El régimen de Nicolás Maduro ha impulsado de forma inusitada la construcción de nuevas plantas de cianuración en la amazonia venezolana, que -como hemos contado en reportajes anteriores- ha repartido a su antojo entre los jerarcas chavistas para beneficiarse de la minería ilegal, que ha promovido sin importarle las consecuencias medio ambientales ni la amenaza que supone para las comunidades indígenas.
YÉSICA SÁNCHEZ // LIBERTAD DIGITAL
SOS Orinoco ha investigado en profundidad el auge de este tipo de instalaciones, que a priori -todo apunta- se explicaría con la intención de sacar mayor rentabilidad a la extracción de oro y mantener el absoluto control del negocio. Así el material aurífero extraído tendría que pasar obligatoriamente por estas plantas. Pero -ya les adelantamos- la cuestión va más allá de lo que parece a simple vista, según fuentes de la ONG consultadas por LD, cuya identidad nos reservamos para preservar su seguridad.
Los expertos que colaboran con la organización trabajan en la sombra y bajo el anonimato desde que ésta dio sus primeros pasos. Venezuela es “un país totalitario” en el que “es muy difícil denunciar”, como advirtió su fundadora, Cristina Burelli, en declaraciones a este periódico. “Es peligroso porque no sabes dónde puedes acabar“, sentenció.
Debemos tener en cuenta que -desde 2018- SOS Orinoco investiga esta trama del ‘oro de sangre’ en la que está implicado el propio Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Un negocio con muchas ramificaciones, en el que las plantas cianuradoras tienen un papel relevante.
Les puso sobre la pista “la súbita inversión y la extensa propaganda alrededor de los proyectos de construcción”, nos comenta uno de los investigadores de la ONG. La insistencia de Maduro por “lo que el Gobierno llama el cambio hacia una tecnología ecoamigable“, les hizo sospechar. Son conocedores de los intereses espurios que mueven a al jefe del chavismo.
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