Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional y coordinador de la Fundación de El Amparo, reveló que los 19 detenidos arbitrariamente en marzo de 2021 durante los enfrentamientos armados entre grupos irregulares en el Alto Apure, han sido torturados y sus casos presentan retardo procesal.
Por María Eugenia Díaz La Patilla
Márquez manifestó que estas personas se mantienen tras las rejas de forma arbitraria en la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, luego de ser acusados por las autoridades penales de traición a la patria, rebelión militar, asociación para delinquir y ataque al centinela, sin existir pruebas que los incriminen.
El exparlamentario calificó como grave la situación de estos detenidos, porque los acusan de los delitos de traición a la patria y rebelión militar al vincularlos con la guerrilla sin ningún hecho que lo soporte.
“Para que exista el delito de rebelión militar se requiere que el acusado pertenezca a un grupo a más de 10 personas armadas que atenten contra con un gobierno, lo cual es improcedente porque todos los señalados fueron capturados en zonas dispersas y luego los juntaron. Además, no tenían armas y no hay pruebas de ello. Tampoco es válido el cargo de ataque al centinela, porque de acuerdo a las leyes venezolanas, este delito debe aplicarse cuando se trate de un ataque a una garita o a un puesto de control militar. Jamás ninguno de ellos atacó estos puestos”, agregó el coordinador de la Fundación El Amparo.
Márquez denunció ante La Patilla sobre las torturas de las cuales han sido víctima estos 19 detenidos, capturados en el Alto Apure, durante el conflicto armado ocurrido el 21 de marzo de 2021, entre grupos armados en el estado fronterizo.
“Tengo en mi poder 19 documentos probatorios, firmados por las autoridades de la medicatura forense, en los cuales se demuestra que los 19 de los 31 presos fueron sometidos a tortura, trato cruel e inhumanos y degradantes”, apuntó
“El panorama es muy lamentable para la Red de Administración de Justicia en virtud de que durante esta confrontación armada hubo detenciones arbitrarias, simulación de hecho punible (falsos positivos) contra 31 prisioneros detenidos casi todos el 21 de marzo de 2021, y cuya medida de privativa de libertad fue ratificada por el Tribunal Militar 14 de Control de Guasdualito en el estado Apure, porque se les acusa de traición y rebelión a la patria, asociación para delinquir y ataque al centinela”, apuntó Márquez.
El tribunal militar de San Cristóbal llevó a cabo la audiencia preliminar. Luego de que el gobierno firmó un compromiso con la Corte Penal Internacional, los entes de justicia pasaron la causa al Tribunal Penal Ordinario de Guasdualito. Los abogados presentaron los argumentos para demostrar que no existía fundamento jurídico para mantenerlos presos en Santa Ana. La juez desestimó ese recurso y se inhibió del caso, por lo cual el juicio en la actualidad está paralizado.
Los abogados defensores y los familiares de los detenidos están a espera de que la Corte de Apelaciones de San Fernando de Apure designe el nuevo juez para este caso. Mientras eso ocurre, la situación de los reclusos es muy compleja, porque las familias humildes deben costear los traslados desde Santa Ana del Táchira hasta Guasdualito, estado Apure.
“Como no hay vehículo, cauchos y gasolina, los familiares tienen que aportar para el traslado casi 150.000 pesos colombianos (41 dólares) por preso. Para cada traslado de los 19 se debe contar con casi 3 millones de pesos (770 dólares), cuya obligación le corresponde al Estado venezolano”, agregó Márquez.