Desde hace años Venezuela atraviesa una serie de medidas sociales y económicas restrictivas que imposibilitan una buena atención médica hospitalaria. Pero en 2017, todo empeoró cuando el Estado venezolano suspendió el Programa de Procura de Órganos y Trasplantes. Desde entonces, los pacientes crónicos se han visto en la tortuosa angustia de esperar por una nueva política que reactive este beneficio y permita a miles disfrutar de una mejor calidad de vida, al optar por un tratamiento sustitutivo que los aleje del riesgo a morir.
Ante la necesidad de los más vulnerables, un grupo de personas ha optado por postular ofertas de ventas de riñones que sobrepasan el margen de la ética y la moral para escapar de la miseria y tomar ventaja. La Patilla conversó con diversos especialistas en la materia para abordar el auge de estos delitos, de qué manera pueden ser sancionados los autores intelectuales criminales y responder a una gran interrogante: ¿Los hechos ocurridos están vinculados a un tráfico de órganos?
Por: Elizabeth Gutiérrez y Luis Eduardo Martínez | lapatilla.com
Sin derecho a la vida
Lo que aparentemente inició como una suspensión temporal, se transformó en un hecho sin fecha de retorno para hacer trasplantes en Venezuela. Francisco Valencia, director de la ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), aclaró las complicaciones que desencadenó dicha medida.
“Cuando se suspendieron los trasplantes hace cuatro años, quedaron en lista de espera, que ya habían hecho sus colas para trasplantes, alrededor de 1.000, 1.500 personas. Hoy en día, no se sabe si fallecieron o no. Actualmente, la población de personas en diálisis es de alrededor de 6.000 personas. Pero no quiere decir que porque haya 6.000 en diálisis, todas sean candidatas para trasplante. Normalmente, se calcula que un 60 % de esa población podría ser candidata a un trasplante”.
Asimismo, el encargado de Codevida reiteró que un paciente puede optar al sistema privado siempre y cuando tenga un donante con una relación parental. No obstante, debe contar con los recursos necesarios. Según sus cálculos, un trasplante de una persona a otra en una clínica de Caracas se aproxima a los 90.000 dólares.
Tráfico de órganos, ¿real o ficción?
Luis Hernández, médico nefrólogo especialista en trasplante renal, detalló que hay una serie de motivos que comprueban que el tráfico de riñones en el país no es factible. En primer lugar, por la legislación a la que se encuentran sujetos las donaciones de órganos. En ella se especifica que los únicos capaces de donar son familiares de hasta un quinto grado de consanguinidad, con excepción de los cónyuges o hijos adoptivos con más de dos años desde la adopción.
Y aunque todo esto se puede alterar, aún no se puede excluir el hecho de que debe existir compatibilidad entre el donante y el receptor. “Es un aparataje muy grande porque a esa persona yo tengo que hacerle las pruebas para ver si resulta compatible con el receptor, porque si no es compatible así le saque el riñón la otra persona lo va a rechazar. Así le ponga la medicina más fuerte que existe en el mundo”, acotó Hernández.
En segundo lugar, se deben contar con las condiciones adecuadas para poder realizar el trasplante, en la que se incluyen, varios quirófanos, máquinas y líquidos especiales, medicamentos inmunosupresores, y todo ello representa un alto costo y nivel de atención que no cualquiera puede manipular o llevar a cabo.
“Debes tener las máquinas de perfusión, las máquinas para mantener la isquemia, tener los medicamentos para inducir la inmunosupresión. Es decir, si no se tiene eso no lo puedes hacer y si se tiene se está haciendo escondido. Si te descubren vas preso porque es un delito. Estás pasando por encima de la ley”.
Al margen de la clandestinidad
El doctor agregó que los centros de trasplantes y los cirujanos encargados de hacerlo deben de estar certificados por el Ministerio de Salud. “Tendría que haber un centro de trasplante clandestino que haga ese tipo de situaciones. Si tú no cumples los requisitos no te trasplantan y en los centros públicos no se está trasplantando. Lo están haciendo los centros privados y ningún centro privado se va a prestar para eso”.
“No considero que aquí en Venezuela haya centros de trasplantes clandestinos. Además, somos un mundo pequeño, somos pocas las personas, los cirujanos de trasplante”, remarcó.
