Los ciudadanos fuera del país tienen derecho a votar. Un Estado democrático, serio y responsable debe garantizarlo. Sin embargo, la falta de vergüenza y la pícara desfachatez entorpece a conveniencia el camino y lo atiborra de obstáculos. De acuerdo con la Constitución tienen la facultad del ser humano para legítimamente sufragar como cualquier otro radicado en la nación. El venezolano en el exterior debe ser respetado en cualquier consulta esté donde esté; tiene consagrado la potestad del voto, que debe reclamar con raigambre, firmeza y valor para elegir a la nueva dirección política de oposición, primer paso del cambio político, económico y social. Unos primeros, otros después.
El Poder Electoral, está obligado representar a todos y un rector igualmente. Así está escrito en la Ley, que pocos acatan y escasos cumplen. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, escogido en una negociación agazapada, lúgubre, turbia, pero de interés para infiltrados cohabitadores y alcahuetes, hizo presumir simbolizaba un freno al abuso y arbitrariedad del castro-madurismo. Su neutralidad, suponía proteger, defender al ciudadano de las violaciones y despropósitos habituales oficialistas. Sin embargo, no resultó así en la práctica. Fue una farsa, una estafa, un vil, bajo y despreciable engaño.
Los compatriotas forzados a emigrar, son el segundo más elevado del mundo. El comisionado de la ONU para refugiados, contabiliza cerca de siete millones; que el perjuro funcionario electoral pretende olvidar, dejándolos huérfanos, sin representación, y, que, además, con desvergüenza rechaza. Atroz e inhumano que un integrante directivo del CNE, acepte, justifique sin ruborizarse ni recato llanamente e incluso con argumentos propios que alrededor de una sexta parte de la población, por el sólo hecho de buscar mejor vida en otras latitudes, pierde sus derechos. Que, al no encontrarlos, advierte que un estulto mequetrefe los substrajo, los robó, saqueándole incivil su venezolanidad, sin saber por qué, es ultrajado y humillado con despiadada matraca.
Cuando toma posición -el rector- respecto a los venezolanos en el exterior “no podrían votar en las elecciones presidenciales 2024”, traiciona a millones, argumenta contrariedades diplomáticas del castro-madurismo -dificultades causadas por Chávez antes y el heredero desde la muerte del anterior a quien vio volar como pajarito-, cuestiones que nada tienen que ver con deberes y derechos de los ciudadanos de esta República bolivariana en la cual Simón Bolívar de estar vivo hubiera hecho fusilar a más de uno.
Podría entenderse la advertencia sobre dificultades para depositar y recoger los votos por rupturas diplomáticas, y como “demócrata” por ahí debería comenzar. No se diga “de oposición” nunca lo fue ni ahora se convirtió, y si lo fue -tibio y opaco- dejó de serlo; salto la talanquera henchido de emoción al ser condicionado miembro del CNE. No obstante, como parte de un poder debería representar, defender los intereses de la ciudadanía, donde estén, posean el nivel socioeconómico y la posición política que deseen.
Son inmensas las probabilidades que los refugiados, la diáspora, exiliados, emigrantes repudien avasallantes, cualquier aspiración o intento continuista del PSUV y G4 por igual. ¿Coincidencia? ni de vaina, connivencia cómplice. Y, a eso precisamente, le tienen culillo quienes ramplones entorpecen y problematizan. Ante la realidad, no hay que ser perspicaz para prefigurar que la sociedad de la infame dupla haga valer su control, para sabotear el voto interno y más allá de nuestras fronteras. Ambos quieren permanecer y compartir por siempre. Es buen negocio. Desconocer so pretexto del estatus migratorio, es violatorio al Derecho Humano y a la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados.
Se observa desgano, apatía y reproches, aún no se aclara el panorama y la desconfianza persiste, demasiado ha sido el engaño. El ciudadano espera que la sandez tenga límites y haya llegado a su final. Para iniciar un periodo de entusiasmo ecuánime, motivación justa, imparcial y transparente para legitimar la conducción política opositora que se convertirá en plebiscito de las erráticas políticas opositoras del G4, que muy caro hemos y estamos pagando. Fortalecer la democracia es obligación ciudadana para lograr el cambio político anhelado.
El rector que con premeditación y alevosía no lo está haciendo, queda inhabilitado por pusilánime, sin valor ni espíritu para afrontar o es traidor a sus conciudadanos. Y los está traicionando, además, distorsionando la Constitución, que redactaron quienes ahora él acepta en cuclillas, de rodillas, obediente y sumiso como amos. Si algo de dignidad queda debería dimitir, pero desconoce la emoción del valor propio; desecha la pasión en su actuación de ser libre y respetado, sobre todo por sí mismo, lo que brinda el poder de autonomía.
@ArmandoMartini