Detenido excongresista David Rivera por investigación sobre negocios de Nicolás Maduro

David Rivera. Fotógrafo: Tom Williams / CQ-Roll Call Group a través de Getty Images

 

 

Un ex congresista de Miami que firmó un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con el régimen socialista de Venezuela fue arrestado el lunes acusado de lavado de dinero y de representar a un gobierno extranjero sin registrarse.

Por Joshua Goodman | The Associated Press

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

David Rivera, un republicano que sirvió de 2011 a 2013, fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta, dijo Marlene Rodríguez, portavoz de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Miami. La acusación de ocho cargos alega que fue parte de una conspiración para presionar en nombre de Venezuela para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y el chavismo, resolver una disputa legal de una compañía petrolera y poner fin a las sanciones económicas de Estados Unidos contra la nación sudamericana. Todo ello, sin registrarse como agente extranjero.

La acusación cita reuniones en Washington, Nueva York y otros lugares donde Rivera es descrito mientras establecía contacto con senadores, congresistas y funcionarios de la Casa Blanca, ninguno de los cuales es nombrado.

En julio de 2017, por ejemplo, la acusación alega que Rivera escribió en mensajes de texto a un senador estadounidense no identificado: “Recuerde, Estados Unidos debe facilitar, no solo apoyar, una solución negociada”, y “No venganza, reconciliación”.

La presión sobre Rivera ha ido en aumento durante más de dos años después de que saliera a la luz que recibió el contrato masivo de una filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana mientras Nicolás Maduro intentaba ganarse el favor de la Casa Blanca en los primeros días de la administración Trump.

Interamerican Consulting de Rivera fue demandada en 2020 por PDV USA, una filial con sede en Delaware de Citgo, propiedad de Venezuela, alegando que el ex congresista no realizó ningún trabajo como parte del contrato que firmó en 2017 por tres meses de “consultoría estratégica” destinada a tender puentes con partes interesadas clave de Estados Unidos.

En la acusación, los fiscales dicen que en octubre de 2017 Rivera envió un mensaje de texto reconociendo que debía registrarse para hacer lobby para el régimen venezolano, de lo contrario “mi abogado me ha dicho que actualmente es ilegal … sería un escándalo de proporciones monumentales.”

Aunque el contrato de Rivera era con una entidad estadounidense, cualquier trabajo que realizara en nombre del régimen de Maduro o de intereses empresariales venezolanos le obligaba a registrarse como lobista extranjero.

Rivera, de 57 años, ha mantenido su inocencia y ha contrademandado a PDV USA, alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto por no haberle pagado los 30 millones de dólares que dice que aún se le deben. Un abogado de Rivera dijo que no había visto la acusación y Rivera no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. dijo que Rivera salió bajo fianza de la cárcel el lunes por la tarde después de hacer una comparecencia inicial en el tribunal federal de Atlanta.

En el momento en que Rivera fue contratado, el chavismo estaba tratando de cortejar a la administración de Donald Trump, donando 500.000 dólares a su comité inaugural a través de Citgo y evitando inicialmente la crítica abierta del nuevo presidente de EE.UU. que tenía una inclinación por hacerse amigo de hombres fuertes como Vladimir Putin de Rusia y Kim Jong-un de Corea del Norte.

La ofensiva de encanto finalmente fracasó, ya que Trump reconoció en 2019 al legislador Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela e impuso duras sanciones petroleras a la nación de la OPEP en un intento por desbancar a Maduro.

Los registros que surgieron como parte de la demanda en curso muestran que el trabajo de consultoría de Rivera estaba estrechamente coordinado con Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación y conocedor de Venezuela que ha sido sancionado y acusado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

La correspondencia presentada como parte de la demanda muestra a Rivera y Gorrín discutiendo la compra de “entradas para conciertos”, una posible palabra clave para sobornos, a funcionarios anónimos e intentando coordinar una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela y ejecutivos de la petrolera estadounidense Exxon.

Como parte de ese esfuerzo, también involucraron al representante republicano Pete Sessions, cuyo antiguo distrito de Dallas fue sede de Exxon y que viajó en secreto a Venezuela en 2018 para reunirse con Maduro.

Parte de los 15 millones de dólares en pagos que Rivera recibió como parte del contrato se transfirieron a dos de sus socios y a una empresa de Miami, Interglobal Yacht Management, que PDV USA alega que se utilizó para pagar el mantenimiento de uno de los superyates de Gorrín.

Para justificar los cuantiosos pagos, PDV USA supuestamente creó “contratos falsos” con fecha anterior al 20 de marzo de 2017, el día antes de que entrara en vigor el acuerdo de consultoría.

El contrato de Rivera tenía todas las características de una farsa, según PDV USA, que desde 2019 ha sido dirigido por directores nombrados por la Presidencia Encargada respaldada por Estados Unidos.