Uno de los aprendizajes más frustrantes que han tenido que hacer los venezolanos de bien, es que el triunfo de la justicia no se sustenta sólo en tener razón. Me refiero, claro está, a su experiencia ante el régimen de Maduro. Éste ha destruido sus medios de vida, condenando a las grandes mayorías a niveles de miseria desconocidos, con su secuela de muertes por enfermedad y desnutrición. Sus jefes tienen las manos manchadas de sangre por los centenares de manifestantes asesinados, la mayoría jóvenes. Recordemos que Maduro se hizo filmar bailando, en una ocasión, para demostrar que estas protestas le resbalaban. Bajo este régimen, son miles los “ajusticiados” en operativos de los cuerpos de seguridad en zonas populares y fronterizas. Ha sido denunciado reiteradas veces por los organismos más respetados de defensa de los derechos humanos, tanto de la ONU, la OEA, como por ONGs reconocidas, de torturar y dar muerte a disidentes encarcelados, y de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana, con acumulación de evidencias. Tiene una investigación abierta en su contra por la Corte Penal Internacional por este motivo. Bajo su amparo, se han producido las mayores corruptelas de América Latina. Ha pisoteado la soberanía nacional al someterse a los dictados del régimen cubano, permitiendo la intervención de sus agentes en asuntos de seguridad nacional, y a los intereses geoestratégicos e imperiales de Rusia, China e Irán. Y la cosa no para ahí.
Pero, a pesar de haber obrado tan denodadamente en contra del bienestar de los venezolanos, Maduro seguía ahí. El acabose fue cuando se hizo “reelegir” trampeando las elecciones. “Reelegir” al peor gobierno que, por mucho, ha tenido la Venezuela moderna, representó un contrasentido total, difícil de asimilar, ya que ofendía los principios más básicos de justicia social y política. Conforme a cualquier criterio racional, ello jamás debería haber ocurrido. Con una convicción tan contundente, negarle todo derecho a existir y hacer presión, tanto con interminables protestas y/o con acciones heroicas como las de Oscar Pérez, bastaría para que se fuera. “Maduro, vete ya”, resumía esta actitud. Confiados en que tal convicción era compartida por quienes, desde otros países mostraban su compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela, muchos creyeron que, más temprano que tarde, se hallarían los medios para deshacerse de tan nefasto personaje. “Todas las opciones están sobre la mesa”.
Sucede que el régimen de Maduro ha evidenciado una resiliencia inaudita frente a estas consideraciones de racionalidad y justicia. Los venezolanos hemos ido entendiendo que enfrentamos una fuerza con insospechados recursos para permanecer en el poder. Y costó aceptarlo, porque estos recursos tienen poco que ver con los que tradicionalmente caracterizan a las luchas políticas en democracia. Hasta las dictaduras que asolaron a América Latina el siglo pasado solían rendirles tributo a ciertos símbolos democráticos para cuidar sus espaldas –notoriamente mantener el visto bueno del Depto. de Estado de USA—, mientras hacían desaparecer a quienes luchaban por su restitución y cerraban la prensa crítica, en nombre de combate contra la subversión comunista. Es decir, a pesar de sus crímenes y numerosas corruptelas, cuidar las apariencias era un activo que procuraban no estropear para “legitimarse”.
La dictadura de Maduro es otra cosa. Su permanencia en el poder se ha valido de la corrupción abierta de factores decisivos, en primer lugar, de quienes controlan a la fuerza armada, a los tribunales y, desde luego, a la industria petrolera. Ungidos de un lenguaje redentor que capitalizó los resentimientos de quienes se sintieron marginados de los beneficios que presuntamente les correspondían por ser ciudadanos de un país rico, los “revolucionarios” que tomaron el poder “justificaron” el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Derecho. Edificaron una realidad alterna en la que lo correcto, políticamente hablando, se identificaba por su funcionalidad para con la consolidación del chavismo. Todo criterio independiente de verdad y de justicia fue avasallado por una moralina que fundamentaba un Nuevo Orden, supuestamente superior. Y encontró eco en apetencias de poder parecidas de quienes, en otros países latinoamericanos, se sentían legitimados en la mitología construida en torno a la revolución cubana, avalada también ahora por la retórica antiimperialista de Chávez.
