Los términos bloqueo y sanciones no siempre son empleados con propiedad. En el Diccionario de Derecho Internacional de los Conflictos Armados, se define el bloqueo como una operación naval con el concurso de fuerzas aéreas, mediante la cual un país impide totalmente el tráfico marítimo por un puerto y la costa, perteneciente a un país adverso o enemigo. El bloqueo es un medio de agresión propio de la guerra marítima, es la piedra angular de toda campaña militar y una opción valiosa en las guerras económicas contra una nación contraria.
A finales de 1902 y principios de 1903, debido a la enorme deuda externa contraída por Venezuela durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, el país sufrió el bloqueo por las marinas de guerra de Inglaterra, Alemania e Italia. Bloquearon las costas y puertos de Venezuela exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas por el gobierno con las compañías de sus connacionales. El bloqueo naval tuvo su fin con el Protocolo de Washington firmado el 13 de febrero de 1903, en el cual se acordó que Venezuela pagaría a plazos sus deudas con el 30 % de sus ingresos de aduana.
Las sanciones internacionales son medidas coercitivas que los gobiernos y las entidades supranacionales aplican contra Estados, empresas o individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad global. Abarcan restricciones económicas, diplomáticas, comerciales, militares e incluso deportivas; y sus objetivos son debilitar y reducir la capacidad de maniobra de esos actores sin hacer uso de la fuerza. Algunas de las sanciones más frecuentes son el embargo de armas, la prohibición de visados, la cancelación de exportaciones e importaciones o la congelación de activos.
El 18 de diciembre de 2014, siendo presidente Barack Obama, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley denominada “Defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil en Venezuela”. Esta Ley se convierte en el marco legal para que el presidente de Estados Unidos pueda imponer sanciones dirigidas a las personas responsables por violaciones de derechos humanos contra los protestantes antigubernamentales. La Ley menciona algunos antecedentes, como la inflación que alcanzó Venezuela en 2013 del 56,3%, el control de divisas por el Banco Central de Venezuela, el desabastecimiento de productos básicos, el aumento de la violencia, la detención de periodistas extranjeros, el cierre de medios de comunicación nacionales y extranjeros, la detención injustificada de alrededor de 3.000 personas y el asesinato de 4.000 personas que participaron en protestas anti-gubernamentales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo con esa Ley, el Gobierno de Venezuela no garantiza los estándares mínimos de seguridad pública para sus ciudadanos y ha dejado que el país se convierta en uno de los más violentos y corruptos del mundo. La Ley otorga al presidente poderes especiales para imponer sanciones de control de activos y de expulsión de Estados Unidos, así como la no renovación de visas o de otra documentación a cualquier persona que haga parte del régimen venezolano.
La decisión de las autoridades estadounidenses implica la congelación de todos los bienes que estas personas puedan tener en ese país y la prohibición para ciudadanos e instituciones estadounidenses de realizar cualquier tipo de transacción con ellos; y tampoco podrán ingresar a Estados Unidos. Desde el año 2015 más de 200 funcionarios públicos venezolanos, entre civiles y militares, han sido sancionados por Estados Unidos, por los 27 miembros de la Unión Europea y por Canadá, Colombia, Panamá y Suiza, lugares que no pueden entrar ni hacer transacciones financieras.
Quiero resaltar que el 94% de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, quien ordenó la revocatoria de las visas por ser ilegítimos, socavar la democracia, por blanqueo, corrupción y narcotráfico. Pero da asco y pena saber que tres de esos magistrados se graduaron en nuestra ilustre Universidad del Zulia (LUZ): Carmen Zuleta de Merchán, Calixto Ortega Rios y Arcadio Delgado Rosales. Ellos tienen congelados sus bienes inmuebles y los millones de dólares depositados en sus bancos.
Todos sabemos que las sanciones no han sido la causa directa de los efectos económicos y sociales devastadores en Venezuela, porque el proceso de declive en la economía se dio mucho antes de la imposición de las sanciones y se generó por la intervención del Estado en el mercado, los controles sobre la producción, los cambios en la regulación entorno a la actividad petrolera y la regulación del sistema financiero.
No comprendemos cuál es el interés que tiene Manuel Rosales para exigirle a EEUU el cese de las sanciones, cuando las encuestas indican que más del 90% de los venezolanos están de acuerdo con las mismas. El gobernador Rosales lo que debe hacer es preocuparse por el Zulia, exigirle a Maduro que le devuelva la administración del Puente sobre el Lago, del Puerto y del Aeropuerto de Maracaibo, el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) y el Situado Constitucional, entre otras instituciones que le ha arrebatado a nuestro estado… ¿Qué te pasa Manuel?
*Abogado, miembro de VENTE VENEZUELA
@IMColmenares