El gobierno federal puede intervenir todavía en el proceso de liquidación de Bancrédito International Bank & Trust Corp. para minimizar las posibilidades de que su fundador, el banquero venezolano italiano Julio Martin Herrera Velutini, saque el dinero que tiene en sus cuentas allí y en la colección de arte que engalana las oficinas de la institución y que vale decenas de millones de dólares.
Por Oscar J. Serrano / noticel.com
La decisión del banco el martes pasado de disolverse y entregar su licencia implica el fracaso de la estrategia que Herrera Velutini ejecutó desde por lo menos el 2020 de sobornar a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y también al que pensaba era un representante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia para hacer desaparecer los hallazgo de una evaluación que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) le hizo a Bancrédito, según una acusación de gran jurado.
Al día de hoy, y lejos del objetivo original de Herrera Velutini, la trama resultó en la disolución del banco y en una orden de arresto federal contra el banquero venezolano italiano que reside en Reino Unido.
Y todavía pueden haber más consecuencias para el hombre de 50 años.
Según el plan de liquidación y disolución que OCIF reveló el martes, así como explicaciones que ofreció a NotiCel una persona con experiencia amplia en la regulación bancaria, del documento se desprende que Herrera Velutini tampoco logró otro de los objetivos en su plan de soborno: el evitar que el banco sometiera al gobierno federal los informes de actividad sospechosa (SAR en inglés) que estaban obligados a radicar por movimientos que hubo en cuentas de la institución y, específicamente, en las cuentas personales de Herrera Velutini.
Esa actividad sospechosa, unido al pliego acusatorio que enfrenta el banquero junto a la exgobernadora Vázquez Garced y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Thomas Rossini, sería la via para que el Gobierno de los Estados Unidos entre al proceso de liquidación del banco por dos frentes.
Uno es la Red de Porcesamiento de Crímenes Financieros (FinCEN en inglés), que es la entidad que recibe los SAR, los analiza y hace referidos a distintas agencias que pueden resultar en cargos criminales o multas.
Otro es directamente el Departamento de Justicia federal que, mediante el procesamiento criminal de Herrera Velutini iniciado formalmente la semana pasada, puede ir tras sus activos en el banco.
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