El Banco Central de Venezuela (BCV) no publica cifras sobre la producción (PIB) en Venezuela desde el primer trimestre de 2019, ni sobre su balanza de pagos con el exterior. Los últimos datos oficiales dados a conocer sobre la gestión fiscal son del informe de 2017 a la Security and Exchange Commission (SEC) de EE.UU. Corresponden al año 2016. Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre fuerza laboral y comercio, llegan hasta el primer semestre de 2018. Los últimos informes sobre la gestión de PdVSA son del año 2016. Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE) no salió después de 2014.
O sea, estamos en una situación de inopia informativa oficial en cuanto a estadísticas sobre la economía. Tal opacidad disimula la corrupción y acentúa la inseguridad para inversionistas, ya mosqueados a causa de la disparatada conducción de la economía durante la gestión de Maduro. No obstante, este blackout informativo cumple un propósito. Como émulo del ministro nazi de propaganda, Joseph Goebbels, le ha permitido inventar una falsa “realidad” en la que las sanciones económicas de los EE.UU. contra el Estado venezolano constituyen la razón del empobrecimiento brutal de la población, escamoteando, así, su criminal responsabilidad en ello. Pero, aún incompleta, la información oficial existente, junto con alguna otra fuente y estimaciones confiables, desmontan tal pretensión. Que me perdonen mis lectores, entonces, por someterlos a una pesada relación de datos estadísticos a continuación.
Maduro hereda una economía hinchada por la exportación de crudo durante la última presidencia de Chávez. El precio promedio del crudo exportado durante esos seis años fue de $80,89 y el valor de estas exportaciones promedió $75 millardos anuales. Financió importaciones (promedias), cada año, de $50 millardos. En comparación, las cifras correspondientes a los cinco años del gobierno de Rafael Caldera (1994-1998) fueron (promedios anuales): $14,67 el precio del barril de crudo; $14,82 millardos de exportaciones de petróleo; y 12,38 millardos de importaciones. Claramente la fortuna le sonrió a Chávez.
Pero, no satisfecho con aquello, aumentó la deuda pública externa desde $26 millardos en 2006 a más de $113 millardos al finalizar su mandato. Al sumar los ingresos domésticos (deuda, impuestos, tasas, etc.), pasaron por las arcas del Estado en cada año de su período, una magnitud (promedia) de recursos por habitante 3,4 veces superior a la del último año (1998) de Rafael Caldera. El gasto público promedió más de 35% del PIB, llevando al déficit fiscal a más de 10% de tal variable. Por otro lado, en nombre del “socialismo del siglo XXI” arrasó con expropiaciones, impuso controles de precio y de tipo de cambio, así como regulaciones diversas, provocando una fuga de capitales de $75 millardos. Al finalizar su gestión (2012), su socialismo de reparto había incrementado el consumo privado por habitante en un 55% con respecto a 1998. Recordamos a Jorge Giordani, su ministro de planificación para entonces, confesar que, como 2012 era año electoral, había que “botar la casa por la ventana”.
Al asumir su gobierno, Maduro habría pensado que tenía el traje hecho. Durante sus primeros dos años de gobierno, además, los precios del crudo venezolano de exportación se mantuvieron muy altos, promediando $98,08 en 2013 y $88,42 en 2014. No obstante, al continuar con las regulaciones y controles impuestas por su mentor, la economía se estancó y comenzó a contraerse. El designado quiso seguir, empero, con el derroche de aquél. El gasto público se elevó a 43% del PIB. A pesar de exprimir todavía más a PdVSA y aumentar la deuda pública externa para financiarlo, la brecha fiscal se ensanchó, dado el encogimiento de los ingresos tributarios por la reducción de la actividad económica interna y por el desplome los precios internacionales del crudo a finales de 2014 (promediaron $44,65 por barril, en 2015 y $35,15 en 2016). El déficit del gobierno central llegó al 23,7% del PIB en 2016, acentuando gravemente las presiones al alza de los precios de los bienes y servicios.
La inflación, de 20,1% a finales del gobierno de Chávez, fue escalando hasta llegar a 274,4% para 2016 (cifras del BCV). Pretendiendo defender el poder adquisitivo de los trabajadores, Maduro decretó sucesivas alzas del salario mínimo (incluyendo bono de alimentación), 7 veces hasta finales de 2016. Pero, ante la caída de los ingresos fiscales y su empeño en privilegiar el pago creciente del servicio de la deuda pública, tuvo que recurrir a financiar estos aumentos con emisión monetaria del BCV, es decir, con dinero sin respaldo. La base monetaria se fue expandiendo, llegando a ser, para finales de 2016, 19 veces el monto de 2012, combustible para la inflación. Peor aún, durante esos años mantuvo el control de cambio, racionando al dólar oficial a precios ridículamente bajos, cuando los del mercado negro eran centenares de veces superiores. Ello dio lugar a la corruptela más masiva de nuestra historia, con miles de millones de dólares birlados a través de distintos ardides, que fueron a engrosar cuentas privadas en el extranjero. Las reservas internacionales, que habían llegado a superar los $43 millardos en diciembre de 2008, estaban a menos de $11 millardos para 2016.
