Gobierno de Colombia asegura que seis mil soldados han sido víctimas de explosivos y minas antipersonales

Colombia’s Defense Minister Diego Molano 2022. REUTERS/Rafael Bossio NO RESALES. NO ARCHIVES.

 

 

 

 

 

Así lo informó el ministro de Defensa Diego Molano, quién señaló como principal responsable de estos ataques a la desaparecida guerrilla de las Farc-EP.

Por infobae.com

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, fue presentado un informe por parte de la Fundación Funvides, en donde señalaron la cantidad de soldados que han sido victimas de las minas antipersona, según el documento el 56% de personas heridas por este tipo de explosivo fueron militares, indicando una cifra aproximada de 6.774 afectados, dentro de los cuales 6.010 eran integrantes del Ejército Nacional.

En el informe se señala como 413.352 miembros de las distintas fuerzas públicas resultaron víctimas del accionar criminal de las extintas Farc-EP. Entre militares y civiles heridos se suman más de nueve millones de víctimas del conflicto armado en Colombia.

Referente al informe el jefe de la cartera de Defensa, indicó que la responsabilidad de todas estas agresiones contra las fuerzas militares y los derechos humanos son culpa de la extinta guerrilla: “Hay 12.136 colombianos de la Fuerza Pública y civiles que sufrieron el horror del enemigo invisible de las minas antipersonal y de los artefactos explosivos improvisados. Son más de 400 mil víctimas de la degradación moral de las FARC, que violaron los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, comentó el MinDefensa Diego Molano.

También aprovechó para extender un mensaje a las fuerzas armadas, lamentando las perdidas sufridas pero resaltando su función en el país: “Como país debemos proteger el valor de nuestra Fuerza Pública y hacer lo necesario para garantizar a sus miembros víctimas de crímenes de guerra de las Farc, el derecho a la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición”, concluyó el jefe de la cartera de Defensa.

Pero no es el único documento de este tipo ante la Jurisdicción Especial para la Paz, recientemente llegó el informe “Dolor, superación y gloria, historias silenciosas de una guerra no escuchada”, realizado por la Corporación Mil Víctimas, que reúne la versión de oficiales de la Policía y el Ejército Nacional que fueron víctimas del empleo sistemático de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados por parte de las antiguas Farc.

El documento fue presentado ante la Sala de Reconocimiento de la JEP y expone 41 casos puntuales de oficiales que cayeron en diferentes campos minados instalados por distintos frentes de las Farc, en el marco del conflicto armado en Colombia y después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

Durante el evento de presentación del informe, que se realizó en Villavicencio (Meta), Rosa Yineth Valoyes, directora de la Corporación, afirmó: “revelamos que gran parte de estas afectaciones se da en el marco de las funciones propias del militar o del policía, bien sea en registros o control de área, erradicación o ataques directos al margen de la ley. Es una realidad que no puede ser invisibilizada”.

Según el informe, entre 2012 y 2020 se registraron 253 víctimas de la Policía por artefactos explosivos, mientras que en el Ejército la cifra fue de 1.873 personas y en la Armada de 294. Por su parte, la Unidad de Víctimas tiene un registro de más de 12.031 víctimas de minas antipersona en Colombia entre 1988 y 2012, causando un total de 2.119 colombianos asesinados por estas trampas.

La directora Valoyes volvió a recalcar la necesidad de que la JEP abra un nuevo caso sobre las afectaciones contra la fuerza pública, y solicitó que los autores de estas victimizaciones por parte de las Farc sean sancionados. “Guardamos grandes expectativas de judicialización y sanción a los responsables, para que los derechos de este nicho poblacional sean reconocidos”, expresó.

Colombia es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa. Colombia suscribió y ratificó este tratado mediante la Ley 759 de 2002.