La audiencia era privada. Los abogados de Álex Saab tenían todo planeado para llevarle, el miércoles pasado, una atractiva oferta al juez federal Robert Scola. Iban decididos a que el barranquillero quedara libre y pudiera afrontar el juicio que se le sigue, en una lujosa casa de Miami.
Aunque su defensa no alcanzó a hablar de cifras, estaban preparados para desembolsar hasta 21 millones de dólares, tomando como referencia el reciente caso del sirio-venezolano chavista Naman Wakil, detenido en Estados Unidos por corrupción.
Pero todo les salió mal. El juez Scola no solo se negó a que la solicitud de fianza se manejara confidencialmente, como lo pedían. Y fue más allá: ordenó que se le levantara de inmediato el sello de reservado a un explosivo documento que dejó judicialmente contra las cuerdas al señalado testaferro de Nicolás Maduro.
Se trata de la constancia oficial de que Saab fue informante de la DEA y del FBI al menos por un año, poco antes de ser capturado en Cabo Verde, en junio de 2020.
Si bien EL TIEMPO había revelado una reunión con la DEA en Europa, ahora se sabe que alcanzó a configurar –con el apoyo de tres abogados– un acuerdo de cooperación que contemplaba incluso su entrega a la justicia de Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta criminal.
Bahamas, Bogotá y París
Un par de agentes del FBI y de la DEA tienen el registro de las reuniones con Saab, en las que este proporcionó información sobre los sobornos que pagó a fichas del Gobierno de Venezuela para obtener contratos con los que lavó más de 350 millones de dólares.
Dio nombres, montos, cuentas, pero también cargos y rangos de los miembros del régimen a los que les pagó por años para escalar y pasar de ser un contratista del montón a un enviado especial ante los gobiernos de Irán, Rusia, China y Turquía.
Según el documento desclasificado, el 8 y 10 de agosto de 2016 fue la primera cita. Pero EL TIEMPO estableció que hubo un encuentro previo en Bahamas, a donde Saab llegó con dos abogados.
Semanas más tarde, los agentes federales viajaron a Colombia y se desplazaron hasta una lujosa oficina ubicada en el norte de Bogotá: la del abogado penalista Abelardo de la Espriella.
Saab afinó ese encuentro con su abogado en Estados Unidos Rick Díaz, quien en el pasado ya había oficiado como defensor de paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Durante esos dos días (lunes y miércoles) y bajo absoluta confidencialidad, Saab empezó a ser interrogado. El cuestionario incluía desde la conducta de un puñado de familiares suyos, que están en el Líbano (Oriente Próximo), hasta posibles nexos con Hezbolá, el grupo proiraní al que Estados Unidos cataloga como terrorista.
Saab llevaba su propia bitácora de colaboración y empezó por entregar información relacionada con algunas de sus empresas con las que contrató con el régimen venezolano para construir viviendas de interés social. Además, explicó cómo fluyó el dinero después de que recibió los fondos, creando hasta cooperativas en Colombia para mimetizarlo.
Los nombres
En este apartado se refirió a tres miembros del alto gobierno que, dijo, dieron instrucciones para que le entregaran y pagaran los contratos de manera fluida. Ese día fue la primera vez que le preguntaron por la exsenadora colombiana Piedad Córdoba y su rol en su aterrizaje en Caracas.
Quince meses después, el 28 de noviembre de 2017, se cumplió otra reunión. En ese momento, los agentes federales le empezaron a pedir que concretara información sobre miembros de la cúpula del régimen.
Tareck El Aissami, el vicepresidente de Venezuela en ese momento, de ascendencia libanesa, fue el primero en la lista del FBI y de la DEA. Saab habló tras aclarar que esperaba inmunidad.
Con cada dato que suministraba, el barranquillero se autoincriminaba. También le preguntaron por Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen, y la lista la coronó el propio Nicolás Maduro.
Soplón, fugitivo y diplomático
Seis meses después, el 2 de junio de 2018, entró en escena un tercer abogado: María Domínguez Trujillo, nieta del exdictador dominicado Rafael Leonidas Trujillo.
Fue ella quien entregó, vía correo electrónico, un borrador de propuesta de colaboración (en junio de 2018) en el que Saab admite ser una fuente de cooperación oficial. Desde ese momento, empezó a comunicarse fluidamente con agentes de la DEA por celular y mensajes de texto y de voz.
Como parte de su cooperación, Saab hizo cuatro transferencias (entre el 28 de noviembre de 2017 y el 5 de febrero de 2019). Fueron en total 10.000 dólares de las ganancias ilícitas de él y de su socio Álvaro Pulido.
Muy cerca del bulevar Saint Germain, en París, se realizó una de las últimas citas de Saab como informante. A unas calles de su lujoso apartamento, se reunieron él, Rick Díaz, agentes de la DEA y un fiscal.
Fue el 4 de abril de 2019 y esa cita ya había sido revelada por EL TIEMPO. En la reunión, Saab recibió una fecha límite para entregar la información que ofreció.
Allí se le advirtió que si no la suministraba antes del 30 de mayo de 2019, dejaría de ser informante y sería acusado penalmente.
¿Qué sigue ahora?
Y lo cumplieron. El 25 de julio de 2019, su caso llegó a una corte del Distrito Sur de Florida y entró a la Lista Clinton. En ese momento, De la Espriella renunció públicamente a representarlo.
Saab se convirtió, meses después, en fugitivo, enviado especial de Maduro y, tras su captura en Cabo Verde, en embajador plenipotenciario en África.
El miércoles pasado, un par de horas después de que se conoció el documento sellado, la defensa de Saab salió a decir que el gobierno de Nicolás Maduro estaba enterado de sus acercamientos con la DEA y el FBI. Además, que este solo buscaba aclarar sus negocios y situación.
Y recalcaron que seguía siendo leal a Venezuela (donde permanece toda su familia).
El régimen también se pronunció, a través del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Este señaló que si Saab era informante, por qué había sido torturado durante su detención en Cabo Verde. Y comparó el tema con “el cuento de la invasión Rusa a Ucrania”.
Pero su rol de informante lo deja mal parado de cara a la audiencia del 16 de abril, en la Corte de Apelaciones de Atlanta. Allí se definirá si es un diplomático, con fuero, ilegalmente capturado; o un civil, informante que se autoincriminó y luego se refugió en la diplomacia de Maduro.
De ese estatus depende lo que sigue en el juicio en su contra, que se retomará el 11 de octubre próximo.