El caso de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos SA, viene al caso. Esta empresa petroquímica de capital mixto, ubicada en Barranquilla, promovida por los gobiernos de Colombia y Venezuela, fue fundada en 1967 al calor del proceso de integración subregional andino y su propósito fue la elaboración de fertilizantes complejos granulados; alimentos balanceados para animales y productos industriales como soda cáustica, ácido fosfórico, amoniaco y caprolactama.
El Ing. Robni Jauregui hizo un análisis financiero de la empresa, para el periodo 2012 al 2019, publicado en Petróleo y Sociedad Venezolana el 17 de agosto de 2020. Sin entrar en mayores detalles el Ing. Jauregui concluye diciendo: “La empresa MCV a partir del año 2012 entró en un proceso de pérdida patrimonial hasta el año 2019… En términos absolutos en los últimos siete años (2012-2019) la empresa ha perdido 143 MM$. Es decir, 48% del capital de su propietario se ha esfumado.”
Como vemos, los resultados financieros de esta empresa industrial, en manos del Estado, no difiere del comportamiento histórico de la empresas del Estado creadas en Venezuela desde los años cuarenta. El Instituto Venezolano de Petroquímica, con su planta original en Morón y luego en Oriente, lideró los titulares de la prensa como ejemplo del mal manejo, la corrupción y la generación de déficits, cubiertos por la Nación. Sidor, con anuncios permanentes sobre el volumen de producción y una constante campaña de relaciones públicas, escondía su realidad financiera. La empresas de aluminio Alacasa y Venalum, a pesar de las enormes reservas en los Pijiguaos, también presentaban situaciones deficitarias, hasta ser objeto del experimento del Control Obrero, durante el Chavismo, que lo llevó a la banca rota. La constante en estas empresas, tiempos mejores, tiempos peores, fue la influencia de la política y el sindicalismo en su dirección y finalmente la caída en las manos de los militares, que terminaron con ellas. La petrolera, después de concluir con la meritocracia, llegó a similares consecuencias. La lección está clara: Empresas de producción en manos del Estado, tarde o temprano van a la quiebra, entre otras, por la intervención de la política, el sindicalismo y más recientemente el militarismo, de su conducción.
Cuando en el 2019 la empresa Monómeros pasó a manos del Presidente Interino, Juan Guaidó, esperábamos que, con la experiencia histórica del desempeño de estas empresas del Estado, procedería enérgicamente a su privatización, siguiendo el ejemplo acertado de los últimos gobiernos de Pérez y Caldera. Sin embargo, para nuestra sorpresa, anunció la reestructuración y nombró una nueva junta directiva, y como titularía el diario colombiano EL TIEMPO (23/7/2022), “desde entonces las denuncias por irregularidades y corrupción no han cesado”. Como dicen en el argot criollo: Guaidó pelo el boche. Si hubiera actuado consecuente con la experiencia histórica, sus acciones hubieran subido en la estimación popular.
Inexorablemente, el tiempo pasa y en Colombia gana las elecciones Petro, congénere de Maduro y entre las primeras medidas, en septiembre de 2022, aun antes de abrir la frontera, entrega el mando de Monómeros al gobierno de Maduro, quien previsiblemente declara: “Este jueves 22 de septiembre, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció que desde el Gobierno de Nicolás Maduro se han emitido 23 órdenes de captura internacional contra ciudadanos de esta nación por delitos vinculados al caso de corrupción de la petroquímica Monómeros” (Infobae 4 de octubre, 2022).
Volviendo a nuestra pregunta inicial: ¿Por qué no aprendemos de la historia? La respuesta es sencilla. Igual que antes existían organizaciones políticas, sindicales, personajes y banderas que se beneficiaban del error histórico, hoy y mañana, también los habrá. Cambiarán los nombres y los colores, pero los sujetos y la práctica perdurará. ¿Saldremos adelante? Por supuesto. La verdad prevalecerá.