Desde que comenzó el proceso de expropiaciones y el estado pasó a controlar casi toda la actividad productiva nacional, nos encontramos que al analizar los números comenzó la caída del empleo, pasamos de tener en el 2005 un 9% de desempleo y una informalidad de un poco más del 40%, a encontrarnos actualmente con que unos 10 millones de los venezolanos en edad de trabajar están desempleados o ejercen la actividad informal, alrededor de un 60% de la población laboral activa nacional.
Las razones están relacionadas con la reducción de las actividades de cada una de las empresas públicas, que pasaron de manos privadas al control del estado lo cual también afectó a las empresas privadas que dependían de los productos que esas empresas estatizadas producían. Lo cual unido a una serie de decisiones públicas que afectan y limitan la actividad privada, ya que como política de estado se le dio prioridad a la empresas en manos públicas dejando a un lado las que ejercían la actividad privada, las razones eran que estas empresas eran especuladoras y entrababan el desarrollo que se quería para el país, todo lo cual estaba establecido en el programa estratégico económico denominado socialismo Siglo XXI.
lo cual afectó el empleo al reducirse en unos 3 millones de puestos de trabajo, también pasamos a ser importadores de lo que antes producíamos y permitía cubrir el consumo nacional, con lo cual, se crearon caídas sociales en las comunidades donde ejercían sus actividades estas empresas públicas que antes eran privadas. Tales como: aumento de los niveles de pobreza, reducción del consumo familiar y desmejora en la calidad de vida. Observándose que una parte de nuestros emigrantes proceden de quienes ejercían sus labores en este conglomerado empresarial público que antes era privado, afectado por la reducción de actividades observándose caídas drásticas a niveles entre 20% y 35% de lo que producían anteriormente, algunas se paralizaron sosteniendo nóminas con salarios que no permitían a los trabajadores obtener los ingresos necesarios para cubrir las necesidades familiares.
Luego de unos 17 años que se inició este proceso estatizador, voceros oficiales hablan de que se van a revertir parte de estas empresas y tierras apropiadas a sus legítimos propietarios y se anuncian cambios en la política estatizadora, para buscar mejorar la actividad productiva nacional, al encontrarse que los productos importados han aumentado sus precios a casi el doble en los últimos 2 años. Lo cual unido a los grandes aportes financieros que realiza el Banco Central para sostener las pérdidas de este inmenso conglomerado empresarial del estado, se estima en más de 70 mil millones de dólares el monto utilizado de recursos públicos para cubrir sus pérdidas y sostener operativas a estas empresas. Las consecuencias de esta política estatizadora siguen actuando como un ancla que limita el crecimiento necesario de la producción nacional, lo observamos en el poco rendimiento de esas empresas estatizadas y su precaria situación financiera. Esperemos y veremos.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.