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Por eltiempo.com
Este es uno de los avisos que circulan por Facebook e Instagram, con los que cientos de migrantes son reclutados por una red criminal. Les prometen moverlos a cualquier punto, incluidos Panamá y México.
La estrategia de mercadeo, que incluye buses climatizados, garantiza que no serán requisados en puestos de control y se les ofrece documentación ‘legal’.
Pero la documentación es falsa y decenas de migrantes han terminado estafados o muertos, metidos en vetustos buses.
Ese fue el final del viaje de 23 venezolanos que, en febrero pasado, se volcaron en un vehículo que cubría la ruta Valledupar – Guayaquil (Ecuador). La falla en los frenos dejó 26 heridos y seis muertos, entre ellos un menor de edad.
Los poderosos socios
Fiscalía, Migración Colombia, agentes del HSI/ICE de Estados Unidos y autoridades de Panamá y México le siguen el rastro a una organización detrás de estos viajes de la muerte.
El conductor del bus accidentado es Gaspar José Medina Morón, quien resultó herido y aparece como propietario de una empresa de transporte, en Valledupar, cancelada en 2017. Pero no es el único empresario del transporte que figura en la investigación trasnacional.
EL TIEMPO estableció que, junto a dos destacados funcionarios de Migración Colombia, también aparece en el expediente Gustavo Moya Puertas.
Este diario investigó y estableció que Moya aparece vinculado a dos empresas de transporte. Una de ellas es Aliados T. S. E. Ltda. y la otra, Empresa de Transporte para Turismo y Servicios Especiales, ambas con sede en La Guajira.
Empresas como esta ofrecen paquetes de alojamiento, alimentación y transporte de migrantes; y habrían coordinado el traslado y la logística del grupo de venezolanos accidentado, intentando llegar a Ecuador.
“Los pasajes los venían en una agencia al lado de la sede de Migración Colombia en Maicao. A los migrantes que tenían más recursos, les ofrecían boletos aéreos y los sacaban por Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Para moverlos sin problema, la red contaba con dos socios poderosos”, asegura un investigador y se refiere a funcionarios de Migración Colombia.
El condecorado
Uno de ellos aparece, en fotos recientes, recibiendo un par de medallas y un diploma por su “Calidad en el servicio ciudadano”.
Se trata de Rolando Iglesias Sanjuán, capturado, hace algunas semanas, señalado de ser el cerebro de una sofisticada red de traficantes de migrantes que infiltró oficinas migratorias y empresas de transporte.
Iglesias, oriundo de Ciénaga (Magdalena), fue detective del DAS, pero lo retiraron en 2011.
Según fuentes judiciales, su salida se dio por un informe de inteligencia que lo relacionaba con supuestas irregularidades.
“Nunca se supieron las razones. Siendo un operativo inscrito en carrera del DAS, en el régimen especial, no tenía derecho de conocer informes ni controvertirlos“, le dijo a este diario el abogado William Franco, quien logró que el Consejo de Estado ordenara la restitución de Iglesias.
Ahora, la Fiscalía lo acusa de contactar a extranjeros y ofrecerles documentos de identidad colombianos falsos, o prórrogas en sus pasaportes, para que pudieran salir por los aeropuertos de Cartagena y Barranquilla, o por carreteras internacionales. El oficial de Migración aceptó los cargos.
Quien no aceptó responsabilidad alguna es Rafael Púa Ríos, otro exmiembro del DAS que, como Iglesias, terminó en 2012 en las filas de Migración Colombia.
Púa, oriundo de Soledad (Atlántico), hacía parte de equipos especializados de Migración Colombia que realizan recorridos e inspecciones en zonas fronterizas.
Pero su rol más reciente era en los filtros del aeropuerto Ernesto Cortissoz, de Barranquilla.
Los fugitivos
“El oficial Púa era el encargado de sellar pasaportes y avalar el paso de migrantes en los filtros de ese aeropuerto”, aseguró un investigador. Y agregó que había clientes vip a los que enviaban con papales falsos a Estados Unidos y a Europa.
Hasta el momento, seis de los integrantes de la red han aceptado cargos por tráfico de migrantes, concierto para delinquir y falsedad documental.
“Otros están explorando negociaciones con la Fiscalía y no se descartan preacuerdos. Y hay cinco fugitivos.”, explicó un agente enterado del caso.
Al parecer, existen otros servidores públicos y transportadores implicados. Por eso no se descarta una segunda fase de capturas.