El jefe de los fiscales de Argentina solicitó revocar el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández, en la causa de “dólar futuro”, en la que era acusada de administración fraudulenta por presuntas irregularidades del Banco Central (BCRA) durante su mandato presidencial (2007-2015), de acuerdo a un dictamen difundido este miércoles.
En el escrito ante la Corte Suprema al que tuvo acceso EFE, el procurador general interino, Eduardo Casal, opinó que debe revocarse el fallo por no considerarlo “válido” y por entender que las audiencias de debate constituyen el “ámbito propicio” para escuchar a los testigos y peritos, analizar las pruebas e inquirir sobre las diferencias entre los informes periciales, ya que no hubo juicio oral en esta causa.
La Cámara Federal de Casación Penal había considerado en abril pasado la “inexistencia de delito” y por ello desligó también de la causa a los otros imputados, entre ellos el exministro de Economía Áxel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el expresidente del BCRA Alejandro Vanoli.
Uno de los jueces de la Cámara, Adrián Federico Grünberg, sostuvo que un informe elaborado por los peritos contadores de la Corte Suprema y por las defensas “echa por tierra la acusación” y mostraba la “innecesariedad” de la celebración del juicio oral.
Contra ese fallo se pronunció el fiscal Raúl Plee ante Casación con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que concurrió ante la Corte Suprema con un pedido de que se reabra la causa y se haga el juicio oral y público, y ante el pedido de opinión del procurador general, respondió que es procedente la queja con un dictamen con fecha de este martes, que no es vinculante.
En la causa en la que Fernández y el resto de acusados fueron procesados en mayo de 2016 se investigaban presuntas irregularidades en la emisión, por parte del Banco Central, de contratos de futuros de dólar en la recta final de su mandato, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York, que supuestamente derivaron en pérdidas millonarias para el Estado.
El caso se inició por una denuncia de dos legisladores opositores formalizada el 30 de octubre de 2015, solo cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que en la segunda acabó ganando el conservador Mauricio Macri (2015-2019) frente al candidato del oficialismo Daniel Scioli, y fue el primer procesamiento de Fernández al dejar la Presidencia.
EFE