La legítima Asamblea Nacional debatió sobre la inconstitucional reforma del poder judicial en Venezuela, como mecanismo para pretender eludir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).
En este sentido, la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, Yajaira Forero, considera que “la asignación de nuevos magistrados busca preparar el terreno para conformar un TSJ a la medida y frenar el avance de la investigación contra el régimen que cursa en la CPI por crímenes de lesa humanidad”.
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“El régimen intenta lavar la cara a un expediente que suma más de 250 presos políticos, persecuciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, todo esto incluye severos señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos”, comentó Forero.
Forero enfatizó que “quiero denunciar una vez más y desenmascarar al régimen que pretende con una presunta e inconstitucional reforma del poder judicial, dilatar la investigación que el fiscal de la CPI le sigue al régimen venezolano”.
La parlamentaria, Tamara Adrian, puntualizó que “el Tribunal Supremos de Justicia estaba prácticamente paralizado porque muchos de sus magistrados y magistradas habían emigrado, haciendo que fuese imposible el reunir el quorum de las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia”.
Para la diputada, “la reacción de esa supuesta Asamblea Nacional fue la de ponerse la soga al cuello que no fue otra cosa que reducir el número de integrantes de las distintas salas del TSJ”.
“El amago, la intención, la mentira de tratar de aparentar que la justicia venezolana cambiaba un ápice y dejaba de ser una justicia sumisa a Miraflores, ya se está cayendo por su propio peso”, concluyó.
La Presidente Comisión Especial de Justicia y Paz, Delsa Solorzano declaró que “el régimen recientemente ha pretendido impulsar una inconstitucional reforma del sistema de justicia. Una palabra, por cierto (justicia), inexistente en nuestro país”.
“Queremos dejar esto muy claro porque en efecto, no puede haber un sistema de administración de justicia independiente mientras en el ejercicio del poder esté un régimen dictatorial”, exclamó Solorzano.
“Estamos haciendo llegar de manera directa a la Fiscalía de la CPI todas las probanzas tanto teóricas, como documentales en cuanto a la declaración de las víctimas para que quede constancia de otra atroz actuación de la dictadura”, denunció la diputada.
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