Los parlamentarios que son aquellas personas que tienen la inmensa responsabilidad de estar en la casa de las leyes y que tienen que actuar especialmente en función de la constitución, deben ser muy cuidadosos con las normas constitucionales, con el imperio mismo de la ley. Pero en Venezuela donde no existe un Tribunal Supremo de Justicia por estar usupado como el resto de los Poderes Públicos, se debe acudir a los expertos para dirimir controversias, como la que se plantea actualmente en la legítima Asamblea Nacional.
En las ultimas décadas no he visto una expresión más amplia y tan desarrollada en ocasión a la propuesta de eliminar el gobierno interino y concederle estas competencias a una comisión, o sea, cambiar a un sistema parlamentario. Eliminar así el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) es eliminar el sistema presidencialista que impera en nuestro país, porque la persona que está ocupando esa vacante en el caso que nos ocupa, era necesario que asumiera esa vacante, porque estaba siendo usurpada. Si el objetivo es eliminar el artículo 233, la Asamblea Nacional no tiene competencias para hacerlo, porque eso no lo establece la constitución. Hay que aclarar que no fue la Asamblea Nacional la que puso a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, fue la propia constitución la que le otorgó esa posición.
Ese hecho que es novedoso en occidente, ha traído preguntas porque en circunstancias normales uno acude a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero en este caso no se puede acudir, porque no existe, está usurpado y de allí la amplia y profunda participación de constitucionalistas, especialistas, miembros de la Academia dentro y fuera de nuestro país, para resolver el asunto. El último ha sido Allan Brewer Carías, quien ha indicado de manera profunda que la propuesta que presentó un grupo de diputados no es aplicable, porque sencillamente no es constitucional.
Nosotros saludamos como ha sido el acompañamiento de la sociedad venezolana ante este caso y por qué ese acompañamiento, porque sí tiene importancia la presidencia interina, pues continúa su camino para procurar una presidencia legítima a través de un proceso electoral presidencial válido bajo la observación internacional.
No se trata de sostener el interinato por un capricho, eso que quede claro. El interinato existe con bases constitucionales y lo que se pretende hacer no lo es. En otras palabras, el gobierno interino es legítimo, porque se produce un vacío de poder con la espuria elección presidencial de 2018 y le correspondió a la Asamblea Nacional electa en 2015 actuar en consecuencia, apegados a las normas constitucionales.
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Los que han llevado adelante la propuesta han expresado por canales públicos de que la misma tiene el apoyo de los aliados internacionales, lo cual es absolutamente falso. En lo que he solicitado e investigado sobre la procedencia de esa posible consulta se ha determinado que no es cierta, sino que es todo lo contrario.
Cabe resaltar que los fondos del Banco Central de Venezuela y del gobierno venezolano interino están retenidos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y en su momento fue una disposición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, conforme a la sección 25 del 12 de agosto de 2019. Y ahí entonces se establece que la autoridad legítima para la administración de esos fondos es el presidente interino de Venezuela, que es Juan Guaidó. La importancia de esto es que la mayoría de esos bienes están en los Estados Unidos, porque fueron congelados allá, buena parte producto del lavado de dinero, de la corrupción o de empresas como Citgo que están en los Estados Unidos. Ahora bien, en primer lugar, quien regula todo eso es la Ley de la Reserva Federal de EE.UU. De ahí la importancia que puedan tener las autoridades de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, la Corte Suprema de Delaware, el 22 de julio de 2020, confirmó la decisón del interinato, vale decir que también la jurisdicción, la instancia judicial ha establecido la veracidad y la legitimidad del gobierno interino. De tal forma que no es cierto lo que han indicado en algunos medios de comunicación social de que esa propuesta tiene el apoyo de los aliados norteamericanos, porque ahí están los bienes.
Además, cómo quedaría el gobierno interino si se pretende eliminar, cosa que no es posible por la propia constitución de Venezuela, después de que fue aprobada por el senado de los Estados Unidos la llamada Ley Bolívar. Esta sería una pregunta importante.
En Venezuela, además de pronuciamientos en rechazo a la propuesta de varios organismos, como el Bloque Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, y de personalidades profundamente conocedores de la materia, hubo uno de la Federación de Abogados de Venezuela y de la mayoría de los Colegios de Abogados de Venezuela y eso es también muy importante.
Yo me acerqué a colegas norteamericanos , especialistas en derecho público y les preguntaba su opinión sobre la propuesta ya aprobada en primera discusión, que aunque no está aprobada por completo, allí está lo que ellos propusieron y lo que proponen es la eliminación del interinato, y me responden, q no hay razones constitucionales para el inadecuado cambio. Entonces no puede una comisión parlamentaria, en una cosa tan delicada, asumir el manejo de los activos cuando el único autorizado para la defensa del patrimonio del país es el Procurador General de la República. Hay en la actualidad 52 juicios abiertos en instancias internacionales que podríamos perder, lo que se traduce en 40 mil millones de dólares. Para ver la dimensión de ese daño patrimonial, debemos comparar esa cifra con los mil millones que apenas tiene el país en reservas internacionales. Es decir, perderíamos 40 veces más de lo que hay en reservas, lo que sería un golpe terrible para los ciudadanos de Venezuela, porque son recursos que servirán para reconstruir al país y superar la crisis humanitaria que viven los ciudadanos. Pero además alejaría la posibilidad de que los venezolanos que conforman la diáspora regresen a nuestra tierra, porque saben que con el régimen de Maduro no tienen posibilidad de alcanzar la calidad de vida que merecen.
Vamos más al fondo del asunto, si la propuesta para eliminar el interinato no es constitucional, ¿qué establece la constitución? El articulo 25 de la carta magna establece que cada acto dictado en ejercicio de un Poder Público, como en este caso, que viole o menoscabe la constitución es nulo. En consecuencia sería un acto nulo, porque no se puede eliminar el artículo 233 de la CRBV y construir un gobierno parlamentario. Eso no existe.
A mi me ha llamado mucha gente para preguntarse cuál es el interés de eliminar el gobierno interino y a quién benefícia todo esto, pues a Nicolás Maduro, para entregarle además 5.000 millones de dólares que están en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de US$1.000 millones en oro en custodia en el Banco de Inglaterra y los 1.543 millones de euros colocados por Venezuela en el banco portugués Novobanco. Esa es la grandísima realidad y no tendremos la capacidad de la defensa de los bienes, que se van a utilizar en la transición para reconstruir a Venezuela, repito.
Los juristas constitucionalistas que yo he consultado en relación a esto me han indicado de manera expresa que una propuesta así no procede para la legislación de Estados Unidos, porque eso está sujeto a la Ley de Reserva Federal.
Aparte de todo lo anterior y para concluir, en lo político hay algo muy grave: la propuesta produce el quiebre de la unidad, justo en momentos en que hemos avanzado con paso firme a la elección primaria de la oposición de junio del 2023, de donde saldrá el candidato de la unidad que encarará a Nicolás Maduro en la elección presidencial de 2024. Pero además, como tanto se ha dicho en días pasados, significaría el tácito reconocimiento al usurpador de la silla de Miraflores y un gran retroceso en la lucha que tenemos desde hace años por lograr el cambio político que a gritos piden los venezolanos.
¿Quién que desee a una Venezuela grande y próspera y el bienestar de los venezolanos puede querer eso?
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.