El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta muchos desafíos para lograr su plan de “Paz Total” con los grupos armados de su país, pero uno de los más difíciles será manejar la relación con Venezuela y Nicolás Maduro.
Por InSight Crime
En la víspera de Año Nuevo de 2022, Petro anunció un alto el fuego con las cinco principales organizaciones criminales del país, marcando un paso significativo hacia las conversaciones de paz que prometió entregar durante su campaña presidencial.
Horas después, el alto el fuego estaba en duda. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armados más grandes del país y uno de los incluidos en el anuncio de alto el fuego, declaró que el gobierno mentía.
“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, manifestó el Comando Central (COCE) del ELN, en un comunicado publicado el 1 de enero.
Con el fin de resolver este inconveniente, el mandatario colombiano tuvo que acudir a una figura cercana a la guerrilla colombiana con la capacidad de calmar la tormenta. El 7 de enero, Petro viajó a Caracas de manera imprevista para hablar con dicha persona.
Aunque su visita se presentó como una reunión protocolaria enmarcada en el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el motivo principal, de acuerdo con reportes mediáticos y fuentes consultadas por InSight Crime, fue pedir la ayuda del líder del chavismo, Nicolás Maduro, para apaciguar la molestia del ELN.
La repentina visita del mandatario colombiano al Palacio de Miraflores fue un contundente mensaje: más allá de ser uno de los garantes de los diálogos, Maduro se posiciona como una de las fichas imprescindibles para que las negociaciones con las guerrillas tengan un desenlace favorable.
Además de ser parte del proceso de paz con el ELN, Maduro también figura en las conversaciones con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), las dos facciones más importantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también conocidas como las ex-FARC mafia.
Del gobierno colombiano depende, en gran medida, si el involucramiento del régimen venezolano se convierte en un catalizador u obstáculo en el camino de la anhelada paz.
“El gobierno colombiano sabe bien que sin la participación del gobierno venezolano es imposible, literalmente, que las negociaciones de paz avancen”, comentó Luis Fernando Trejos, académico de la Universidad del Norte e investigador experto en el conflicto armado colombiano a InSight Crime.
Paz Parcial
Desde que asumió la presidencia en agosto de 2022, una de las principales banderas políticas de Gustavo Petro ha sido la Paz Total; una política de Estado que busca poner fin al conflicto armado de más de medio siglo a través de negociaciones con diferentes actores armados y criminales.
Dentro de estos grupos, el ELN y las ex-FARC mafia son las principales amenazas criminales para el gobierno. Si Petro quiere tener avances significativos en las conversaciones de paz con ambos, Venezuela es una carta infaltable en sus planes.
La presencia guerrillera en Venezuela ha ido creciendo y evolucionando desde la llegada de Hugo Chávez al Palacio de Miraflores a finales de los años 90. La cercanía ideológica y las declaraciones públicas de apoyo de Chávez hacia las FARC dieron pie a una armoniosa relación y abrieron espacio para que la otrora guerrillera se sintiera como en casa.
Esta fraternidad fue aprovechada por el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien acudió a Chávez para dar forma a las conversaciones de paz con la guerrilla de las extintas FARC, las cuales concluyeron con la firma de los Acuerdos de la Habana en 2016.
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