Se presentó en tribunales de EEUU la venezolana que grabó torturas y pornografía infantil

Moraima Escarlet Vásquez Flores, apresada en Colombia.

 

 

Moraima Escarlet Vásquez Flores, una mujer de 39 años también conocida como Johana Martínez, se enfrentó hoy por primera vez a a Justicia de EEUU. Frente a un magistrado en Burlington, Vermont, Vásquez Flores escuchó las acusaciones que pesan sobre su cabeza: conspirar para secuestrar y asesinar a una persona en un país extranjero, conspirar para producir y producir pornografía infantil, y facilitar la recepción de esa pornografía infantil.

Por Infobae

Tras escuchar los cargos, la mujer venezolana se declaró no culpable, y el juez Kevin J. Doyle concedió la moción de la fiscalía para la detención y ordenó que Vásquez Flores fuera detenida en espera del juicio.

“Según los registros judiciales, en septiembre de 2018, Vásquez Flores, entonces en Venezuela, se habría comunicado por WhatsApp con Sean Fiore, que entonces se encontraba en Vermont. Ambos utilizaban alias. Las comunicaciones de WhatsApp versaban sobre el interés de Fiore en comprar un video que mostraba la tortura de un niño secuestrado, al que se referían como ‘esclavo’. Fiore acabó pagando 600 dólares a Vásquez Flores en tarjetas de regalo de Amazon por el vídeo. Fiore envió instrucciones específicas sobre el abuso que deseaba ver infligido al niño. El 3 de octubre de 2018, Vásquez Flores supuestamente envió a Fiore un hipervínculo a un archivo de video que mostraba a Vásquez Flores infligiendo un abuso sádico a un niño pre adolescente consistente con las especificaciones de Fiore”, informó el Departamento de Justicia de EEUU en un comunicado.

Sean Fiore forma parte de esta trama también, y el año pasado fue condenado en Estados Unidos a 27 años de prisión por el encargo que le hizo a Vásquez Flores. Fiore, de 38 años, se había declarado culpable en octubre de 2021 de haber pedido que se secuestrara y matara a una persona en el extranjero, de asesinato a sueldo y de pornografía infantil.

“El 13 de octubre de 2018, Vásquez Flores habría enviado a Fiore tres archivos de vídeo que mostraban el abuso sádico de un niño prepúber. Fiore no encargó la producción de estos archivos de vídeo”, agregó el Departamento de Justicia.

Vásquez Flores escuchó las acusaciones que pesan sobre su cabeza: conspirar para secuestrar y asesinar a una persona en un país extranjero, conspirar para producir y producir pornografía infantil, y facilitar la recepción de esa pornografía infantil (Arne Dedert/dpa)

 

El organismo de EEUU además reveló que “Fiore envió especificaciones sobre los tipos de abuso físico, humillación y forma de muerte que deseaba ver en el video. En diciembre de 2018, Fiore aceptó pagar 4.000 dólares por este vídeo. En abril de 2019, Vásquez Flores supuestamente envió a Fiore un hipervínculo a un archivo de video de 58 minutos que mostraba el abuso sádico solicitado y la posible muerte de un hombre adulto”.

El fiscal federal Nikolas P. Kerest es quie lleva adelante esta causa en nombre del Estado norteamericano y antes del comienzo de la audiencia de hoy elogió los esfuerzos de las agencias locales en la investigación de Vásquez Flores y Fiore.

Barbara A. Masterson, Fiscal Federal Adjunta para el Distrito de Vermont, Patrick Jasperse, abogado litigante de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales del Departamento de Justicia, y Eduardo Palomo, abogado litigante de la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad del Departamento de Justicia, representan al gobierno. Vásquez Flores será representado por la Oficina del Defensor Público Federal.

Según informó el Departamento de Justicia, “este caso se presentó como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia”.

“Dirigido por las Oficinas de los Fiscales de los Estados Unidos y la Sección de Obscenidad y Explotación Infantil de la División Penal (CEOS), el Proyecto Infancia Segura reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar mejor a los individuos que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas”, concluyó el comunicado.