En su tradición histórica de ofrecer amparo a refugiados políticos, el gobierno de México concedió este martes el asilo a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso.
Por BBC
Su esposa Lilia Paredes Navarro y sus dos hijos se encuentran camino a México tras sus trámites en la embajada mexicana en Lima.
Luego del ofrecimiento mexicano, el gobierno peruano declaró persona non grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, dándole 72 horas para abandonar el país.
Es una medida poco frecuente que suele aplicarse en casos extremos y que ahora alimenta la tensión diplomática entre dos de las economías más importantes de América Latina.
Tras la detención de Castillo, investigado por los delitos de rebelión y conspiración, entre otros, el gobierno mexicano expresó su apoyo al exlíder peruano, al que sigue considerando presidente, y atribuyó los procesos en su contra y su destitución a maniobras ilícitas de la oligarquía económica de Perú.
Argentina, Bolivia y Colombia también se han pronunciado a favor de Castillo, algo que ha generado condena desde el actual gobierno peruano de Dina Boluarte.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró la detención del expresidente “ilegal” y aseguró este lunes su disposición a recibirlo junto a su familia y “todos los que se sientan perseguidos en Perú”.
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