GABBY JONES (BLOOMBERG) (BLOOMBERG)
Yanis Berbelis, propietario de un restaurante griego que llevaba 30 años abierto en Manhattan, se vio obligado a cerrarlo en otoño cuando el dueño del local le subió la renta a 39.000 dólares al mes (pagaba 20.000 hasta entonces). Gracias a un colega del barrio, que le cede por las noches las instalaciones de su restaurante, Berbelis mantiene su negocio dando cenas, a cambio de un alquiler bastante más sensato.
Por El País
Alex, dueño de una tienda de productos derivados de la marihuana, sufre para reunir los 50.000 dólares de alquiler mensual del local, enfrente del Madison Square Garden. En el edificio donde el realquilado Berbelis prepara musakas, por cierto, se alquila estos días un apartamento de dos dormitorios por 7.000 dólares al mes, por encima del promedio de renta residencial en la ciudad, que ronda los 4.000 dólares para una vivienda de un dormitorio (en julio y agosto llegó a 4.200 dólares) y los 5.500 por dos habitaciones, según el portal RentHop. En los corrillos de conocidos es habitual oír hablar de subidas de renta residencial de hasta 1.500 dólares. De golpe y sin anestesia.
La inflación que calentó al rojo vivo el año pasado la economía ha dejado en los alquileres un rastro indeleble. La carestía está provocando un éxodo de población mayor que el inducido por la pandemia, mientras los habitantes de viviendas sociales incurren en impagos y han dejado al organismo competente, de titularidad municipal, al borde de la quiebra: la recaudación cayó en 2022 al 65%, un mínimo histórico para la agencia. Vivir en Nueva York es sufrir, tanto en el mercado de renta libre —el mayor de EE UU— como en el de la protegida, que solo alberga a uno de cada 16 neoyorquinos.
Un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios publicado la semana pasada constata el éxodo de neoyorquinos hacia zonas más baratas. Es una tendencia nacional, pero Nueva York es el emisor por antonomasia: ya expele más gente de la que atrae. En 2022 se fueron casi 300.000 personas, casi un 1% negativo en el saldo demográfico. Ese mismo año, el Estado registró una tasa de entradas un 50% inferior a los años previos, la misma que en 2021, en pandemia.
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