Lo comentado ocurrió antes del 25 de agosto de 2017, cuando el gobierno de EE.UU., impuso las primeras sanciones económicas al Estado venezolano. Fueron en respuesta a la elección fraudulenta de una asamblea constituyente para usurpar potestades de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Estas sanciones prohíben que entes públicos venezolanos, incluyendo a PdVSA, operen a través del sistema financiero de EE.UU. Cabe señalar, empero, que, para noviembre, el Estado había entrado en una situación de default de hecho de sus bonos PdVSA, impago que luego se extendió a otras deudas. Fue resultado de un cronograma de pagos de su enorme deuda concentrado entre 2017 y 2027, que montaban a cerca de $10 millardos anuales, cuando las exportaciones petroleras, alcanzaban, desde 2015, unos $30 millardos. Por ende, el Estado venezolano hubiera quedado fuera de los mercados financieros internacionales de todas formas, independientemente de las sanciones.
Para finales de 2017 y luego de cuatro años continuados de contracción económica, el ingreso per cápita del país era más de un 34% inferior a cuando Maduro entró la presidencia. Pero, además, su disparatada conducción de la economía había generado desequilibrios inmanejables, que hicieron que se desatara un proceso hiperinflacionario, con terribles consecuencias para el venezolano de a pie. Cifras del BCV indican que el PIB siguió su caída el año siguiente (2018), de manera que, aún antes de que el gobierno de EE.UU hubiese prohibido a empresas con negocios en ese país transar con petróleo venezolano, el ingreso por habitante había caído aún más, en un 44%. Tal cifra representa un promedio; el deterioro entre los asalariados fue todavía mayor. Recordemos, además, la terrible escasez de artículos de consumo que enfrentaban y el colapso en la prestación de servicios públicos.
Al imponerse las sanciones petroleras a Venezuela a comienzos de 2019, ya la producción de crudo se había reducido a sólo 1,43 millones de b/d (cifras oficiales), una caída de más del 50% desde finales de 2012. Cabe señalar que, desde la reducción de sus precios internacionales a finales de 2014, el país miembro de la OPEP que registraba la peor caída de su ingreso per cápita (real) fue Venezuela (se excluye Libia, por estar en guerra). Salvo Guinea Ecuatorial y, en menor medida, Angola, los demás países crecieron o permanecieron igual[1]. El haber terminado de entregar PdVSA a militares que no tenían experiencia alguna en su manejo, designando al general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo como su presidente, incidió, sin duda, en este balance tan negativo.
A partir de 2018, estimaciones confiables señalan que siguió contrayéndose nuestra economía hasta finales de 2021. Hay consenso en que el PIB llegó a tener un tamaño de aproximadamente entre el 25% y el 30% del de 2013.
Lo reseñado me permite las siguientes respuestas como conclusión:
1) ¿Son las sanciones la razón del grave deterioro en el bienestar material de los venezolanos? No. Pero eso no cambiará el discurso del Goebbels criollo ni hará que su hijo deje de hacer el ridículo alabando su manejo de la economía. En realidad, la suerte de sus compatriotas los tiene sin cuidado.
2) ¿Las sanciones redujeron los ingresos por exportación? Es posible. Una proyección lineal de la caída en la producción de petróleo desde comienzos del período de Maduro arrojaría un nivel de unos 1,1 millones de b/d para finales de 2021. Pero resultó menor (0,87 millones de b/d, según cifras oficiales). No obstante, esta mayor disminución tiene también explicación en el saqueo y pésimo manejo a que fue sometida PdVSA. La reducción causada en el ingreso se debe más a los descuentos a que se ha tenido que vender el petróleo venezolano para evadir las sanciones.
3) ¿De no existir las sanciones, la situación (promedia) del venezolano sería mejor? Es discutible. No debe pasarse por alto que lo que se ha asentado en Venezuela es un régimen de expoliación. Impide que ingresos mayores redunden en beneficio de las mayorías. Tampoco la relación es simétrica. De haberse reducido los ingresos por exportación por las sanciones, no significa necesariamente que levantarlas permitirá recuperarlos. La destrucción de PdVSA ha sido muy alta, difícilmente reversible.
4) Es preocupante que muchos voceros opositores hayan asumido posiciones cada vez más parecidas a las de Maduro, exigiendo el levantamiento de las sanciones, como si nada. Si bien su aplicación no ha resultado en el desplazamiento de la dictadura, no implica que deban levantarse sin exigir nada a cambio. De hecho, les afecta y por algo piden su eliminación. Por tanto, constituyen una poderosa carta para negociar condiciones que permitan el retorno a la democracia.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, [email protected]