A criterio personal, el especialista considera que se trata de una estafa para jugar con el dolor ajeno. “El desespero de un paciente renal es que puede vender hasta la casa para quitarse ese dolor. Porque está desesperado. También hay que ver el desespero de los pacientes que están en diálisis. Que se impacientan por salir de la máquina”.
“La donación es altruista. Son actos que se hacen de corazón. No es un acto comercial, un acto de comercio no se realiza en los centros de trasplante”, puntualizó.
Valencia concuerda y destacó que las denuncias propiciadas en los últimos días son eventos excepcionales y le hacen dudar de que corresponda a una mafia de tráfico de órganos. “Es difícil, hay que aclarar esto, que en Venezuela exista el tráfico de órganos (…) Cuando hay crisis humanitaria en los países, falta de ingresos familiares, y esta persona por desconocimiento, quizás, aprovechó que el tema de trasplante ha estado en la palestra de los medios de comunicación y decidió hacer esta oferta”.
El hecho punible
La presunción de que en Venezuela se estaban realizando comercios ilegales de órganos estalló el pasado 15 de abril cuando surgió la denuncia de venta de riñones a través de la plataforma de Facebook, MarketPlace. Posteriormente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturó a una mujer en el estado Portuguesa quien realizaba este tipo de publicaciones indebidas con el fin de obtener miles de dólares.
Dos días más tardes en el estado Bolívar, tras realizarse una serie de pesquisas informáticas, dieron con la ubicación de una pareja que también estaba comercializando la venta de un riñón.
Claramente, el artículo 10 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos, prohíbe la donación con fines comerciales o cualquier tipo de compensación. En el artículo 45 de la misma ley, se establecen penas de prisión de entre 4 y 8 años para quienes incurran en estos delitos, y eso incluye a profesionales de la salud.
Acciones contundentes
Comentando sobre el marco legal, el abogado criminalista Fermín Mármol García explicó que ese delito también puede concatenarse en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, porque aunque pudiera probarse que es un hecho aislado producto de una descomposición social o profundos problemas culturales, no se descarta la existencia de organizaciones delictivas nacionales o trasnacionales que captan a personas vulnerables.
“Puede ser que una persona lo haga por desesperación, pero también puede ser que haya una delincuencia que capta víctimas”, señaló el profesional del derecho.
En tal sentido, Mármol García apuntó que los distintos órganos que pertenecen al sistema integrado de Justicia Penal deben actuar de manera contundente ante este modus operandi que muestra sus primeros pasos. “Además de detenerlos y procesarlos, deben robustecer las campañas preventivas por las buenas costumbres, la convivencia ciudadana, no ser una víctima fácil del crimen”.
Agregó que Venezuela ha adolecido desde hace mucho tiempo de campañas de políticas públicas inexistentes y considera que vale la pena proteger a los que están en minusvalía.
Sobre el quebrantamiento de la ley, el criminalista expresó que al ser un delito de acción pública, puede actuar a motus propio del Estado, sin embargo, amplió su criterio mencionando que al estar dentro de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, van a ser delitos que no tendrán beneficios procesales para el imputado.
“Tanto el que está vendiendo los órganos, como el que los está recibiendo, los médicos practicantes, tienen que ser procesados; y los médicos tendrán que demostrar en su descargo que fueron sorprendidos en su buena fe, si pensaban que se trataba de un tema lícito de donación”, desarrolló. “Va a ser interesante ver cómo va a precalificar el Ministerio Público y en definitiva cuáles jurisprudencias van a asentar nuestros tribunales penales”.
Una garantía inmediata
Para el activista Francisco Valencia, la solución inmediata es clara, y debe pasar por el accionar oportuno del Estado venezolano en materia de salud. “La ley establece que los trasplantes son gratuitos y quiere decir que el Gobierno tiene que garantizar el tratamiento pre y post trasplante”.
La fórmula para lograrlo, de acuerdo con su experiencia, es reactivar los antiguos programas que respaldan a los pacientes a la espera de un trasplante. A su vez, exhortó a incentivar la integración de los especialistas que tienen conocimiento del tema para detener las muertes de cientos de adultos y niños.
“No solamente con activar parte de un trasplante se soluciona. Ellos anunciaron activar trasplantes solo de vivo a vivo, y la mayoría de la gente, no tiene un donante. Aquí se debe activar el programa completo para que todos tengan la misma oportunidad de tener un trasplante”, finalizó.