Como diputados a la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, en plenas funciones, nos encontramos en un momento de lucha en que el principal y más firme objetivo es concretar las elecciones libres, transparentes y verificables presidenciales y al parlamento que, como hemos señalado en múltiples ocasiones, se las deben a los venezolanos desde el 2018 y 2020, respectivamente. Tenemos que ser reiterativos en esto, porque no se trata de exigencias a capricho, sino obligaciones que se deben cumplir por mandato constitucional, visto los fraudes electorales que perpetró el régimen de Nicolás Maduro en esos años.
El tema electoral, precisamente, se encuentra en el tapete político de nuevo, tras la presentación este martes 22 de febrero del informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) que se desempeñó en las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre de 2021.
Antes de pasar a analizar el citado informe de la MOE-UE y para lograr la mejor compresión del mismo, es necesario aclarar algunos aspectos. El principal es que el informe por sí mismo no genera sanciones, en este caso al régimen de Maduro, aunque sí puede incidir a que se produzcan por organizaciones y naciones al incluir sus conclusiones como puntos de referencia sin que se involucre a la misión como tal en esa toma de decisiones. Y, por supuesto, también desnuda ante el mundo el grado de falta de transparencia por las irregularidades en los procesos de elecciones que se observan. Otro punto importante es que en sus informes finales presentan recomendaciones para buscar correctivos a esas irregularidades que hayan sido detectadas sean deliberadas o no.
Estas misiones de la Unión Europea (UE) se manejan de acuerdo con la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, la cual fue adoptada por Naciones Unidas en 2005 y por una serie de organismos internacionales involucrados en la observación electoral.
Sus principales objetivos son los de apoyar el proceso democrático en los países con los que tiene relaciones; aumentar la confianza pública en el proceso electoral de cada país y fortalecer el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y en cuanto a los criterios de evaluación que emplean durante sus observaciones de procesos electorales, se distinguen el grado de libertad de los partidos políticos y candidatos para reunirse y expresar sus opiniones; el grado de imparcialidad mostrado por la administración electoral, así como la medida en la que la campaña electoral es abierta y equilibrada y el grado de acceso de los partidos políticos y candidatos a los medios de comunicación estatales y privados.
Luego de lo antes expuesto es que podemos apreciar con la mayor objetividad posible lo señalado en Bruselas por la eurodiputada portuguesa Isabel Santos, la jefa de la MOE-UE en Venezuela, quien fue la encargada de divulgar el informe final, el cual viene a nutrir al que dio a conocer en noviembre aquí en Caracas. Por cierto, en esta ocasión no lo hizo en nuestro país como era su intención por el impedimento de Nicolás Maduro. Santos, igualmente para no salirse de los objetivos de la misión, no ahondó en detalles sobre la repetición del proceso electoral en el estado Barinas el 9 de enero, aunque lo dijo todo al señalar que “no debió ocurrir”.
Quizás muchos pueden haber esperado otra cosa de la Unión Europea, tal vez una condena enérgica a unas elecciones sin condiciones, pero nos corresponde pisar tierra y de manera firme. Esto no quiere decir que no sea trascendente el informe final de la MOE-UE, porque lo es y mucho. No es poca cosa que en ese informe final se incluyan no cinco, ni 10 o hasta 15 recomendaciones, fueron 23 en total, lo que desnuda la realidad de la dictadura de Maduro y sus procesos electorales.
Entre esas 23 recomendaciones destacan tres como prioritarias: 1. Separación de poderes del Estado, particularmente al Poder Judicial, con vista a darle al CNE “mayor autonomía”. 2. Derogar la “facultad de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones, mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, que repercute de forma negativa en su derecho a la defensa”. 3. Promoción de la libertad de expresión, “con la derogación de la Ley contra el Odio para crear condiciones que garanticen que los periodistas no se vean obligados a la autocensura”. A estas añadiremos la de solicitar a las autoridades que pongan en marcha “campañas de educación al votante enfocadas, sobre todo, en la confianza, integridad y el secreto del voto electrónico”.
Aunque la jefa del equipo de observadores, Isabel Santos, no haya dicho algo más categórico por su posición, nosotros sí podemos hacerlo. El informe final deja claro que para la lupa de la MOE-UE en cuanto a libertad y transparencia es muy baja la calificación que hay que dar a las elecciones regionales de Venezuela del 21 de noviembre de 2021. No se puede concluir otra cosa al analizar los álgidos aspectos contemplados en las 23 recomendaciones, que sirven para determinar la pulcritud e imparcialidad de un proceso electoral, lo que puede garantizar o no el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada a través del voto.
De cara al futuro cercano, hay algo muy importante que resaltar que dijo Isabel Santos al margen de lo que fue su informe y que no se nos puede quedar en el tintero. La jefa de la misión MOE-UE se alineó con la reanudación de la mesa de negociación entre las partes venezolanas en México, al considerar que “será un paso muy importante” para allanar el camino hacia las elecciones confiables en Venezuela.
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Alguien dijo que “a las dictaduras no las tumban, sino que se caen solas” por sus múltiples errores, al cercenar la democracia y por la sistemática violación de los derechos humanos que cometen con el fin de sostenerse en el poder por medio de la fuerza, para beneficio de un grupúsculo. En lo particular no compartimos por completo ese criterio, porque si nos quedamos de brazos cruzados esperando que el régimen caiga solo podríamos terminar viéndonos en el espejo de Cuba, ese volcán caribeño que parece despertar tras 63 años de dictadura castrista.
Por ello, como demócratas, transitamos los caminos constitucionales, democráticos y no violentos para poner el punto final a la dictadura de Nicolás Maduro. Por ello, avanzamos con determinación siguiendo las pautas establecidas en el movimiento Salvemos a Venezuela. A pocos días de haberse iniciado, hemos sido testigos de la voluntad de los ciudadanos de todo el país de unirse a esta cruzada. En todos los estados se incorporan nuevos seguidores a este movimiento, lo cual nos fortalece muchísimo frente al gran reto de llevar al régimen de Maduro a su punto de quiebre.
Maduro más temprano que tarde quedará acorralado al intentar aferrarse al poder sin pueblo, en medio de un país financieramente asfixiado y con una comunidad internacional que ahora está mucho más clara de sus pretensiones, como lo demuestran los informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el de la Misión Independiente para la Verificación de los Hechos, la fase de investigación en que se encuentra el caso de Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI) y ahora el informe de la MOE-UE.
Creemos firmemente que ese día está por llegar con la suma del esfuerzo de todos dentro del país. Y cuando así sea, habremos salvado a Venezuela y la comenzaremos a reconstruir…
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), miembro Dirección Nacional de Voluntad Popular, VP.