Desde el principio de su gobierno, Hugo Chávez promovió y respaldó las invasiones de casas y apartamentos ajenos, desconociendo el derecho a la propiedad privada por muy constitucional que fuese, por cierto, apoyado por la constituyente de 1999 que aseguró que para siempre resolvería los problemas del país. Después de muchísimos años en los que las invasiones han estado permitidas, excepto se trate de un inmueble propiedad de un gran enchufado, el asunto degenera y se conforman las grandes mafias invasoras que después negocian con la casa o el apartamentico. Por ello, de vez en cuando, en las principales ciudades del país, son denuncias visitas de inspección de desconocidos a urbanizaciones y también barriadas para ver si hay algo libre que invadir. Y en la medida que se acercan vacaciones como las de Semana Santa, la gente menos todavía deja sus casas solas. Y con todo y eso, están avisadas.
Pero hay otras invasiones de marca mayor que tiene su auge en las principales ciudades del país. Imaginamos que Caracas marca la pauta al igual que Valencia y Maracay, predios exclusivos del Tren de Aragua que ha pactado con los colectivos armados. Concretamente me refirieron a San Cristóbal, donde el negocio es hacerse dueño de grandes y medianos locales comerciales así estén activos, abran y cierren todos los días, sean quincallas, ventas de ropa o comida. El modo de operación es que un piquete de personas son apostadas a las puertas del local cuando los dueños los han cerrado en la tarde o a primera hora de la mañana todavía no abren. Unos sujetos se encargan de romper con mucha tranquilidad los candados y subir la Santamaría, forzando cualquier cerradura. Otros, barren la acera, venden unos mangos en el piso y, más allá, los hay armados para una situación extrema y dispuestos a hacer algo más que “campaneros”. Ya en dominio del local, se instalan otros sujetos como dueños. Y cuando vienen los dueños verdaderos y arman el zafarrancho, llaman a la policía, pero ésta no solo aprecia y toma los documentos de propiedad, sino también toma y aprecia los falsos que presentan los invasores, y dicen que esa cosa debe dirimirse en los tribunales. Ha ocurrido unas tres situaciones diferentes: por una parte, los apresados son los dueños porque se violentaron y trataron a la fuerza de ocupar su propiedad que no está nada claro para las “autoridades” que saben muy bien que se arriesgan a perder el puesto porque ahí mandan las mafias. Por otra parte, así el policía sepa la verdad y haya testigos, el asunto debe seguir su curso “judicial”. E, incluso, para rematar la situación, previsivo, hubo un propietario que sorprendió a los invasores en plena faena y la policía llegó para “resolver” el caso: sólo salvó al verdadero dueño de morir de una puñalada, porque los invasores exhibieron no sólo otro documento de propiedad, sino una autorización ministerial o del juez rector del estado, por lo que se requirió de la presencia de la Guardia Nacional que dictaminó que era un asunto de lo que llamábamos antes: la “petejota”. Así que a esperar por largos días que se resuelva el tema que más nunca y nadie solventará, quedan el falso dueño en posesión del lugar y fondo de comercio, mientras el verdadero también debe lidiar con las amenazas de muerte.
Como vemos, no son ya esas “invasioncitas” de antes. La operación implica a gente que se les paga para que hagan el “paro”, desempeñando un papel teatral. Los casos se van diluyendo. La versión que me llega es que las nuevas autoridades municipales junto a sus mafias tan particulares, saben que todo está repartido entre las viejas mafias, llegando tarde. No queda nada desocupados. Entonces, se dedican a ocupar lo ocupado para montar un negocio. La economía no da para mantener cafeterías de lujo, venta exclusiva de ropa de marca, etc., pero ¿quién dijo que para eso debe andar bien la economía? Son simples y vulgares lavanderías de dólares, regadas por doquier. Sólo eso. Y es una línea comercial que no tiene que ver con las guerrillas del vecino país, porque – en el caso del Táchira – ellas se dedican a un negocio mucho más importante con el gobernador usurpador del estado