En su informe anual 2022 la organización Human Rights Watch (HRW) sostiene que la violación de los derechos humanos en Venezuela persiste y se manifiesta en distintos órdenes de la vida de los venezolanos que aún no han huido de su país.
En forma contundente, señala que las autoridades judiciales venezolanas han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo como mecanismo de represión, a la vez que dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han sido perseguidos y procesados penalmente.
El informe también afirma que el gobierno de Nicolás Maduro encarcela y tortura a opositores políticos inhabilitándolos para postularse a cargos públicos. Sobre los casi 300 presos políticos que hay en ese país, destaca que al menos 114 han estado más de tres años en prisión preventiva, pese a las limitaciones temporales que se incluyeron en una reforma reciente al Código Penal.
Si bien algunos detenidos han sido liberados o transferidos de establecimientos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a cárceles comunes, las detenciones arbitrarias continúan. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuó recibiendo denuncias de tortura, maltratos e incomunicación de personas detenidas durante el año último.
En cuanto a la falta de independencia judicial y la impunidad en los casos de abusos, HRW recuerda que el poder judicial perdió su independencia en 2004 y que, desde entonces, no se han dictado medidas de justicia genuinas ante infinidad de crímenes perpetrados con el conocimiento de autoridades del más alto nivel.
Según informó la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2021, las autoridades judiciales han evidenciado su complicidad con el abusivo régimen al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales a posteriori, ordenar la prisión preventiva de forma rutinaria, confirmar detenciones sobre la base de pruebas dudosas y no proteger a las víctimas de torturas, entre otras cuestiones.
También reportó que los delitos perpetrados por los servicios de inteligencia, siguiendo órdenes de altas autoridades, incluido Maduro, formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno y volvió a describir estos actos como crímenes de lesa humanidad.
HRW denuncia también en su informe la estigmatización, el hostigamiento y la represión a medios de comunicación, incluyendo numerosas clausuras a disidentes. El castigo a los medios por sus críticas al gobierno constituye un serio retroceso para la libertad de expresión, a punto tal que la autocensura es generalizada debido al temor a represalias.
Asimismo, documenta que las autoridades venezolanas acosan y persiguen a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que responden a la emergencia humanitaria y de derechos humanos y recuerda que Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, con millones de personas sin acceso a atención básica de la salud ni a una nutrición adecuada.
Las violaciones a los derechos y las libertades no responden a excepciones o desviaciones de los miembros de cuerpos de seguridad; al contrario, son parte de una estrategia integral, cuya responsabilidad última involucra a la cúpula del poder. La naturaleza del régimen no ha cambiado, solo empeora. La impunidad ha sido, hasta ahora, uno de los rasgos más indignantes de la dictadura de Maduro. Las voces de la libertad no deben cesar y los países democráticos tienen que continuar apoyando al castigado pueblo venezolano. Resulta inconcebible que nuestras autoridades inviten y reciban a dictadores en nuestro país. La vocación de impunidad que los une debe encontrar coto en la Justicia.
Por lanacion.com.ar