Como lo recogió Milovan Djilas con relación al caso Yugoeslavo, sus dirigentes no pestañearon en justificar sus privilegios crecientes a cuenta de haberse sacrificado por la liberación popular. Se sustituían, así, los mecanismos de asignación de recursos de un capitalismo “decadente”, amparados por un Estado “burgués”, por aquellos que favorecían la construcción del socialismo. Se afincaba, en realidad, el régimen de expoliación que en Venezuela conocemos tanto, sujeto al arbitrio de quienes acapararon el poder, pero cobijado en una burbuja ideológica que los proyectaba como auténticos herederos del Libertador. La lealtad y obsecuencia para con el líder indiscutible y con sus acólitos más cercanos se transformó en la llave que abría oportunidades inusitadas de lucro, más cuando el petróleo se mantuvo, durante años, en torno a los $100 el barril en los mercados internacionales. Más aún, el mero disfrute de derechos ciudadanos dependía de profesar la adecuada lealtad. Se consolidó, así, una alianza non sancta de intereses comprometidos con el mantenimiento de un orden fundado en el uso de la fuerza y la instrumentación parcializada del poder judicial, sustentado en la inobservancia de los derechos humanos, como de los mecanismos legales de control y de rendición de cuentas, que acabó con las libertades básicas y llevó al país a la ruina. Y buscó el apoyo de autocracias diversas a nivel internacional, hermanadas en su enfrentamiento al orden mundial dominado por EE.UU.
A pesar de los trágicos destrozos que han infligido al país, quienes ostentan el poder siguen sirviéndose de las mismas tesis para potabilizar, ahora, la generación de ingresos provenientes de fuentes que antes tanto denostaban, el empresariado privado. No obstante los reacomodos que, sin duda, se habrán producido ante las adversidades que ellos mismos provocaron, su perspectiva continúa siendo, básicamente, la del mundo al revés que proyectaron para “legitimar” su “revolución”, pero referida, ahora, a una realidad muy diferente a la de entonces. En absoluto manifiestan propósitos de enmienda con relación a la necesaria reposición de garantías mínimas a la inversión y al emprendimiento, ni al reconocimiento de derechos civiles y políticos sobre los que descansan la confianza y la seguridad requerida para que éstos prosperen. Continúan los atropellos de quienes reclaman sus derechos, el acoso o prohibición de medios de comunicación independientes y el cierre de emisoras. Desde la impunidad que les regala un poder judicial abyecto, siguen pontificando contra los “enemigos” de Venezuela. Y se juegan la carta, ahora arriesgada, de alinearse con el genocida Putin, el gánster Ortega y con la cada vez más corrompida Cuba, para mantener sus fueros criminales ante quienes los acusan de violar los derechos humanos, argumentando la autodeterminación de los pueblos. Ni hablar de su contubernio con la guerrilla colombiana o de sus alianzas con organizaciones terroristas de Medio Oriente e Irán.
Estos son los referentes ante los cuales articular una política coherente y eficaz por parte de la oposición democrática en pro de la superación de la terrible tragedia que agobia a los venezolanos. El chavo-madurismo sigue contando con recursos poderosos, notoriamente del apoyo de una cúpula de militares traidores, cómplices centrales del régimen de expoliación, quienes se creen dueños del país. Pero se ha visto obligado a moverse ahora ante una realidad que responde a estímulos diferentes a los que se han acostumbrado a aplicar. Empiezan a verse las costuras. ¿Podrán encontrar en Petro y, previsiblemente, en Lula, el refugio que anhelan? Porque el entorno internacional tampoco es el mismo de antes.
Las protestas han vuelto a sacudir calles y pueblos. Ante la desidia e incompetencia de quienes deben responder y los yerros de una política económica incapaz de estabilizar los precios y el dólar, están los elementos para construir una fuerza lo suficientemente poderosa, capaz de forzar los cambios que permitirían un proceso de transición hacia una verdadera democracia. Si bien es suicida cerrarnos en una postura de “Maduro vete ya”, es ingenuo creer que, impulsado por las exigencias de reactivar la economía, debamos esperar que respete, simplemente por las buenas, sus reglas de juego.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, [email protected]