Amnistía Internacional lanza Acción Urgente Mundial para que cesen los ataques contra los defensores de derecho humanos venezolanos Marino Alvarado y Alfredo Infante
El 16 de mayo de 2022, los reconocidos defensores de derechos humanos venezolanos Marino Alvarado y Alfredo Infante recibieron notificación de una demanda por difamación interpuesta en su contra por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. La demanda surge como respuesta a un informe publicado en marzo por las ONG a las que pertenecen Alvarado e Infante, Provea y Centro Gumilla respectivamente, que denuncia posibles ejecuciones extrajudiciales en el estado Carabobo y la falta de rendición de cuentas del gobernador. El gobernador debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Gobernador del estado Carabobo
Rafael Lacava
Calle Colombia c/c Montes De Oca, Casa Alvarado,
Capitolio de Valencia, Valencia, Carabobo
Venezuela
Email: [email protected]
Twitter: @rafaellacava10
Estimado gobernador Rafael Lacava,
Le escribo para alzar mi voz en apoyo a Marino Alvarado y Alfredo Infante, dos reconocidos defensores delos derechos humanos contra quienes ha presentado una demanda por exponer y condenar posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la policía de su estado y exigir la rendición de cuentas de la cadena de mando. Atacar a las personas defensoras de los derechos humanos con acciones penales por ejercer su derecho a defender los derechos humanos es contrario al derecho internacional de los derechos humanos, así como alas reiteradas recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y otros órganos de derechos humanos. Las personas defensoras de derechos humanos deben ser protegidas, no agredidas, especialmente cuando enfrentan valientemente amenazas a su integridad, trabajo y vida por exponer graves violaciones de derechos humanos y exigir los más altos estándares de justicia para las víctimas. Le exhortamos a retirar la demanda contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, abstenerse de bloquear los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas de la cadena de mando por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su estado y proteger a los defensores de los derechos humanos.
Atentamente,
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
En marzo de 2022, las ONG Provea y Centro Gumil la publicaron un informe que exponía posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de la policía del estado Carabobo, Venezuela, y pedía rendición de cuentas de la cadena de mando. En respuesta, el gobernador del estado -quien estaría incluido en esta cadena de mando- interpuso una demanda por difamación contra dos miembros de dichas ONG, Marino Alvarado y Alfredo Infante. Tanto Marino como Alfredo son respetados e incansables defensores de los derechos humanos en Venezuela.
Este informe se publica dentro del proyecto conjunto “Lupa por la Vida”, que monitorea violaciones al derecho a la vida
a nivel nacional, enfocado en ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. No solo arrojó
luz sobre posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de policías estadales en Carabobo, sino que concluyó que las
fuerzas policiales de Carabobo habrían sido las más letales en 2021 en Venezuela.
El informe y las declaraciones públicas de sus voceros, Marino Alvarado y Alfredo Infante, llamaron específicamente a investigar posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las fuerzas policiales de los estados Zulia y Carabobo. Ante la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los defensores de derechos humanos destacaron la importancia de incluir la responsabilidad de la cadena demando en todas las investigaciones penales.
El gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que ha llevado a más de 6.1 millones de personas a huir del país en busca de seguridad y protección en el exterior.
Estos ataques no son aislados. Desde principios de 2021, la sociedad civil en Venezuela ha denunciado una nueva ola de represión contra personas activistas y defensoras de derechos humanos, centrándose en criminalizar la cooperación internacional e intentar implementar nuevos mecanismos represivos sobre la sociedad civil en el país en 2021, y más recientemente en mayo de 2022. Otro defensor de los derechos humanos venezolano y preso de conciencia, Javier Tarazona, director de la ONG FundaREDES, sigue detenido arbitrariamente y necesita urgentemente atención médica.
En 2020 y 2021, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU documentaron cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias; y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. También documentaron cómo se utiliza el sistema de justicia venezolano para llevar a cabo y enmascarar estas violaciones de derechos humanos, asegurando la impunidad de las y los perpetradores, incluidas las autoridades de más alto rango.