En días recientes, Nicolás Maduro se refirió a la reactivación -en realidad nunca se ha desactivado- de los “compatriotas cooperantes”, “sapos”, “soplones”, o como quieran o queramos denominar a esos agentes delatores que serán contratados para vigilar y exponer a quienes trabajan en los centros de salud en Venezuela. La mención, el hecho, no puede pasar inadvertido para la ciudadanía en general, por múltiples razones.
Delatores infiltrados han existido siempre pagados – como suponemos que será el caso- o no. Eran muy efectivos, por cierto, en los oscuros momentos de la tenebrosa Seguridad Nacional. Esto será lo que se quiere reeditar desde el poder. La bajeza del acto miserable es sólo comparable a la del propio régimen. Habrá que preguntarse, si no hay dinero disponible para nadie -veamos a todos los trabajadores públicos del país y sus diarias protestas por salario, seguridad social y condiciones- en los empleados formales: ¿De donde surgirán los recursos que el régimen de la peor hipócrita manera dice no tener? ¿Les pagarán a los sapos más que al personal médico y de salud en general? Porque nadie podrá prestarse a ese vil empleo de señalar y escupir sobre el otro, si la actividad no lo remunera suficientemente, más allá del mísero salario mínimo. Por otra parte, esto significa poner en duda permanente la honestidad, la probidad de quienes trabajan en salud, exponiendo sus vidas y las de sus familiares, con las imposibilidades materiales suyas y del lugar de trabajo. Sabemos que hay hospitales, ambulatorios y otros centros de salud a los que ni el agua les llega.
Señalar, como hace el secuestrador del poder en Venezuela, al personal de salud, es un despreciable acto que procura esquivar las responsabilidades reales. El deterioro inmenso, indecible, de los centros de salud pública no se le puede achacar al personal. La salud es un problema fundamental del Estado. Y si se encuentra en el pleno estadio de deterioro y abandono en el que todos sabemos que está se debe al descuido, a la irresponsabilidad del régimen del terror. Nunca al personal que atiende, del que todos conocemos su desinteresada entrega diaria. Lo mal remunerado y lo desprotegido que se encuentra, como los bomberos, los educadores y toda la administración pública diezmada por Maduro y sus secuaces.
¿Cuantos otros hospitales se han construido en Venezuela en estas últimas dos décadas? ¿El problema de la salud es solo la carencia de insumos que todos conocemos que no llegan a hospitales y ambulatorios donde ni oxígeno hay en la mayoría de las oportunidades? ¿La remuneración del personal médico, enfermeras, personal administrativo, camilleros, obreros, vigilantes, está acorde con su formación, con su tiempo de trabajo en las más depauperadas condiciones riesgosas? ¿Es personal suficiente para atender adecuadamente los requerimientos diarios de esos centros médicos? Todos sabemos que no. ¿Es responsabilidad del personal que se mueran por desatención, por falta de medicamentos, de los aparatos adecuados, pacientes que van desde niños en el JM hasta personas con VIH, o cáncer, por mencionar sólo algunas posibilidades? No. Sabemos que no. Todos sabemos que no. La corrupción en Venezuela no se encuentra en los centros de salud, se encuentra en el poder, en el manejo del poder del Estado sin control administrativo alguno.
La salud de la ciudadanía, de los habitantes de un país, es un derecho humano. Así como la educación y el trabajo, la salud ha sido maltratada hasta el exterminio en el país, por culpa ineludible de un régimen oprobioso, ese que no ha tenido escrúpulo alguno en robar y destruir todo lo que a su paso ha encontrado en más de veinte años. Así que no traten de despistarnos malamente, burdamente. Así que no trate de despistar Maduro, mintiendo acerca de donde está el inmenso problema de la salud en Venezuela. Todos sabemos dónde está: en Miraflores y sus cercanías. Nada más. La salud es parte también del derecho a la vida. Esa que por diversas razones carece de garantías en el país. Por ejemplo: la salud.