Varados en uno de los últimos refugios para indocumentados en El Paso, Texas, decenas de migrantes esperan en un “limbo” por una solución a su estatus irregular y aseguran que “regresar a México no es una opción” por el maltrato y la violencia que sufrieron en su travesía por el país fronterizo con Estados Unidos.
Por VOA
El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que México accedió a recibir a unos 30.000 migrantes por mes fue acogido con temor y decepción por venezolanos como Daniel Rodríguez, que pasó meses en camino “buscando una vida mejor”.
“Yo la verdad no volvería (a México), me devolvería a mi tierra. Ya estoy cansado de pasar trabajo, de dormir en la calle, tres meses ya. La verdad yo me regresaría”, dijo a la Voz de América desde el campamento improvisado en las inmediaciones de la iglesia del Sagrado Corazón en El Paso.
Como Rodríguez, la colombiana Katerine Peña coincide en que dar vuelta atrás significaría volver a quedar a la merced de bandas del crimen organizado que realizan secuestros y atracos a los migrantes. Juárez, la ciudad limítrofe con El Paso, es una de las más peligrosas de México.
“Regresar a México no es una opción”, aseguró a la VOA. Peña contó además que espera por su esposo venezolano, quien fue devuelto a territorio mexicano por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Violencia documentada
La violencia que sufren los cientos de miles de migrantes que cruzan el territorio mexicano en ruta hacia EEUU ha sido ampliamente documentada por informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y Humans Rights First.
De acuerdo con un comunicado de HRW, los migrantes expulsados por EEUU a México “suelen ser víctimas de abusos como secuestros, extorsiones y violaciones sexuales por parte de grupos criminales y funcionarios mexicanos”.
Por su parte, la oenegé independiente con sedes en Nueva York y Washington, Humans Rights First ha registrado “al menos 6.000 casos de secuestros u otros ataques violentos”, revela un informe publicado en septiembre de 2022.
En localidades mexicanas como Tapachula, ubicada en el corredor migrante hacia EEUU, las autoridades han reconocido que la “población refugiada, migrante y en otros procesos de movilidad” es víctima de abusos. Oficiales locales se han unido a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras agencias de Naciones Unidas para trabajar en una “estrategia de protección y soluciones”.
Amparados por el Título 42, una medida de salud pública que permite enviar a México a quienes solicitan asilo en la frontera, funcionarios estadounidenses registran unas 2,5 millones de expulsiones desde su puesta en marcha en marzo de 2020, según datos del CBP.
El número récord de llegadas a la frontera sur de Estados Unidos está motivado por la seria crisis humanitaria en la región, principalmente en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, un movimiento migratorio que no dejará de crecer en 2023, advierte la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, precisó en entrevista a la VOA que seguirán “acelerando medidas adicionales que respondan a la situación”.
“Estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada y generando consecuencias para las personas que no las acatan”, agregó el alto funcionario.
“Venimos a trabajar, no a hacer daño”
Ante esta crisis, la administración Biden amplió a cubanos, nicaragüenses y haitianos un programa de visados humanitarios que ya aplicaba a los venezolanos. La medida incluye la entrega de 30.000 visas mensuales para ciudadanos de estos cuatro países, combinado con un endurecimiento de las acciones contra las entradas irregulares.
Poco después del anuncio de las nuevas medidas para migrantes de Cuba, Venezuela y Haití, el presidente Biden viajó a El Paso para evaluar las acciones en la frontera, en la primera visita al área desde su llegada a la Casa Blanca. Desde la ciudad texana, Biden siguió camino a México para reunirse con su homólogo Andrés Manuel López-Obrador, con el que dialogó sobre migración y control antidrogas, entre otros temas.
Sin embargo, este “parole” humanitario no incluye a migrantes que como los venezolanos Luis Escalona y Jesús Bracho, quienes entraron de manera irregular hacia El Paso, considerado el mayor corredor de cruces ilegales hacia EEUU.
Escalona sufrió maltratos por parte de las autoridades de migración mexicanas, contó a la VOA. “Nos agarraban uno por uno, nos agarraban por el cuello, como si no fuéramos seres humanos (…) Un agente de inmigración nos dijo: no digas nada”, recordó.
“No regresaríamos a México porque ahí vimos mucho atropello con las autoridades de México. Lo otro es la Migra, cada vez que nos agarran, nos botan lejísimo, entonces se nos hace difícil regresar otra vez, se nos hace difícil conseguir el dinero para el pasaje. Corremos mucho peligro”, insistió por su parte Bracho.
Para los inmigrantes, a pesar de estar confinados a un pequeño perímetro alrededor de la iglesia del Sagrado Corazón, se sienten “más seguros que estar en México”.
“Lo que queremos es una solución para seguir avanzando, para llegar a nuestro destino, porque lo que venimos es a trabajar, no a hacer daño”, enfatizó.