La Real Federación Española de Fútbol se ha puesto a disposición de la Justicia para ahondar en el ‘caso Negreira’, el del pago por parte del Barcelona al que fuera segundo del Comité Técnico de Árbitros de una cantidad de casi 1,7 millones de euros para, como destapó la Cadena SER y desvelan las facturas aportadas por El Mundo, recibir informes arbitrales.
Por Marca
Esa es una actitud que choca de manera frontal con los Estatutos de la RFEF en su artículo 22: Derechos y obligaciones básicas de los miembros. En los apartado d y e dicen así:
Observar los principios de lealtad, integridad y deportividad de acuerdo con los principios del juego limpio, lo que incluye, en particular, la obligación de abstenerse de realizar cualquier actividad que ponga en peligro la integridad de la RFEF o de sus competiciones, o conlleve el descrédito del fútbol.
Abstenerse de aceptar o entregar dádivas, así como de aceptar o entregar cualquier beneficio que pueda razonablemente ser considerado excesivo de acuerdo con la cultura y costumbres locales, incluidas las invitaciones de terceros que ostenten intereses creados a futuro en las decisiones de la RFEF. En caso de duda, deberá consultarse a la Secretaría General de la RFEF.
¿Intervendrá la RFEF?
Parece que no, salvo que así se lo solicite la Justicia Ordinaria. Por ahora, el caso está en manos de la Fiscalía de Barcelona y es Negreira el único que está siendo investigado a raíz de una inspección de Hacienda. Por ahora, sobre el Barcelona sólo hay una sospecha de mala praxis, pero no está siendo investigado por la fiscalía.
La RFEF, cuyo departamento jurídico estuvo reunido durante buena parte del día, por ahora se mantiene un poco al margen debido a que se trata de un caso que sucedió con la antigua junta directiva.
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