La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que interpusieron Podemos y la Fiscalía contra la decisión del magistrado Manuel García Castellón de abrir una nueva línea de investigación por blanqueo de capitales contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero. Da así luz verde al Juzgado Central de Instrucción número 6 para seguir adelante con las pesquisas.
Por Isabel Vega / abc.es
La disyuntiva trae cuenta de las diligencias que abrió García Castellón ante indicios de una posible financiación irregular de Podemos a partir del testimonio que prestó en la Audiencia Nacional el otrora jefe de la Inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, alias El Pollo, así como dos testigos protegidos. Tras meses de pesquisas, la Sala de lo Penal llegó a la conclusión de que determinadas pruebas que el juez había ordenado practicar eran prospectivas y las anuló. No obstante, dejaba abierta la puerta a perseguir delitos que se hubieran descubierto al margen de esas concretas averiguaciones.
A resultas, García Castellón archivó la causa sobre la financiación de Podemos y dedujo testimonio contra Monedero por indicios de blanqueo de capitales y en concreto, ante la sospecha de que «habría recibido fondos del gobierno de Venezuela procedentes de la venta de petróleo en el mercado negro, que traspasaba en efectivo a sociedades venezolanas a través de testaferros mediante la fórmula de préstamos que se devolvían en cuentas bancarias abiertas con ese fin en Curacao (Antillas Holandesas) y después se transferían a cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza».
«Otras veces, la recepción del dinero por parte de Juan Carlos Monedero se habría producido a través de entidades adjudicatarias de contratos por parte de instituciones del gobierno de Venezuela que desviarían parte de los fondos recibidos por ellos, y Juan Carlos Monedero también habría recibido en España en los meses de junio o julio de 2017 dinero de la procedencia indicada, venta de petróleo a Cuba en el mercado negro», decía la resolución que abría camino a una investigación nueva.
El punto de partida era un oficio de la UDEF que analizaba las declaraciones de los dos testigos protegidos -otrora altos cargos del régimen venezolano- y de la documentación aportada por Carvajal y que situaban a Monedero recibiendo fondos de origen ilícito. Ninguna de esas comparecencias había sido invalidada por la Sala de lo Penal, por lo que el contenido de las mismas se podía seguir investigando.
El caso recayó en el magistrado de refuerzo del Central 6, Joaquín Gadea, quien abrió diligencias a partir de esa sospecha, reflejada además en que ese mismo informe de la UDEF situaba a Monedero en ocho decenas de cuentas bancarias diferentes. En buena parte de las mismas figuraba asimismo Carolina Bescansa.
El nexo común, la empresa Viu Comunicaciones, que era sospechosa de servir de tapadera y que ya estaba siendo investigada desde hace dos años por la Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha venido informando ABC. De hecho, los fiscales han entregado sus diligencias a la Audiencia Nacional y ahora se investigan de forma conjunta a los indicios de blanqueo sobre Monedero.
Pero Podemos, en un recurso al que se sumó la Fiscalía, pidió a la Sala de lo Penal que anulase el movimiento por considerar, entre otros argumentos, que estando archivada la causa de la que emanaban los indicios de blanqueo, estos tampoco podían ser tenidos en cuenta.
“Apariencia de que se enmascaran fondos”
«No estamos en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza, sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad que aparentemente delictiva –venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental», contesta ahora el tribunal.
Según aclara, cuando en el auto que archivó la causa desencadenada por El Pollo Carvajal mencionaba «la posibilidad de que el juzgado instructor dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos o financieros una vez constatado que no había resultado justificada la perpetración del delito de financiación ilegal del partido político Podemos que había dado lugar a la formación de la causa», no estaba valorando la pertinencia de hacerlo, de manera que la decisión del juez no es contradictoria.
En conclusión, razona que «procede la desestimación del recurso al describirse en el auto recurrido unos hechos que presentan los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas, cuya valoración o conexión de antijuridicidad con éstas corresponde al órgano que haya de encargarse de la instrucción».