El tiroteo en una guardería en Tailandia, en el que 22 niños y una quincena de adultos murieron el jueves en un ataque perpetrado por un expolicía que podría haber estado bajo los efectos de la droga, ha puesto de relieve el problema de las armas y los estupefacientes en el país.
“Las drogas son un problema nacional muy serio y el Gobierno no es estricto con ello y por eso suceden estas cosas”, indicó a Efe este viernes el secretario general del partido opositor Pheu Thai, Prasert Chantararuangtong, cerca de la guardería de la localidad de Uthai Sawan (noreste) donde ayer tuvo lugar la tragedia.
Se estima que en hay más de 10 millones de armas en Tailandia, un país que se enfrenta los problemas de un región “inundada” por el tráfico de metanfetamina, según Naciones Unidas
Panya Kamrab, un expolicía de 34 años que fue expulsado del cuerpo por posesión de drogas, abrió fuego el jueves en la guardería, donde mató a más de una treintena de personas, y, tras marcharse a su casa, asesinó a su mujer e hijo y luego se suicidó.
En el ataque, el exagente usó un arma de 9 mm que tenía legalmente y un cuchillo.
La Policía señaló la víspera que el asesino podría haber estado afectado por alucinaciones provocadas por el consumo de Yaba o metanfetamina
“¿Cómo un policía expulsado puede tener un arma legal? Es uno de los errores de las autoridades, por eso hay que reformar la ley (de armas)”, manifestó Prasert.
Warong Dejkitvikrom, del partido Thai Phakder, señaló a Efe que “Tailandia tiene buenas leyes para controlar las armas pero no las aplica, las leyes están bien escritas pero no se aplican por corrupción”.
La matanza perpetrada en Uthai Sawan es una de las más graves registradas en un centro escolar en el mundo, al margen de conflictos armados o ataques terroristas.
Aunque este tipo de matanzas no son habituales en Tailandia, se trata del segundo tiroteo con un gran número de muertos desde 2020, cuando 28 personas fueron asesinadas por un soldado en la provincia de nororiental de Nakhon Ratchasima.
Tras la matanza en Uthai Sawan, la tailandesa Kwanrat Binsri inició una petición en Change.org para que la Policía y el Ejército presten más atención a los oficiales de menor rango, especialmente a los que tengan problemas mentales o exhiban comportamiento anormal.
“(Panya Kamrab) tenía un historial de abuso de drogas, peleas y violencia, ¿por qué no fue enviado a rehabilitación?”, escribió Kwanrat en la petición, en la que también preguntó por qué no se le confiscaron todas las armas.
El ministro de Sanidad tailadnés, Anutin Charnviraku, afirmó anoche que “Tailandia es considerado uno de los países más seguros del mundo” y calificó de “excepción” lo ocurrido el jueves, aunque reconoció que hay que tomar medidas.
“Probablemente tenemos que garantizar mejor los lugares públicos”, indicó Anutin a los medios durante una visita a Uthai Sawan.
DATOS DE VIOLENCIA, ARMAS Y DROGAS
Según un estudio del Instituto de Evaluación y Medida de la Universidad de Wasghinton (EE.UU.), en Tailandia ocurrieron en 2019 3,11 muertes por 100.000 habitantes por arma de fuego en 2019, menos que otros países en la región.
Esto se compara con 35,5 muertes por cada 100.000 habitantes en El Salvador, 4,12 en Estados Unidos, 3,64 en Argentina, 0,35 en Malasia, 0,13 en España, y 0,12 en Vietnam.
Se estima que hay más de 10,34 millones de armas en Tailandia, unas 15,14 por cada 100 civiles, de las que unos 4,1 millones no cuentan con licencia o no están registradas, de acuerdo con los datos de Small Arms Survey.
En Estados Unidos hay más 120 armas por cada 100 civiles, en comparación con 11,96 en El Salvador, 7,52 en España, 7,36 en Argentina, 1,64 en Vietnam y 0,70 en Malasia.
El tráfico de drogas, especialmente de metanfetaminas, también es un problema grave en Tailandia, que junto con Birmania (Myanmar) y Laos forma el Triángulo de Oro, una zona muy afectada por el narcotráfico internacional.
Más de 800 millones de pastillas de metanfetaminas fueron incautadas en 2021 en el Sudeste Asiático, una región que está “inundada” por esta droga, según Jeremy Douglas, representante de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la región.
EFE