En términos generales, la sociedad civil organizada ha sido hechura de los partidos que nos condujeron a la modernización en el siglo XX. Por ello, sufrieron de un inmenso condicionamiento que muy bien pudo superarse al comenzar la nueva centuria, en respuesta al enmascarado, pero feroz ascenso autoritario de entonces.
Quizá porque lo supo el régimen desde siempre, empleó los mecanismos judiciales a la mano para evitar la renovación de la directiva de los colegios profesionales, a modo de ilustración. Destruir la institucionalidad partidista significaba reivindicar aquella emanada de los esfuerzos de organización y de movilización de la ciudadanía, en una cuadra de vecinos, en una escuela universitaria, o en cualesquiera gremios de la clase media a la que debía infringirle una definitiva derrota.
Triunfo inadvertido al pasar los años, impidió que se hicieran los comicios correspondientes en toda instancia convincentemente participada, acabando con la universidad libre y autónoma, como ahora con sus egresados legítima y legalmente colegiados. Y, en lugar de desafiar al sistema empuñando la propia Constitución de la República, los gremios lentamente se opacaron y apocaron, muchos de ellos adocenados y resignados, pues, no se atrevieron a ser lo que son: la sociedad civil organizada, por mucho que los médicos fuesen perseguidos y huyeran del país, por ejemplo.
Ahora, hay una tendencia a la entusiasta aceptación de renovar las autoridades colegiales, a través de una selectiva o masiva celebración de las elecciones gremiales bajo la égida del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que obviamente tiene interés el régimen. De ocurrir, desmentiría la naturaleza misma de las instituciones que se ha dado la sociedad civil, subordinándolas al Estado; ésta es la hipoteca política que se gestiona en Miraflores, en nombre del diálogo social o foro cívico, a falta de un mejor eufemismo.
En tal sentido, la dirigencia gremial que rasga sus vestiduras opositoras, incluso, al aceptar la intervención del CNE, olvida convenios fundamentales, como el número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación que data de 1948: “La libertad de asociación y la libertad sindical significan que los trabajadores y los empleadores pueden crear sus propias organizaciones, afiliarse a ellas y dirigirlas sin injerencia del Estado”. Además, “la legislación nacional debe respetar el principio de libertad sindical o de asociación que no debe ser ignorado ni prohibido para ningún sector”.
¿Acaso la República no reconoció esos convenios? ¿Algún escribidor de las redes sociales puede asegurar que sus principios son exclusivamente aplicables a un sindicato de la alpargata y no de un bien calzado e ilustre colegio profesional?
Luego, ¿es dado aceptar esta segunda derrota de la clase media ilustrada, luego de acabar con el aula superior en Venezuela? ¿O mejor es no hacer preguntas, esperando un milagro sin demostrar – en contraposición, ganándolo – la más mínima fe?