela, por la minería ilegal que se aplica en el Arco Minero del Orinoco, que tiene una extensión de 111 mil 843,70 km².
“El problema es la política minera del Arco Minero del Orinoco que está en manos del Estado, es la utilización del mercurio que es veneno como material estratégico en manos de militares en la Compañía Anónima Militar, líder en la comercialización y servicios para la industria petrolera, minera y de gas (Camimpeg). En este momento, el Estado está envenenando a la población que consume las aguas ubicadas en el Sur de Orinoco y con ellos las aguas del Amazonas. Es por eso que la política minera destructiva, es de extinción del ser vivo”, dijo.
Según el diputado nacional (2015), Guillermo Palacios, el estado Lara donde hay cuatro parques nacionales, no escapa de los crímenes cometidos contra su conservación. Asegura que en el Parque Nacional Cerro Saroche, se aplica la tala indiscriminada, la deforestación para obtener carbón que el Gobierno exporta ilegalmente.
“Este es un negocio que se ha venido implementando como una salida del Gobierno para lograr obtener divisas. Esas gandolas cargadas de madera y de los árboles producto de la deforestación son enviadas a la empresa Carbozulia, aliada con una empresa de Turquía para exportar el carbón. Pero el problema es que acaban con el ambiente, es un crimen ecológico”, expresó.