La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizó este martes una audiencia pública contra el Estado de Venezuela por la violencia obstétrica y la mala praxis sufrida por Balbina Francisca Rodríguez cuando fue sometida a una cesárea en un hospital privado.
“Yo me siento defraudada, violentada y decepcionada, yo le digo a la Corte que ustedes y la Comisión (Interamericana) son los únicos que me han escuchado, han sido muchos años tratando de ser oída. Yo lo único que pido es justicia”, dijo Rodríguez en su testimonio ante los jueces.
La mujer afirmó que “esto se vive todos los días en Venezuela” y que “no se trata solo de mí, sino de todas las mujeres que hemos vivido estas situaciones, que padecen lo mismo en silencio y sin recursos”.
El caso se remonta al 13 de agosto de 1998, cuando Rodríguez, de 31 años, médica y madre de tres hijos, se encontraba en estado de embarazo de alto riesgo por lo cual le practicaron una cesárea.
La relatora para los derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, explicó que durante la cesárea Rodríguez tuvo un sangrado, por lo cual, solicitó una histerectomía abdominal o extracción del útero lo cual no fue atendido por el médico de turno.
“Horas más tarde la condición de salud de empeoró y tras dar a luz tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en múltiples ocasiones. La señora quedó con graves secuelas después de las operaciones, requirió de una silla de ruedas, sondas y pañales, y cuenta con una condición de incapacidad laboral de 50%”, manifestó Mantilla.
Rodríguez narró a los jueces que durante la cesárea sufrió un acretismo placentario y, al estar consciente, le solicitó al médico proceder con una histerectomía.
“Le dije que prefería quedar sin útero pero viva, yo sabía lo que significaba, yo estaba en entrenamiento quirúrgico y lo sabía y le dije que por favor no me dejara morir”, dijo entre lágrimas.
La demanda de la CIDH indica que Estado venezolano es responsable por la existencia de deficiencias en la atención de salud prestada a Rodríguez en el centro atención de salud privado y la violación a las garantías y protección judiciales en perjuicio de esta por la falta de investigación diligente y reparación adecuada de alegados actos de mala praxis médica.
La Comisión también concluyó en la demanda que las deficiencias en la atención de salud no fueron investigadas, sancionadas ni debidamente reparadas por el proceder de las autoridades públicas en el proceso de investigación, violaron las garantías y protección judiciales, así como a la integridad personal y a la salud.
El Estado de Venezuela no envió representantes a la audiencia pública.
Tras la audiencia de hoy las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido. /EFE