Con el Acuerdo de Paz en Colombia encarrilado pese al reto de la violencia en algunas regiones, las autoridades de este país pidieron este jueves a la comunidad internacional ayuda para combatir el narcotráfico.
Ese ha sido el mensaje que llevó la delegación colombiana, encabezada por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, primero al Consejo de Seguridad y luego a otra larga reunión informal convocada por Irlanda en la que participó Eamon Gilmore, el representante especial de la Unión Europea (UE) para Derechos Humanos y enviado especial para el proceso de paz de Colombia.
De Roux, cuyo crudo informe sobre seis décadas de conflicto armado en Colombia fue publicado el pasado 28 de junio, recordó que se había tratado como un problema de “seguridad nacional” y se convirtió en una guerra contra los campesinos desposeídos de la tierra que se refugiaron en el cultivo de la coca.
Sin embargo, la “prohibición armada” no hace más que “aumentar los beneficios del tráfico de drogas”, indicó en el Consejo de Seguridad, que analizó el último informe trimestral de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Las víctimas de Colombia, comentó, han dicho “alto y claro” que pidan a los países consumidores que “compartan sus responsabilidades” para capturar a los barones de la droga, y se sienten en el proceso de la justicia transnacional al igual que el resto de los protagonistas de la guerra.
“Deben venir y hacer declaraciones públicas de la verdad sobre sus socios políticos, económicos y militares”, así como los bancos donde tienen su dinero y reparar financieramente a las víctimas, agregó.
La vicepresidenta Ramírez también recordó al resto de los países que tanto han elogiado su proceso de paz, que los colombianos son “las principales víctimas del tráfico de drogas”.
Y criticó la “insuficiente” cooperación internacional para perseguir los activos de los capos de la droga en paraísos fiscales y sus inversiones en bienes inmobiliarios y otros sectores.
El presidente Iván Duque entregará el testigo el 7 de agosto al exguerrillero de izquierda Gustavo Petro, quien propuso al Ejército de Liberación Nacional (ELN, última guerrilla reconocida del país) un alto al fuego bilateral para reiniciar los diálogos de paz.
Esta negociación, que a la vez preconiza la Comisión de la Verdad, debe incluir información sobre “rutas de la droga” para poder prevenir la violencia, apuntó Ramírez.
Gilmore, que recordó que la UE seguirá apoyando a Colombia “el tiempo que sea necesario”, le dio la razón a la delegación colombiana, destacando que los países que más consumen droga, en particular, necesitan “hacer más y de una forma más innovadora” para resolver ese problema.
“No se puede resolver solo por el lado del suministro”, dijo.
AFP