La Constitución de la República establece el mecanismo para allanar la inmunidad parlamentaria a un diputado de la Asamblea Nacional (AN).
Por Diario 2001
Los altos funcionarios públicos gozan de prerrogativa, es decir, no pueden ser procesados de forma penal sin el allanamiento de su protección legal.
En esos casos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convoca una reunión de la Sala Plena, con los presidentes de las cinco salas del Poder Judicial. Entre todos los asistentes acuerdan el inicio del antejuicio de mérito.
Luego, los togados elaboran un informe que será remitido al Parlamento, instancia que revisa el documento. Una vez convocada la sesión, se lee el oficio y se procede a la votación.
Si el trámite recibe luz verde, se iniciaría al enjuiciamiento penal porque el legislador ya no tendría protección legal alguna.
Paso a paso
Cabe destacar que la propia carta magna, en su artículo 200, detalla cuál es el mecanismo para detener a un parlamentario.
“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento».
El referido apartado también hace referencia a las detenciones en flagrancia. «En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley”, reza el texto.
Este martes 21 de marzo, el Parlamento venezolano votó por unanimidad la solicitud de allanamiento de la inmunidad al diputado Hugbel Roa por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción.
Este operativo cuenta con la venia del propio gobernante, Nicolás Maduro, quien anunció una guerra sin cuartel en contra del enriquecimiento ilícito.
Entretanto, miembros del Poder Ciudadano, en las voces del Contralor y el Fiscal General de la República, también dieron un espaldarazo a estas acciones, que derivaron en la renuncia de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo.