Los tentáculos del colapso eléctrico se deslizan bajo las sombras que dejó el megaapagón de 2019. Los anuncios oficiales de una mejoría se descartan cuando el servicio continúa deficiente en un 62,4% durante el primer semestre de 2022, según registros del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) y las regiones de centroccidente con mayores afectaciones. Especialistas lamentan esa caída del parque termoeléctrico, considerando que no se puede depender de la generación de energía hidroeléctrica y abandonar la demanda nacional que no llega a los ocho mil megavatios.
Por Guiomar López / Julián Alvarado | LA PRENSA DE LARA
En ese sondeo de las fallas en el suministro de servicios públicos, la energía eléctrica encabeza la lista con 36%, seguido del agua en 29,8%, el área de telecomunicaciones está a 20,2%, aseo en 8,5% y gas doméstico se reflejó en 5,6%. Una percepción desde el ciudadano que debe afrontar las deficiencias en la cotidianidad, ajustar a otros hábitos y aprender a superar los temores ante riesgos del cambio de rutina en los quehaceres o actividades productivas y hasta perder electrodomésticos debido a repentinos cortes del servicio.
Según Julio Gutiérrez, presidente de Colegio de Ingenieros de Lara, “el sistema se vino a pique y ni siquiera Lara escapa a esa realidad”. Se regresa a 1999, cuando el Gobierno recibió una capacidad instalada de 30.980 megavatios con una demanda que era de 14 mil a 16 mil megavatios. “Pero debió concebirse desde la planificación y coordinación, sabiendo que crecería el parque industrial y el aumento de la población”, recalca de esa exigencia por cubrir la demanda, que considera abandonada porque no llega a ocho mil megavatios.
Precisa lo importante de mantener la dualidad de generadores de energía termoeléctrica a base de combustible (gasoil, fuel oil o gas) e hidroeléctrica con más concentración en embalses caudalosos de Bolívar. Rechaza la falta de planes operativos anuales y cómo se dejó de contar con termoeléctricas de manera paulatina, empezando con la planta centro de Carabobo, planta Rafael Urdaneta en Zulia y así siguió el descenso de operaciones. Entre las principales causas figuran uso de combustible contaminado y hasta falta de cambio de filtros que deberían ser por cada 3 mil horas, entre otros descuidos por la falta de mantenimiento preventivo.
También recuerda esas deficiencias desde el embalse el Guri, considerado con un funcionamiento prácticamente al 50%, por la falta de turbinas, quedando sin servicio de acuerdo a la entrada de agua.
Focalizado
Al centrar la atención en la mayor afectación que sufren regiones de centroccidente, tal como lo refleja la consulta ciudadana realizada por el OVSP, se tiene que la constante de fallas empieza por San Cristóbal en 92,9%, Mérida en 89,4% y el tercer sitial a Maracaibo con 77,3%.
Gutiérrez precisa que Táchira y Zulia figuran como los últimos en la cola en espera de energía desde el Guri, lo cual no presentaba tanta dependencia porque se compensaban con la generación termoeléctrica. “Ni siquiera Zulia se salva teniendo más petróleo porque no cuenta con la producción de los complejos Rafael Urdaneta y Ramón Laguna”. Cita el margen de deficiencia en la población zuliana, que sólo recibe 400 kilovoltios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la demanda en promedio en 2 mil megavoltios, una ecuación muy distante a la realidad porque sería una recepción de alrededor de 400 mil voltios y requiere unos 2 mil millones de voltios.
“Para emparejar se tienen que recuperar las termoeléctricas”, denuncia al lamentar que la situación se repite en Táchira con la salida de las plantas de El Vigía y de La Fría. De allí, ubica la administración de carga que no es más que racionamiento en los demás estados para poder auxiliar a Táchira, Zulia y Mérida.
Recalca que Lara depende alrededor del 65% del SEN y el restante 35% de termoeléctricas, pero viene arrastrando ese vacío que se acentuó entre 2010 a 2012, con una demanda de 750 megavatios y se producía un promedio de 300. Sufre más Palavecino con un sistema de abastecimiento de agua de 95% por pozos profundos y requiere energía para los equipos electromecánicos, tales como motores, bombas y transformadores.
Ese daño lo confirma el ingeniero, Raúl Azparren, titular del grupo “Activos por la luz”, en el conteo de denuncias en sectores de Iribarren, Palavecino y Simón Planas con 3.006 fallas en el servicio eléctrico, correspondiendo 591 fluctuaciones de voltaje y 2.415 cortes.
Señala que 60 sectores de Lara reportan ese nerviosismo por los frecuentes cortes de la energía eléctrica. De allí, precisa que en junio de 2022 se registraron 302 cortes, siendo 14% por debajo de junio de 2021. Lamenta que esto no ocurrió en la totalidad del semestre, el cual fue 34% más que el año pasado.
Uno de esos testimonios lo ofrece Loris Parra, habitante de la urbanización Terepaima de Barquisimeto, al denunciar que están padeciendo desde hace ocho días de la falta de este servicio y necesitan un transformador. Más de 96 familias están afectadas y ni siquiera han tenido respuesta a los reportes a Corpoelec y otros entes correspondientes. Son 8 torres de 20 apartamentos, con vecinos atravesando este drama.
Cada hora que transcurre aumenta la zozobra en la urbanización. La pérdida de alimentos por falta de refrigeración e influye en el suministro de agua. “Se nos quemó el transformador y a partir de eso hemos tenido muchos problemas. Hemos llamado y ya no aguantamos esta situación. Estamos desesperados”, rezonga Yadilka Beltrán.
Ese tormento también lo viven en la comunidad de Macuto, al sur de Barquisimeto, al menos 120 familias que reclaman tener más de 20 días sin energía eléctrica. Los afectados también reclaman por la precariedad de otros servicios como el gas.
Los vecinos se han pronunciado y exigen a los entes competentes tener una solución rápida. De hecho, manifestaron que si continúan sin luz, próximamente podrían recurrir a realizar una protesta de calle en el puente Macuto para presionar por una pronta atención.
Sobran las preguntas entre los afectados, porque no entienden cómo es posible que a más de tres años de la crisis energética aún sigan esperando por respuestas. Se niegan a seguir viviendo entre la resignación y el nerviosismo de esos cortes eléctricos que carecen de planificación.
Se vulneran los derechos
Cuando se pregunta a Marisol Bustamante, defensora de los derechos humanos, lamenta que las deficiencias del servicio eléctrico empiezan por echar por tierra el artículo 25 de la declaración universal de los derechos humanos. Allí se destaca que no respeta la calidad de vida de los venezolanos, sometidos a las deficiencias de un suministro eléctrico entre fluctuaciones y cortes excesivos.
Recuerda que para que el Estado cumpla esta garantía debe empezar por la institucionalidad, “pero la realidad está fraccionada por ese quiebre que no asegura los servicios de electricidad, agua, ni aseo urbano”. Denuncia que sin instituciones apegadas a las necesidades de la población no se pueden preservar los derechos a una mejor calidad de vida y sólo se sentencia a una especie de sobrevivencia.
Ubica a este indicador como uno de los fundamentales para determinar en la esperanza de vida, de acuerdo al nivel de facilidad y accesibilidad para la cotidianidad familiar, además de la pertinencia para el sector productivo de la nación. “El impacto es extremo con un retroceso que podría llegar a 10 años”, precisa de ese riesgo demográfico que incide directamente en la recuperación económica en general.
Precisa que las soluciones dependen de la voluntad política y de la disposición para rescatar la institucionalidad. Todos trabajando por el bienestar ciudadano y sin destinar al fracaso prematuro por falta de asistencia.
Necesitan recurso humano
El personal calificado se hunde en un déficit de hasta 50%, según Alberto Perozo, representante del sindicato de Corpoelec, los trabajadores atraviesan varios años de desidia y es difícil esa recuperación en experiencia, porque para el entrenamiento de cualquier profesional o técnico en el área eléctrica se necesitan mínimo de 5 años de entrenamiento para un dominio en general.
Explica que esto les deja el retraso de respuestas porque la mayoría de técnicos y administrativos se retiraron por no devengar un salario digno. “Duele cómo se nos fue personal tan valioso y con larga carrera, que simplemente optaron por abandonar para honrar sus compromisos familiares”, se queja.
También señala como otro detonante, que tienen aproximadamente 14 años sin la dotación regular de uniformes o implementos de seguridad. Esto se ha limitado a eventuales entregas al año y olvidando la necesidad de contar como mínimo con los guantes de alta y baja tensión, las varas pértigas para introducir fusibles y hasta la operatividad del laboratorio de pruebas.
Rechaza esa situación en la que se ven sometidos alrededor de 1.200 trabajadores en Lara, sólo por vocación de servicio.